La historia ha demostrado fehacientemente que cuando un país entrega los recursos naturales y otras propiedades al capital privado extranjero, sus riquezas son saqueadas y si después intenta rescatarlas para ponerla bajo la autoría del gobierno, se le hace muy difícil la recuperación.Muchos son los ejemplos ocurridos en el continente latinoamericano como el golpe de […]
La historia ha demostrado fehacientemente que cuando un país entrega los recursos naturales y otras propiedades al capital privado extranjero, sus riquezas son saqueadas y si después intenta rescatarlas para ponerla bajo la autoría del gobierno, se le hace muy difícil la recuperación.Muchos son los ejemplos ocurridos en el continente latinoamericano como el golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) organizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el apoyo de la United Fruit Company, dueña de inmensas parcelas que iban a ser recuperadas por medio de una reforma agraria.Innumerables acuerdos leoninos se les han impuesto, a través de los siglos, a los pueblos de América y de esa forma las empresas transnacionales se adueñaron del oro, petróleo, cobre, aluminio, producciones azucareras y canales interoceánicos. En estos días, otra reivindicación en el sub continente recorre un país de los Andes. Después de numerosas protestas populares, un referendo realizado el 18 de julio pasado, aprobó que se pusiera fin a la ley de privatización de los hidrocarburos en Bolivia. Tras ese acontecimiento, el presidente Carlos Mesa elevó al Congreso, para su discusión, una ley de hidrocarburos que insta a las compañías transnacionales asentadas en el país a firmar nuevos contratos de operaciones en sustitución de los anteriores que son considerados perjudiciales para Bolivia. El proyecto de ley plantea la recuperación estatal de los yacimientos de gas y petróleo; otorga al ejecutivo el control de los precios, la comercialización interna y la exportación de esos recurso, e incrementa en 50 % los ingresos para el Estado boliviano mediante la creación del Impuesto Complementario de los Hidrocarburos. Como era de esperar, inmediatamente de anunciarse la medida, las empresas extranjeras la rechazaron y han iniciado una serie de amenazas que van desde amedrentar y tratar de comprar a miembros del Congreso para que no la aprueben, hasta amenazas de abandonar el país y llevar el diferendo a organismos jurídicos internacionales. Tan fuertes y abiertas han sido las presiones que el secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Neftalí Mendoza puntualizó que pese a las amenazas, la Comisión continuará adelante con su trabajo. El Gobierno ha ratificado en reiteradas ocasiones que no negociará la legislación con las compañías pues éstas no pueden decidir si están dispuestas a tributar más o a revisar sus contratos. En ese sentido, Mendoza rebatió declaraciones de sectores adinerados que se agrupan en la Cámara de Hidrocarburos junto a las transnacionales y significó que el supuesto respeto que se pretende reclamar para los derechos adquiridos con anterioridad no son válidos pues los contratos actuales de esas empresas violan la Constitución y son indefendibles por leoninos. Las tensiones son muy fuertes dentro del país porque se han abierto tres frentes de lucha. El primero, la presión del compacto movimiento obrero y campesino boliviano que exige al gobierno la nacionalización de los recursos nacionales y que con sus manifestaciones y protestas hizo saltar del poder al anterior presidente boliviano. El segundo, es el Congreso, donde existen diferentes tendencias que lo dividen diametralmente. Por una parte aparecen los parlamentarios que impulsan la aprobación de la legislación, en contraposición a los sectores derechistas y empresariales que reclaman negociar la nueva ley con las empresas. Por último, están las compañías transnacionales pues mientras algunas (como la española Repsol) se niegan a aceptar cualquier medida que afecte las enormes ganancias que extraen del empobrecido país, otras como la brasileña Petrobras y la estadounidense Transredes han solicitado audiencia para escuchar a las autoridades. Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva de gas en Sudamérica, después de Venezuela, y de ahí la enorme importancia que tiene esa fuente energética para el desarrollo de la nación. Mientras los ánimos se caldean, el presidente Mesa llamó un poco a la calma al indicar que se debe hacer una transición de la totalidad de los contratos de una manera concertada, respetuosa, sin dejar de cumplir el voto del pueblo en un contexto que ponga en riesgo la inversión.Ratificó que no se discutirá la recuperación de los hidrocarburos en «boca de pozo lo que se traduce en que el Estado controlará la comercialización, los precios y las políticas de exportación.La batalla se presenta álgida en el Congreso que dentro de una semana tendrá que tomar la decisión final. Si aprueba la ley deberá enfrentar las acciones de las compañías transnacionales que ya han recibido el respaldo el embajador español en ese país, Víctor Fagilde, quien en abierta intromisión en los asuntos internos de la nación andina se ha puesto a favor de la Cámara de Hidrocarburos. Si el Parlamento no sanciona la legislación las manifestaciones populares, encabezadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) del dirigente Evo Morales, volverán a tomar las principales ciudades del país.Esperemos que el veredicto sea favorable al pueblo boliviano que desde hace tiempo ha comprendido el inmenso daño que le hizo a la nación el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Losada cuando a mediados de la década de 1990 abrió las puertas de los recursos energéticos a las transnacionales.