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Las asociaciones cívicas vuelven a protestar y a pedir la renuncia del presidente Carlos Mesa

Bolivia, paralizada

Fuentes: Américaeconomica.com

Las principales ciudades bolivianas amanecieron el martes bloqueadas por una huelga indefinida de transportistas. Los manifestantes reivindicaban la anulación del incremento en el precio de combustibles que el Gobierno decretó la semana pasada con el objetivo de «corregir las cuentas fiscales». Las únicas localidades que no acataron el paro fueron Santa Cruz y Potosí, sin […]

Las principales ciudades bolivianas amanecieron el martes bloqueadas por una huelga indefinida de transportistas. Los manifestantes reivindicaban la anulación del incremento en el precio de combustibles que el Gobierno decretó la semana pasada con el objetivo de «corregir las cuentas fiscales». Las únicas localidades que no acataron el paro fueron Santa Cruz y Potosí, sin embargo, los transportistas cruceños inmovilizaron ayer jueves la ciudad y pidieron de forma exaltada, junto con otros sectores cívicos, la renuncia del presidente Carlos Mesa.

Los potosinos anunciaron a su vez que se sumarán a la huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para el próximo lunes.

El Ejecutivo boliviano decretó la semana pasada un alza en el precio de los combustibles del 10%, en el caso de la gasolina y del 23%, en el del diesel, para evitar el desabastecimiento en el país a consecuencia del contrabando. El objetivo de Mesa es poner fin a un «insostenible» subsidio anual de 23 millones de dólares al sector (17,4 millones de euros), sin embargo, el presidente ha mantenido la subvención de 33 millones de dólares (25 millones de euros) para el gas de uso doméstico, el de mayor consumo entre los sectores de menores ingresos.

La medida no ha hecho gracia a ninguno de los sectores cívicos del país y la convocatoria de protesta más radical ha sido propuesta por la COB, el principal organismo sindical del país, en coordinación con la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto.

Fuentes de la COB han indicado a Americaeconomica.com que la huelga de 24 horas convocada para el lunes será «general y en todo el país». A ella se han sumado todas las centrales obreras departamentales, todos los organismos y asociaciones afiliados a esta agrupación sindical nacional, así como fuerzas políticas como el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el empresario cocalero Evo Morales, y dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST).

Piden cuatro cosas fundamentales: que se revoque el decreto que aumenta el precio de los carburantes, la nacionalización de los hidrocarburos, «echar a las transnacionales de Bolivia» y «que el presidente se vaya».

Las mismas fuentes declararon a este medio que si el Gobierno «no da su brazo a torcer» después de estas movilizaciones, se convocará una reunión de secretarios generales de sindicatos de todo el país para determinar «acciones más radicales y contundentes».

Como anticipo de la convocatoria del lunes, a lo largo de esta semana se han sucedido las protestas en las principales ciudades de Bolivia. Entre gritos de «¡que se vaya Mesa!», multitud de huelguistas exaltados atacaron el jueves, día de Reyes, el palacio de Gobernación de Santa Cruz, el de mayor peso económico del país.

Fuentes gubernamentales bolivianas han comentado a Americaeconomica.com que el Ejecutivo no ha tomado ninguna medida contra los huelguistas ni tiene intenciones de revertir el decreto de alza de precios de los carburantes. Según la Presidencia de Bolivia, todo responde a un «afán de desestabilización del Gobierno por parte de las juntas vecindales y promovido por un poder político».

Aunque las fuentes no mencionaron de qué «poder político» se trata, la prensa local afirma que el Gobierno atribuye las movilizaciones a una «conspiración antidemocrática de grupos empresariales y líderes regionales del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derribado por un revuelta popular en octubre del 2003».

El ministro de la Presidencia, José Galindo, declaró el miércoles, tras los graves incidentes de Santa Cruz, que Mesa no tiene ninguna intención de abandonar el cargo, pero aclaró que tampoco «se aferra al poder».