Los incentivos a asentados, quilombolas y comunidades extractivistas se redujeron a raíz de esta decisión
Créditos: Ascom / MST
El jueves 20 de febrero, víspera de Carnaval, el presidente Jair Bolsonaro dio el mayor golpe hasta ahora al proceso de reforma agraria en curso en Brasil desde la creación del Estatuto de la Tierra, en 1964.
Publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU), el decreto nº 20.252 reduce significativamente la estructura del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
El acto extingue el programa Tierra Sol y otros programas que daban incentivos a los asentados, quilombolas [integrantes de quilombos, comunidades ancestrales de afrodescendientes] y comunidades extractivistas.
De acuerdo con fuentes internas en la institución, existe un fuerte prejuicio contra esos programas. Algunos directores entienden que estos son formas de dar dinero al Movimiento Sin Tierra (MST), en vez de transferir tecnología y conocimiento a los asentados de la reforma agraria y sus familiares.
Tecnología y desarrollo
Según el propio sitio del INCRA, el “Tierra Sol es un programa de fomento a la agroindustrialización y a la comercialización por medio de la elaboración de planes de negocios, investigación de mercado, consultorías, capacitación en viabilidad económica, además de gestión e implantación/recuperación/ampliación de agroindustrias. También apoyan actividades no agrícolas como turismo rural, artesanía y agroecología.
La acción fue creada en 2004 y forma parte del Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA) y del Plan Plurianual (PPA), que define los programas prioritarios del Gobierno Federal. Durante este período, se entregaron R$ 44 millones (US$ 9,8 millones) en recursos, que propiciaron la implantación de 102 proyectos y beneficiaron a 147.000 familias en todo Brasil”.
Lo que prueba la necesidad del programa para el desarrollo de la agricultura familiar, responsable por el 70% de los productos alimenticios que llegan a la mesa de los brasileños.
Educación
Por medio del PRONERA, jóvenes y adultos de los asentamientos tienen acceso a cursos de educación básica (alfabetización, enseñanza fundamental y media), técnicos profesionalizantes de nivel medio, cursos superiores y de posgrado (especialización y maestría).
El programa también capacita a educadores para actuar en los asentamientos y coordinadores locales – multiplicadores y organizadores de actividades educativas comunitarias.
Las acciones del programa, que nació de la articulación de la sociedad civil, tienen como base la diversidad cultural y socio-territorial, los procesos de interacción y transformación del campo, la gestión democrática y el avance científico y tecnológico.
Miles de personas fueron alfabetizadas por el EJA (Educación de Jóvenes y Adultos) a través del PRONERA. Cerca de 9.000 alumnos concluyeron su secundaria; 5.347 se graduaron de educación superior en convenio con universidades públicas; 1.765 de ellos se convirtieron en especialistas y 1.527 son alumnos en la Residencia Agraria Nacional.
Fueron agrónomos, veterinarios, pedagogos y abogados, formados a lo largo de los años de desarrollo del programa. La mayoría de ellos retornó a sus comunidades proporcionando un proceso de desarrollo que llevó al surgimiento de la agroecología como programa nacional y nicho de mercado para los agricultores familiares.
Estos fueron los principales programas afectados por el decreto del desmantelamiento que también facilitó la regularización de tierras mal habidas por el gran latifundio y el agro negocio.
Foro Nacional de Educación del Campo
Preocupados con los cambios que contiene el decreto, los integrantes del Foro Nacional de Educación en el Campo divulgaron una nota en defensa del derecho de la población campesina a la educación en su lugar de trabajo. El Foro destaca que en el decreto toda la política agraria queda subordinada a la formulación del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA, «en especial el destino de las tierras públicas, la selección de familias para asentamiento de la Reforma agraria, el establecimiento de normas y la formación de tierras descendientes de quilombos», dice el texto.
EN DEFENSA DEL PRONERA Y DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL CAMPO
[Nota del Foro Nacional de Educación del Campo en defensa del PRONERA]
El gobierno de Bolsonaro publicó el 21 de febrero de 2020 el Decreto 10.252/2020, que cambia la estructura regimental del INCRA. Más que cambiar la estructura regimental y de cargos, el Decreto altera profundamente las competencias de la institución. Esta deja de tener competencias de formulación. Toda la política agraria queda subordinada a la formulación del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA, en especial el destino de las tierras públicas, la selección de familias para asentamientos de Reforma Agraria, el establecimiento de normas y la formación de grupos para elaboración de estudios de identificación y demarcación de tierras de descendientes de quilombos. Entre tantas extinciones de políticas coordinadas por el INCRA, el referido Decreto extingue la Coordinación General de Educación del Campo y Ciudadanía, responsable por la gestión del programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria – PRONERA.
Después de 20 años, extingue el lugar político de elaboración y gestión de una de las mayores políticas públicas de educación. En Brasil desde el Golpe de 2016, el INCRA dejó de convocar a la Comisión Pedagógica Nacional, una importante instancia deliberativa del Programa. Al comienzo del gobierno de Bolsonaro, el decreto que extinguió todos los Consejos, Comisiones y otros mecanismos de participación social en el gobierno, extinguió también la Comisión Pedagógica Nacional del PRONERA. El PRONERA es una política pública forjada por el protagonismo de los sujetos colectivos del campo. Hasta su creación, no había registro, en la historia de este país, de los campesinos protagonizando una política pública de educación cuya característica fundamental es la articulación entre tres sujetos de territorios diferenciados, pero que materializan una nueva acción del Estado: los movimientos sociales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras del campo, el cuerpo de los servidores del INCRA y las universidades.
El Decreto no considera que el PRONERA, más allá del instrumento legal de su creación, se inscribió en el ordenamiento jurídico del Estado brasileño, autorizado por la Ley 11.947, de 16 de junio de 2009 y por el Decreto 7.352/2010 que la reglamentó. De acuerdo con la Pesquisa Nacional sobre Educación en la Reforma Agraria – PNERA, publicada en 2015 por el IPEA, el Programa fue responsable por la alfabetización, escolarización fundamental, media y superior de 192.000 campesinos y campesinas en los 27 estados de la Federación.
A partir de la vigencia del Decreto, ningún órgano gubernamental será responsable por la ejecución del Programa. El Decreto simplemente extinguió la instancia hasta aquí responsable. Ante este cuadro es relevante que el Gobierno responda a la sociedad y a los asentados por el INCRA, a los asentados por el crédito fundiario y a las poblaciones de descendientes de quilombos. Como se hará, a partir de la vigencia del Decreto, la gestión de esa política:
1. ¿Con que instancias se dialogará con relación a los desafíos administrativos de los convenios y proyectos en marcha?
2. ¿Que instancia será responsable, en la institución, por la resolución, destino y ejecución presupuestaria de los convenios y proyectos en marcha?
3. ¿Que órgano del Gobierno se responsabilizará por las centenas de proyectos de educación que yacen en los archivos del INCRA a la espera de alguna resolución?
Afirmamos que el PRONERA es una política pública construida alrededor del principio de la universalización de la educación pública, cuya gestión es compartida por el trípode Estado -universidades – movimientos sociales y sindicales populares del campo. Afirma el principio de la participación activa de los sujetos en la elaboración de políticas públicas con fundamentos democráticos. El Decreto extinguió una parte fundamental de la política, sin embargo, no extinguirá la deuda que el Estado brasileño tiene con el derecho de acceso de los campesinos a la educación. Tampoco extinguirá nuestra disposición de seguir luchando por ese derecho, componente de un proyecto de Reforma Agraria en el país como condición básica de una sociedad democrática que busque superar las aterradoras desigualdades sociales que hoy la caracterizan. Educación del Campo: ¡derecho nuestro, deber del Estado!
Brasilia, DF, 25 de febrero de 2020
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.