En este artículo el autor sostiene que, más allá de esta primera decisión condenatoria, Bolsonarro debe ser juzgado como el militar genocida que es de acuerdo con el debido proceso legal y condenado a prisión en régimen cerrado.
La inelegibilidad de Jair Bolsonaro para ejercer cargos públicos por ocho años por divulgar sin pruebas «errores en el sistema de urnas electrónicas», es muy importante; fundamental. Cualquier decisión diferente del Tribunal Superior Electoral (TSE) representaría la muerte de la justicia y la legalidad.
El castigo electoral a Bolsonaro es un requisito democrático imprescindible por las ofensas cometidas en la reunión con representaciones diplomáticas extranjeras en el Palacio de la Alvorada. Por cierto, sobre Bolsonaro aún pesan otros delitos electorales, por los que tendrá que responder.
En realidad, el TSE ya debería haber inhabilitado a Bolsonaro el 19 de julio de 2022, al día siguiente del hecho en el que pisoteó la soberanía popular ante la mirada atónita de representantes de varios países del mundo.
Estrictamente hablando, por lo tanto, la candidatura militar de Bolsonaro/Braga Netto ni siquiera podría haberse registrado para postularse en las elecciones de 2022, pero es muy probable que el temor militar haya desalentado cualquier iniciativa de la justicia electoral y del poder judicial en su conjunto para dictaminar sobre la inhabilitación de Bolsonaro ya en ese momento.
Por cierto, el magistrado del TSE, Benedito Gonçalves, lo reconoció. En su voto en el proceso del TSE, el magistrado explicó que no propuso revocar el registro de la fórmula Bolsonaro/Braga Netto “exclusivamente porque la fórmula que se benefició de la conducta abusiva no fue elegida”.
Ahora bien, y si Bolsonaro hubiera sido reelegido, ¿es posible creer con seguridad que el TSE habría juzgado y decidido imponer la inelegibilidad de Bolsonaro con la misma agilidad y por amplia mayoría?
Probablemente no, porque con la reelección de Bolsonaro, Brasil ya se habría hundido en el precipicio fascista y las instituciones civiles y los poderes de la República estarían sometidos a la tutela militar.
Por tanto, esta primera condena electoral no puede eximir a Bolsonaro de responder por otros delitos electorales, igualmente graves, como el uso delictivo de la nunca vista maquinaria de corrupción, abuso y bandolerismo político.
Y esta primera condena electoral de Bolsonaro no puede ser utilizada como una “pasada del paño del polvo”, que sirva para justificar que no responda penalmente por la conducta de las milicias y por todos los crímenes perpetrados contra la democracia, las instituciones, la administración pública, la probidad administrativa y la vida humana.
Desde el punto de vista de la justicia y la democracia, la inelegibilidad de Bolsonaro es un paso fundamental, por supuesto, pero el miliciano fascista aún debe ser juzgado y condenado a prisión por los innumerables delitos cometidos.
Bolsonaro necesita sentarse en el banquillo de los acusados en instancias judiciales brasileñas y también en tribunales internacionales por crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Al celebrar la inelegibilidad de Bolsonaro, los medios se apresuraron a especular sobre la sucesión del liderazgo bolsonarista, como si Bolsonaro fuera un cadáver político, lo que está lejos de ser la realidad, incluso porque el TSE solo restringió sus derechos electorales, pero mantuvo sus derechos políticos.
Por eso, la “borrachera democrática” con la primera condena de Bolsonaro en el TSE no puede desviar la atención del que debe ser el foco central para la justicia y la democracia en el país, que es la exigencia de que el miliciano genocida sea juzgado dentro del debido proceso legal y sea condenado a prisión en régimen cerrado.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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