En Brasil se conoció en medio de un escándalo la presunta promoción de poco más que dos centenares de altos oficiales de las Fuerzas Armadas a la jerarquía más alta de la carrera militar, la de mariscal. Entre ellos aparece el coronel torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Todos ganan sumas considerables en actividad o en retiro. Y si murieron las pensiones que cobran sus familiares son de privilegio.
La deriva autoritaria de Jair Bolsonaro no parece improvisada, producto de las calamidades que propagó por todo Brasil. No es bajo asedio – recibió 123 pedidos de impeachment – que toma las decisiones para perpetuarse en el gobierno. Lo hizo antes y lo hace ahora mediante una meditada batería de medidas que transformaron al país en un laboratorio del autoritarismo y la reivindicación del terrorismo de Estado bajo la apariencia de una democracia vigente. Se acaba de conocer en medio de un escándalo la presunta promoción de poco más que dos centenares de altos oficiales de las Fuerzas Armadas a la jerarquía más alta de la carrera militar, la de mariscal. Entre ellos aparece el coronel torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ascendido post mortem gracias a la ley 13954 del 16 de diciembre de 2019. La revelación la difundió la publicación brasileña Forum, basada en datos oficiales del Portal de Transparencia, una página del Ministerio de Transparencia y Controladuría General de la Unión creada en 2004 durante el gobierno de Lula. El Ejército negó la información y dijo que no hay generales activos o retirados con una graduación semejante.
Brilhante Ustra no es el único que figura con la más alta jerarquía. Lo acompañan en el registro otros generales muy cercanos al presidente ultraderechista e incluso exfuncionarios militares de la extensa dictadura brasileña (1964-1985). El periodista Henrique Rodrigues que escribió un par de documentados artículos sobre el tema enumeró varios casos: “se encuentran Augusto Heleno, primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República (GSI) del gobierno de Bolsonaro, el excomandante del Ejército Edson Leal Pujol y Eduardo Villas Bôas (el mismo que presionó a la Corte para que Lula fuera preso), además de Sérgio Etchegoyen, quien también ocupó el GSI, pero bajo la dirección de Michel Temer…”.
Varios de estos militares o los familiares pensionados de los que fallecieron cobran sumas siderales. Fue posible gracias a la ley 13954 con que Bolsonaro, antes de cumplir un año de mandato, reestructuró la carrera militar y estableció el Sistema de Protección Social de las Fuerzas Armadas.
Con Brilhante Ustra –a quien el presidente negacionista reivindica como “héroe nacional”– el gobierno se salteó algunos rangos. A lo sumo podría haber sido general de brigada ya que en vida había pasado a retiro como coronel. El torturador fue condenado por el caso DOI-CODI, el acrónimo con que se conoció a los Destacamentos de Operaciones Internas (DOI) y los Centros de Operaciones y Defensa Interna (CODI) del régimen brasileño en San Pablo. La temible área de inteligencia donde el coronel sobresalió por su sadismo. Cuando Bolsonaro era diputado federal y votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff, a los gritos reivindicó al verdugo de la expresidenta.
Según Forum, Brilhante Ustra les pasó “su pensión de mariscal a sus hijas Patricia Silva Brilhante Ustra y Renata Silva Brilhante Ustra, quienes recibieron 15.307 reales cada una”. Si se tomara la cotización promedio entre el precio de compra y de venta del Banco Nación, cada una de sus descendientes perciben 290.833 pesos argentinos al viernes 6.
La publicación brasileña también señala que la obtención de la máxima jerarquía por cien generales y unos 115 oficiales de la Marina y Fuerza Aérea fue posible porque Bolsonaro “no revocó el ordenamiento jurídico anterior” y provocó “que estos generales al parecer pasaron a aparecer como mariscales. Se desconoce cuál fue la interpretación que dio el gobierno federal para proceder con tales ascensos, pues el Ministerio de Defensa no aclara las circunstancias de estos cambios de jerarquía, ni la fecha en que ocurrieron” escribió Rodrigues en su primera nota.
El Comando del Ejército, según publicó el sitio de noticias UOL, “negó haber hecho ‘ningún’ ascenso” de oficiales generales al puesto de mariscal en el país. “La información generó preocupación en los sectores políticos de Brasilia porque indicaría otro privilegio auto otorgado por las Fuerzas Armadas en el contexto de un gobierno de Bolsonaro repleto de personal militar en puestos administrativos clave” explicó Rubens Valente, el columnista de UOL.
Se lleva una mención especial el caso del general Newton Cruz, ex jefe del SIN (Servicio Nacional de Inteligencia) entre 1977 y 1983 durante los gobiernos de facto de Ernesto Geisel y João Figueiredo, quienes cubrieron los dos últimos períodos de la dictadura. A los 96 años todavía sigue sumergido en la Guerra Fría. Miembro de la llamada “línea dura” del régimen de facto, percibe 34.565,71 reales al mes como pensionado. En 1983, vestido de uniforme y durante una conversación con periodistas, mandó detener a uno de ellos, Honorio Dantas, porque no le gustaron sus preguntas. Pero no se quedó ahí. Después de exigirle que se callara, lo tomó del cuello por atrás y lo arrastró de un brazo. El vídeo todavía se conserva en internet.
“Es nitroglicerina pura”, lo definió a Cruz otro periodista muy conocido en Brasil, el ya fallecido Geneton Moraes Neto, quien lo entrevistó en 2011 para Globo News cuando tenía 85 años. Este mariscal fue, además de encargado del área de Inteligencia, el responsable del comando militar del Planalto.
El ascenso masivo de altos oficiales derivó en lo que Forum definió como “la juerga de los mariscales”. El affaire de estas jubilaciones y pensiones de privilegio ya llegó al Congreso. Legisladores de la oposición declararon que le pedirán explicaciones al Ministerio de Defensa. Entre los beneficiarios del régimen que prevé la ley 13954 se encuentran los generales Augusto Heleno, actual ministro Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia y el propio ministro de Defensa brasileño, Walter Braga Netto.
La diputada nacional del PT María do Rosario le explicó a Página/12 lo que piensa del caso: “¡Es un escarnio! Ya no se trata del absurdo homenaje individual de un parlamentario al torturador. Es el uso de dinero público y gubernamental contra la Constitución y los derechos humanos. Todo lo que queda es que el gobierno de Bolsonaro caiga ante la podredumbre moral que representa”. Forum planteó que los ascensos representan para el Estado “cuatro mil millones (de reales) al año del erario público solo en el pago a oficiales vivos del ejército brasileño, la Armada y la Fuerza Aérea”.
El contrasentido de esta saga protagonizada por los mariscales es que ese grado militar dejó de existir en 1967 y se restituyó en 1980 por la ley federal 6880. Para acceder a esa jerarquía los militares en condiciones de hacerlo debían reunir un requisito excluyente: habérsela ganado en el campo de batalla.
El último en esa condición fue João Baptista Mascarenhas de Morais. Comandó la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) en la liberación de Italia durante la II Guerra Mundial. El Congreso lo nombró mariscal en 1946. Murió con ese grado militar en 1968. Ninguno de los generales que forman el círculo áulico de Bolsonaro puede presumir de haber ganado tal condición en combate. “Los mariscales de gabinete se crearon de un plumazo y gozan de un alto rango militar, que en muchos casos pasó a sus viudas e hijas”, publicó el periodista brasileño Rodrigues. El Ejército lo negó pese a que Forum se apoyó en documentación sacada del Portal de Transparencia sobre jubilaciones y pensiones del mando castrense.
Fuente: https://gustavojveiga.wordpress.com/2021/08/10/bolsonaro-y-la-casta-de-mariscales/