Bongo, los tribunales franceses y los bienes mal adquiridos

Omar Bongo, dictador de Gabón durante más de 40 años, falleció el pasado 8 de junio (1). Mientras Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac se apresuran a rendirle un homenaje de apoyo, ese viejo sirviente de la Francáfrica y los miembros de su familia tienen pendiente una denuncia en Francia. La muerte de Bongo no implica la detención de la investigación judicial que también afecta a otros dos jefes de Estado africanos en activo: Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) y Théodore Obiang (Guinea Ecuatorial), acusados de malversación del dinero público de sus países dilapidado en la adquisición de automóviles de lujo y suntuosos bienes inmobiliarios…

El 5 de mayo de 2009, el decano de los juzgados de instrucción del centro financiero de París provocó un auténtico terremoto en el mundo político-judicial al declarar válida la denuncia con constitución de parte civil contra los tres presidentes citados y sus familiares. Pero esta decisión judicial, histórica en la materia, ha suscitado una reacción hostil del ministerio fiscal de París, que la apeló el 7 de mayo. El motivo invocado es que el denunciante, Transparency International , no tendría capacidad para actuar, cuando resulta que dicha ONG está especializada en la lucha contra la corrupción a nivel internacional… Ahora corresponde al Tribunal de apelación de París resolver esa cuestión de validez de la denuncia. Desde el inicio de este caso, en 2007, se han ejercido numerosas presiones sobre los congoleños y gaboneses que se atreven a denunciar los bienes mal adquiridos y se presentan como parte civil. Los medios ejercidos sobrepasan ampliamente la intimidación: el 21 de enero de 2009, hubo dos incendios (uno en Congo Brazzaville y el otro en Francia) en los domicilios de los militantes congoleños Bruno Jacques Ossebi y Benjamin Toungamani, que causaron las muertes del primero, su esposa y sus dos hijos (2).

La apelación del ministerio fiscal, desgraciadamente, no es nada sorprendente: es la tercera vez que intenta contrarrestar el trabajo de la justicia. El caso ya se cerró irregularmente en noviembre de 2007 y septiembre de 2008, porque la infracción (la sospecha de malversación de bienes públicos) no estaba «suficientemente tipificada», según dicho ministerio fiscal. Sin embargo, una investigación de los servicios de policía llevada a cabo tras la denuncia simple presentada en marzo por las asociaciones Sherpa, Survie y la Federación de Congoleños de la Diáspora, estableció claramente la existencia de bienes mobiliarios e inmobiliarios de un valor considerable ( 3) que no se correspondía con los ingresos declarados por esos dirigentes y sus familias: 39 propiedades y 70 cuentas bancarias pertenecientes a Omar Bongo y sus familiares, 24 bienes inmobiliarios y 112 cuentas bancarias de la familia Sassou-Nguessso, así como las limusinas adquiridas por la familia Obiang. La investigación también reveló el papel jugado por diversos intermediarios, ya que nada habría sido posible sin los beneplácitos del poder político, de hombres de negocios y sin la pericia de la ingeniería financiera francesa (4).

Todo eso demuestra con claridad que el ministerio fiscal , nombrado por el presidente de la República y ubicado bajo la autoridad del ministro de Justicia, es una pieza esencial de una «Francáfrica» que continúa vigente a pesar de los discursos de «ruptura» de Nicolas Sarkozy. Los intereses neocoloniales de Francia al servicio de sus multinacionales, como Total, establecida en los tres países encausados, se siguen defendiendo sólidamente y el mecanismo de la deuda es la piedra angular.

En efecto, la deuda ha sido el medio de la nueva colonización que, cincuenta años después de las independencias africanas, continúa saqueando los recursos del sur en provecho de los ricos acreedores y las grandes empresas del norte, con la complicidad de las élites corruptas del sur, que recaudan su comisión al paso. Las malversaciones de dinero público de los dirigentes de países en desarrollo, en realidad, sólo son la punta de un iceberg sencillamente inadmisible: un sistema global de dominación y opresión de un puñado de individuos del norte y el sur sobre miles de personas cuyos derechos fundamentales se pisotean (5).

En la época de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, a principios de los años 80, la soga se cerró alrededor del cuello de los pueblos del sur: los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial han conllevado el saqueo masivo de los recursos naturales y un dramático deterioro de las condiciones de vida. La deuda, la corrupción y la pobreza galopan, pues, al unísono: los préstamos de los acreedores alimentan las malversaciones y refuerzan las dictaduras esparciendo miseria y represión (6)

Sin embargo, dichas deudas son ampliamente odiosas y nulas en el derecho internacional, puesto que las contrajeron regímenes autoritarios y corruptos, sin beneficio para las poblaciones y con la complicidad de acreedores que no ignoraban la naturaleza de los regímenes a los que prestaban. Por lo tanto, la totalidad de las deudas del sur deberían ser objetos de investigación. El establecimiento de auditorías de la deuda, reivindicadas por el CADTM y por el experto independiente de la ONU sobre la deuda (7), permitiría así revelar el origen de la deuda que se reclama a los pueblos del sur y fijar con precisión las responsabilidades de su acumulación, en especial la del Banco Mundial que ha apoyado numerosas dictaduras en todos los rincones del mundo violando sus propios estatutos y las leyes jurídicas internacionales (8). El Banco Mundial, que no goza de ninguna inmunidad, debe rendir cuentas a la justicia y ya no tiene ninguna legitimidad para actuar: sólo su abolición y su sustitución por una institución radicalmente diferente, basada en la garantía de los derechos fundamentales, son aceptables.

Mientras se prepara una nueva crisis de la deuda del sur a raíz de la crisis financiera mundial, es urgente para el sur que se detenga el reembolso de las deudas y se consiga la aplicación del derecho internacional. La impunidad de todos los autores y cómplices de malversaciones de dinero público y de violaciones de los derechos humanos debe cesar definitivamente. Todos los bienes desviados deben devolverse a las poblaciones, como exige la Convención de la ONU contra la corrupción ratificada por numerosos Estados, entre ellos Francia. Sin embargo, hasta la fecha, se ha restituido menos del 3% de dichos bienes a nivel mundial. Finalmente, para romper las dictaduras establecidas y permitir el derecho de los pueblos al desarrollo, la primera etapa imprescindible sigue siendo la puesta en marcha de un modelo económico radicalmente diferente, liberado del yugo de la deuda y de la corrupción.

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