El presidente del Santander y el ex ministro de Economía están acusados, entre otros delitos, de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha llamado a declarar como imputados al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y al ex ministro de Economía Rodrigo Rato como imputados por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia Rato, por Banesto en 1999.
En dos providencias dictadas los pasados 8 y 9 de abril, el juez ha solicitado la comparecencia como imputados de otras 15 personas entre las que se encuentran el hermano del presidente del Banco Santander, Jaime Botín, el hermano de Rato, Ramón Rato, el consejero delegado del Banco Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, así como los consejeros de Banesto que gestionaron la compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta por 6 millones de euros.
Esta causa penal está motivada por la querella criminal presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Banco Santander y de Banesto.
El juez les imputa a todos presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información en el proceso de compra de esta sociedad relacionada con la familia Rato.
Los primeros en declarar serán Emilio y Jaime Botín junto con Sáenz, el próximo 8 de mayo, mientras que Rodrigo y Ramón Rato comparecerán ante el juez el 27 de mayo. Rato fue imputado en la causa después de abandonar la dirección del Fondo Monetario Internacional en junio de 2007 con la que perdió inmunidad.
Ganarse el favor de Rato
Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín-Sanz «con el fin de ganarse el favor de Rato», entonces ministro de Economía y Hacienda, formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa «presentaba una situación de quiebra técnica».
El precio pagado por Banesto en 1999 «suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa «, según la querella.
En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4 millones de de euros, «cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros», explica la querella.
El querellante aclara que «si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros «implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta».
En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado a la familiar Rato fue para la «cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar», según las palabras textuales recogidas por el querellante.
Favores judiciales de peaje
«¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?», pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín recibió una «especial benevolencia» por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el ‘caso de las cesiones de crédito’, ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.
«La única explicación posible -según el principio ‘qui prodest’- es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se adoptaran las medidas» para que estos organismos pasaran de «acusar a defender», explica el querellante.
Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco de Santander de «ocultar en la información contable» a los accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que dicha operación «fue contraria a los criterios de actuación seguidos para alcanzar el saneamiento de Banesto».