El golpe de Estado en forma de impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff no es un incidente aislado. Por el contrario, tiene profundas raíces en la historia brasileña. La excepción se volvió regla. «La democracia en Brasil es un gran malentendido», afirmó una vez Sergio Buarque de Holanda, escritor de obras clásicas que tratan […]
«La democracia en Brasil es un gran malentendido», afirmó una vez Sergio Buarque de Holanda, escritor de obras clásicas que tratan de interpretar a Brasil. ¿Qué quería decir al pronunciar esa frase? Se refería a dos cuestiones principales.
En primer lugar, la constatación de que en la historia de Brasil la interrupción del orden democrático fue más una regla que una excepción. En nuestra breve historia republicana, iniciada hace poco más de un siglo, en 1889, fueron escritas seis constituciones, dos de ellas en plena dictadura (1937 y 1967), y apenas cinco presidentes electos cumplieron íntegramente sus mandatos. Además, nuestras clases dominantes, aún en su proceso de formación, jamás cultivaron virtudes revolucionarias y se alinearon invariablemente a los criterios de aquello que Karl Marx llamaba en el siglo XIX «partido del orden».
En consecuencia, en Brasil se plasmó una república carente de «padres fundadores» representativos de la unidad entre pueblo y sentimiento nacional, a diferencia de otros países vecinos. En vez de una guerra civil liderada por un libertador como Simón Bolívar, la independencia brasileña resultó de una articulación negociada en la superestructura, por la cual se alejó del dominio colonial portugués, pero de tal forma que dio continuidad a la corte. Tales son los puntos más sobresalientes y obstinados de la miseria política del autoritarismo de raíz brasileña, así como una indeclinable vocación de solucionar los conflictos sociales cotidianos por la vía de la represión policial.
En Brasil no hubo revolución burguesa, ni siquiera una revuelta de liberación nacional. Parafraseando a Florestan Fernandes, la «revolución burguesa» entre nosotros no se dio gracias a la burguesía nacional, ni por la cultura nacional-popular, sino de la mano del capital monopólico. En ese sentido, la burguesía brasileña no tiene ningún credo. Esta vía heterodoxa de realizar la transformación capitalista exigió, en el terreno político, sucesivos regímenes autoritarios -el penúltimo de los cuales fue la dictadura civil-militar (1964-1985).
Es por eso que el golpe contra la ex presidenta Dilma Rousseff no es un incidente aislado. Por el contrario, tiene profundas raíces en la historia brasileña. La excepción se volvió regla. Llegó al poder el régimen neoliberal ortodoxo de Temer y sus secuaces, conocidos caciques partidarios de la tradicional élite política. Aunque Brasil no sea una dictadura (algunas libertades civiles y políticas continúan vigentes), ya no se puede afirmar que Brasil tenga un régimen de democracia plena. Tal vez sea mejor definirlo como una semidemocracia, como bien lo caracterizó el sociólogo Marcelo Zero.
Son muchas las novedades que trajo el golpe de Estado del impeachment brasileño de 2016. Antes, la excepción se generalizaba durante los episodios de instauración de regímenes autocráticos y dictaduras militares, lo que hacía más fácil su identificación. Hoy sólo ha sido necesario que haya una interrupción abrupta y formal en la institucionalidad del estado de derecho para que la excepción se vaya generalizando y ganando molecularmente espacios en el aparato de Estado y en la sociedad civil.
En este sentido, ha sido decisivo el papel del poder judicial, y los procesos contra el ex presidente Lula son emblemáticos. En las acciones judiciales contra Lula varias prácticas de la acusación han reintroducido peligrosamente lógicas semejantes a las de «amigo/enemigo» schmittiano, que la defensa del ex presidente ha identificado como «métodos de lawfare«, o sea, de «uso de las leyes y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra para perseguir y destruir al enemigo».
Socialmente, la justicia brasileña siempre se caracterizó -con las excepciones de rigor- como segmento de las clases dominantes que se comportaba como estamento oligárquico. Sin embargo, la referencia histórica se demuestra hoy insuficiente para entender lo que pasa en nuestro poder judicial.
Vivimos un momento de gravedad mayúscula. El pacto de la Constitución Federal de 1988, que permitió casi 30 años de relativa estabilidad democrática al país, y la alternancia de partidos políticos en el poder, especialmente el PT y el PSDB, está siendo roto aceleradamente. La apuesta del golpe de Estado es construir una especie de democracia sin pueblo, en el cual el protagonismo de la izquierda será reducido a un papel meramente decorativo.
Están rasgando la Constitución brasileña, y quienes más sufren son los trabajadores. La historia de Brasil en el siglo XX, así como en el resto del mundo, puede ser leída como un complejo proceso de constitucionalización de los derechos sociales. Bajo el gobierno golpista de Temer la tendencia se invirtió y el proceso pasó a ser de desconstitucionalización.
Comenzó con la Enmienda Constitucional 95, que abolió en la práctica obligaciones constitucionales de financiamiento de la salud, educación y asistencia social. Continuó con la reforma laboral que produjo una reforma estructural del mercado de trabajo, precarizándolo a niveles inauditos. Ultiman este proceso con la reforma de previsión social, que pretenden aprobar este mes.
Pero, a pesar de toda esa demostración de fuerza, al golpe le faltó lo principal. Que fuera aceptado por el pueblo.
¿Cuál era la idea del golpe? Implementar un gobierno de plazo limitado (dos años) dedicado a realizar el trabajo sucio -construir la nueva institucionalidad autoritaria para un «paraíso burgués» neoliberal- y entregar el poder, en 2018, a un presidente electo del mismo bloque golpista, de preferencia del PSDB.
Pero la situación actual de estancamiento económico (con una perspectiva de crecimiento de 1% en 2018), precedida por dos años de grave recesión (2016 y 2017) que produjeron una pérdida de 8% del producto interno bruto, provocó efectos no previstos en el terreno político.
La izquierda, especialmente la popularidad del ex presidente Lula, volvieron a crecer de forma avasalladora. Participé de las caravanas de Lula por el nordeste del país, Minas Gerais y Río de Janeiro. Impresionante. En todos los lugares de Brasil, las personas más humildes, los pobladores del interior del nordeste, los trabajadores de un hotel en Río de Janeiro, un joven estudiante en los suburbios cariocas, todos corren, con una sonrisa en los labios o con ojos llorosos, al abrazo de Lula.
Si Lula ya era un gigante, las persecuciones y el desierto de alternativas creíbles por parte del régimen golpista lo tornaron aún mayor. Una verdadera leyenda viva.
El momento actual es de una encrucijada histórica. Los golpistas doblaron la apuesta para intentar, finalmente, impedir por la vía judicial la candidatura del ex presidente, líder en todas las encuestas y favorito para imponerle a los golpistas una derrota electoral aplastante. En respuesta el PT reafirmó la candidatura de Lula, denunciando el carácter fraudulento de la persecución impuesta. Las cartas de juego están sobre la mesa.
Lindbergh Farías es senador por el Partido de los Trabajadores de Brasil.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/02/10/opinion/020a1mun