El agronegocio es el sector más ligado a los asesinatos, superando a la minería.
Por haberse opuesto a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la ONG Global Witness.
Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe «
¿A qué precio?«, publicado el 24 de julio de 2018 por la organización británica. La cifra supera además el récord de 2016, con al menos 200 muertos.
Nuestros últimos datos anuales sobre violencia contra defensores de la tierra y el medio ambiente, nos indican esa cifra de 207 personas muertas en 2017, el total anual más alto registrado por la ONG. Además de eso la investigación destaco que el agronegocio, incluyendo plantaciones de café, oleo de palma y banana fue el sector más asociado a esos ataques.
Las víctimas fueron líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o productores que defendían sus tierras.
Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas, liderando el ranking de muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente.
Innúmeras personas en todo o mundo están bajo amenaza por enfrentar el poder de grandes corporaciones, de grupos paramilitares y de sus propios gobiernos.
En Brasil, «jagunços» -asesinos- contratados por latifundistas agredieron a la comunidad indígena Gamela después, que ellos tentaron proteger sus tierras del deforestación, hiriendo gravemente 22 pobladores, incluyendo niños.
Este caso de la masacre contra indígenas Gamela -30 04 2017- contó con el apoyo del ministro de Justicia de Maranhon, Osmar Serraglio, miembro de la bancada ruralista, contraria a la demarcación de Tierras Indígenas.
Ante la gran repercusión causada por el atentado, divulgó nota describiendo el incidente como «conflicto entre pequeños agricultores y supuestos indios…», tentando disfrazar latifundistas como «pequeños agricultores» y colocando bajo sospecha la identidad indígena.
Los Gamela, que no precisan de «certificado de indianidad» para reivindicar sus derechos, hace mucho que afirman su existencia y luchan por la demarcación de sus tierras, en uno de los estados en que la violencia en el campo es de las más agudas y cuenta con total apoyo del gobierno estadual.
Pero no solo los gobiernos estaduales atacan indígenas y pequeños productores agrarios: el gobierno nacional brasilero es el principal enemigo de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
El gobierno golpista de Temer promovió el «grilagem» a través de Medidas Provisorias (MPs) que, a pretexto de «regularizar» la situación fundiaria, legaliza la ocupación criminal de tierras públicas en todo el territorio nacional, inclusive en zonas urbanas y en áreas que constituyen Unidades de Conservación Ambiental, como las MPs 756, 758 e 759.
El segundo país en el «ranking»: Filipinas -con 48 muertes, es el mayor número y un récord para un Estado asiático-, figuran en la lista Colombia, con 24 muertos, y México, con 15.
Global Witness alerta sobre el incremento espectacular de muertes en México donde el «aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno en proteger» a los defensores del medio ambiente ha llevado al «brutal silenciamiento» de quienes se oponen por ejemplo a la explotación maderera o a la minería.
Perú también registró un salto significativo, de dos a ocho muertos en un año, mientras que con respecto a su población, Nicaragua fue el más afectado -con cuatro víctimas-.
En cambio, en Honduras, el número de muertos bajó de 14 en 2016 a cinco en 2017, si bien «la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer», según informe, de derechos suprimidos en el país.
Los datos publicados y presentados en el informe fueron obtenidos meticulosamente y los estudios de casos están probablemente bastantes subestimados, debido a la gran cantidad de desafíos en la identificación y denuncia de los asesinatos. De cualquier forma el informe apunta a un crecimiento permanente de los riesgos que corren los defensores del medio ambiente.
En total, uno de cada cuatro homicidios en el mundo -al menos 46, el doble que en 2016-, estuvieron vinculados con la industria agroalimentaria. Cuarenta debido a disputas mineras -33 en 2016-, 26 relacionadas con la deforestación y un récord de 23 personas, sobre todo guardias forestales africanos, murieron tratando de proteger a los animales de cazadores furtivos.
También se produjo un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden sus tierras frente a una agricultura neoliberal «destructiva», en especial la de semillas transgénicas y el recrudecimiento de la expansión envenenada de agrotóxicos.
En general se combinan empresas, inversores y gobiernos irresponsables en satisfacer o crear demandas que alimentan abusos contra derechos humanos, destrucción cultural y devastación ambiental para maximizar el lucro y la acumulación de capital.
En el caso de Brasil ese maldito record de 207 muertes de ambientalistas, indígenas, pequeños productores rurales y defensores de derechos humanos está alimentada por un gobierno mayoritariamente corrupto y sin ninguna clase de principios democráticos y humanistas.
Ben Leather, activista de a Global Witness, dijo: «activistas locales están siendo asesinados a medida que gobiernos y empresas valorizan el lucro rápido sobre la vida humana. Muchos de los productos con ese origen en el derramamiento de sangre están en las estanterías de nuestros supermercados. Comunidades corajosas enfrentan funcionarios corruptos, industrias destructivas y devastación ambiental y están siendo silenciadas. Basta«.
Referencias
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