Brasil pone en vilo a América Latina

Inmerso en una crisis política, económica y social, el Gobierno acelera el ajuste exigido por el gran capital. Su viraje debilita al Merco­sur y la Unasur y quiebra la relación del PT con las masas.

No había salida al final del camino escogido. El que fuera el principal partido de masas de América Latina en las décadas de 1980 y 1990 termina su periplo inmerso en el mismo despresti­gio de las fuerzas políticas tradicionales de la burguesía brasileña. Aunque con matices distintivos y un origen opuesto a aquéllas, el Partido de los Trabajadores (PT) no cuenta hoy con el respaldo masi­vo de la clase que lo construyó y lo llevó al poder. También perdió el amplio apoyo que tuvo en gruesas franjas de las capas medias y la juventud. La consecuencia es un gobierno debilitado al extremo, soste­nido más por la voluntad de las cámaras empresariales y sus partidos que por los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores y desposeídos.

Masivas protestas timoneadas por po­líticos del gran capital y alentadas desde Washington exigieron el 16 de agosto el fin del gobierno de Dilma Rousseff. Más de 800 mil personas en todo el país -300 mil de ellas en San Pablo- salieron por tercera vez en el año a pedir el impeach­ment (juicio político) de la Presidente por el caso de corrupción en Petrobras (ver «Lava Jato«…), que involucra a altos di­rigentes del PT y otros partidos.

Según encuestadoras, un 66% de los brasileños prefiere la salida de Rousseff, que a fines de agosto contaba con un apo­yo de apenas 8%. No obstante, a través de una Carta a la Nación, las confederacio­nes nacionales de la Industria (CNI), del Transporte (CNT), de la Salud (CNS) y la asociación nacional de abogados (OAB) afirmaron que «la nación no puede parar ni tener a su población y a su sector pro­ductivo penalizados por disputas o por dificultades de conducción de un proceso político que recoloque al país en el cami­no del crecimiento». Antes fueron las dos grandes federaciones industriales del país (Fiesp, de San Pablo, y Firjan, de Río de Janeiro) las que exigieron en un comuni­cado conjunto «responsabilidad, diálogo y preservación de la estabilidad institu­cional» y convocaron «a todas las fuerzas políticas» a buscar «el interés mayor de Brasil» y dejar de lado «ambiciones per­sonales o partidarias».

El gran empresariado rechazó así por el momento la posibilidad del impeach­ment o de un abrupto final del mandato de Rousseff, avivado por fracciones del opositor Partido de la Socialdemocra­cia Brasileña (Psdb) y del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasile­ño (Pmdb). La condición de ese apoyo es gravosa: llevar adelante el ajuste que exigen los grandes capitales. «Implemen­tar medidas para mejorar el ambiente de negocios», «reducir inmediatamente el tamaño del Estado», hacer una «reforma tributaria» que reduzca impuestos a las empresas, son algunas de las exigencias planteadas en la Carta a la Nación por las confederaciones empresariales.

No hay dobles interpretaciones: para mantenerse en el gobierno el Partido de los Trabajadores debe llevar adelante la agenda de la burguesía: recortar el gasto social, eliminar derechos laborales e im­pulsar acuerdos de libre comercio. Y lo está haciendo.

Riesgo de disgregación

Las consecuencias de esta fuerte pre­sión ya se manifestaron en la agenda in­ternacional del Gobierno: la Presidente se reunió con Obama en Washington el 30 de junio y recibió a la máxima auto­ridad alemana, Angela Merkel, el 19 de agosto. Ínterin ratificó la voluntad de que el Mercosur rubrique este año un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Pero la ofensiva interna no cesó y el pre­sidente del Senado -Renan Calheiros, del Pmdb- pidió la salida de Brasil del Mer­cosur para avanzar sin obstáculos en las negociaciones comerciales.

Improbable en lo inmediato, semejan­te ruptura significaría un grave retroce­so para el proyecto de unidad regional. Como principal economía de América Latina, cualquier movimiento de Brasil tiene un efecto multiplicador en los países vecinos. Por eso, incluso ante el rumbo adoptado y por temor a la ofensiva de la derecha, presidentes suramericanos han salido en defensa pública de Rousseff. En especial los de los gobiernos del Alba.

Durante los tres mandatos anteriores, la cancillería brasileña llevó adelante una política de aproximación hacia América Latina, que luego complementaría con el acercamiento a Rusia, China, India y Suráfrica a través de los Brics, que aca­ban de lanzar un Banco de Desarrollo. Esa dinámica va contra la pretendida por Washington y Bruselas, que se posicionan para recuperar terreno perdido en el mercado brasileño, favorecidos por la liberalización comercial y las medidas para facilitar el ingreso de capitales que el Gobierno realizará bajo las exigencias internas y externas.

En el plano político Washington preten­de revivir a la Organización de Estados Americanos (OEA), vaciar progresiva­mente la Comunidad de Estados Latinoa­mericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y lograr que una mayoría de gobiernos la­tinoamericanos se sume a los embates contra la Revolución Bolivariana a través de la campaña internacional por la «libe­ración de presos políticos en Venezuela», así como aislar a los demás presidentes del Alba. Por lo pronto el secretario gene­ral de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ya recibió al opositor Henrique Capriles en julio. Un mes antes el propio Lula aco­gió en San Pablo al ex presidente social­demócrata español Felipe González, que venía de visitar Venezuela en campaña contra el gobierno de Maduro. Fueron signos de los efectos en la región de la crisis capitalista internacional, que ahora comenzó a golpear con fuerza sobre los países de economías subordinadas.

Recesión y desempleo

Malas noticias recibe Brasil del mundo. La devaluación del yuan frente al dólar y la desaceleración del crecimiento de China, principal socio comercial del país, agravan los pronósticos negativos de su economía, que ya entró oficialmente en recesión a mediados de agosto. Quedó así sepultado el infundado optimismo que el Gobierno tenía en el plan de ajuste diagramado por el ministro de Economía, el ultraliberal Joaquim Levy, para sacar a Brasil de la crisis.

Había dos objetivos centrales para sa­near las cuentas públicas: aumentar la recaudación fiscal a partir de la suba de impuestos al combustible, a los bienes im­portados, los créditos al consumidor y la reducción de exenciones tributarias para 56 sectores de la economía; recortar 14 mil millones de dólares del gasto público, sobre todo en inversión en infraestructura. Pero durante el segundo trimestre de este año la actividad económica se contrajo un 1,9% en relación al trimestre anterior y un 3,1% en comparación al mismo período de 2014. Según las estimaciones oficiales, al finalizar el año el PIB habrá caído más del 2% y la recesión continuaría: los pronósticos indican para 2016 una caída de por lo menos el 1%.

Este agravamiento de la crisis ya se sien­te con fuerza a nivel social y se profundiza­rá en el corto plazo. Después de 12 años de conquistas sociales de gobiernos petistas, el ajuste puso en marcha un rápido retroce­so. La desocupación ascendió al 7,5% (1,8 millones de personas) según datos oficia­les, tras siete meses consecutivos de caída de la tasa de empleo. La cifra es 2,6 pun­tos porcentuales superior a la de agosto de 2014 y la más alta desde 2010.

Otro de los temas que más preocupa al gobierno es la inflación, que llegó en julio a su pico máximo en 12 años, con una va­riación interanual del 9,56% de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadís­tica (Ibge). El resultado fue el retroceso del salario real promedio en un 1,4% durante el primer trimestre, cuando se ubicó en 2.163 reales (680 dólares) al mes, un 0,5% más bajo que un año antes. La merma se sintió en el consumo: las ventas minoristas disminuyeron un 2,2% en el primer se­mestre, la mayor caída desde 2003.

Quien tomó la iniciativa en este cuadro recesivo fue el presidente del Senado, Renan Calheiros (Pmdb). Con el apoyo del gobierno de Rousseff, cuyo vicepre­sidente es también del Pmdb, impulsa un nuevo paquete de 28 medidas en la cáma­ra legislativa bajo el título «Agenda Bra­sil». El programa de ajuste articula cuatro grandes ejes de iniciativas, en general fa­vorables a la inversión privada: mejora del «ambiente de negocios e infraestructura»; equilibrio fiscal; protección social; refor­ma administrativa del Estado. Dentro de las leyes propuestas se destacan: la agili­zación de licencias ambientales para pro­yectos de infraestructura; la reducción de ministerios y cargos estatales (de 39 a 20); la creación de una institución fiscal inde­pendiente para garantizar la transparencia en las cuentas públicas; la repatriación de recursos no declarados de brasileños en el exterior; el incremento de la edad jubilato­ria; un impuesto a las grandes fortunas; un nuevo marco jurídico para la explotación minera; el fomento a la inversión producti­va en tierras costeras e indígenas mediante la modificación de su legislación actual.

En el Congreso el PT y las fuerzas de oposición dirimen constantemente sus relaciones de fuerza. En Diputados, por ejemplo, obtuvo media sanción a fines de agosto -con la oposición del PT, el Psol y otros partidos de izquierda- el proyecto de enmienda constitucional que baja la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años. La reforma fue promovida por el también miembro del Pmdb Eduardo Cunha, con­vertido en una de las principales figuras opositoras que promueven el impeach­ment a la Presidente, junto a Aécio Neves (Psdb) y el ex presidente Fernando Henri­que Cardoso (Psdb).

Semejantes medidas no pueden ser ava­ladas por las organizaciones de base so­bre las que se apoyó el PT en sus inicios. «Necesitamos que la cuenta de la crisis no la paguen los trabajadores y defendemos reformas estructurales», resumió el titu­lar de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas. «Llegó la hora de hacer una reforma agraria en Brasil, una reforma tributaria, gravar las grandes for­tunas, establecer los términos de un nue­vo marco regulatorio para democratizar la comunicación. Y claro, defenderemos a Petrobras y el yacimiento presal que po­drá financiar más inversiones en salud y educación. La intolerancia y la ‘Agenda Brasil’ solo les interesan a los golpistas y a quienes financian el golpe, dentro y fuera del Congreso», manifestó junto a representantes de movimientos sociales.

Pasado y futuro

El trayecto recorrido por el PT bajo la bandera de «Brasil potencia» (principal consigna del IV Congreso del partido, en 2010), apoyado en la distribución del ingreso nacional producido por el creci­miento económico, en el combate al ham­bre y la pobreza, el aumento del salario mínimo y una política internacional más independiente de Washington, se agotó. La parábola del PT, que experimentó un giro a derecha desde mediados de la década de 1990, fue seguida por América XXI. Des­de 2003 era previsible el desenlace actual, materializado en la llamada «Agenda Bra­sil», presentada por Calheiros y consen­suada con el ministro de Economía.

La situación actual muestra que las re­laciones de fuerza que llevaron a Lula al poder se revirtieron. Las dos millones de personas que se manifestaron en marzo contra el Gobierno y los cientos de miles que lo hicieron en abril y agosto levanta­ron una mayoría de consignas reacciona­rias. Llamados a un golpe de estado, sím­bolos anticomunistas y consignas contra el socialismo, Cuba y Venezuela, se entre­mezclaron con duros ataques al PT por los casos de corrupción y la crisis económica. Un enorme muñeco inflable de Lula con un traje de presidiario elevado en Brasilia; el pedido de encarcelamiento de Dilma y de él por ser el «jefe»; y un ominoso lla­mado a «desraPTizar» el país, que incluyó ataques a locales partidarios en los días previos a la movilización, configuraron un tono inequívocamente reaccionario.

El PT perdió protagonismo en la calle. Las principales organizaciones que giran en torno al partido (los movimientos de tra­bajadores Sin Tierra y Sin Techo, la Central Única de Trabajadores, la Unión Nacional de Estudiantes y el Partido Comunista do Brasil), junto a militantes del partido ofi­cialista y del opositor de izquierda Partido Socialismo y Libertad (Psol), salieron el 20 de agosto a las calles de San Pablo y otras ciudades en defensa de la democracia y en rechazo al ajuste. Pero las movilizaciones no alcanzaron la décima parte de las reali­zadas cuatro días atrás.

Difícil convocar a los millones de ciu­dadanos que la votaron el año pasado sin cumplir las promesas de una campaña basada en la «defensa de las conquistas». Difícil cambiar la política de ajuste en alianza con partidos y sectores del gran capital que ahora sostienen su Gobierno. Dilma Rousseff ejecuta esas medidas y asume el costo político. En este cuadro adverso, Brasil hace sentir las turbulen­cias en toda la región.

Fuente: http://americaxxi.com.ve/brasil-pone-en-vilo-a-la-region/