El primero de abril se conmemoró otra de las fechas nefastas en la historia de América Latina: en 1964, el presidente brasilero João Goulart fue derrocado por una alianza cívico-militar que gobernó de facto el país durante 21 años. En el presente, las memorias de aquel tiempo oscilan entre un pacto tácito de silencio y […]
El primero de abril se conmemoró otra de las fechas nefastas en la historia de América Latina: en 1964, el presidente brasilero João Goulart fue derrocado por una alianza cívico-militar que gobernó de facto el país durante 21 años. En el presente, las memorias de aquel tiempo oscilan entre un pacto tácito de silencio y un impulso creciente de reparación y verdad.
A diferencia de otros, el golpe de 1964 en Brasil y su extenso período de dictadura militar suele ser poco conocido, al menos por una parte de la población latinoamericana. Entre sus fragmentadas y dispersas evocaciones, existe una visión que califica a dicho régimen como una dictablanda: el término no es propio y se utilizó con regularidad para diferenciar a los gobiernos militares más «violentos» de aquellos que mantuvieron ciertos cuidados en su proyecto de control y dominación. Tal falacia aparece en algunas voces que comparan, por ejemplo, el número de muertos bajo dictadura en Argentina frente a las víctimas en Brasil, como si las cantidades otorgasen mayor o menor validez en el diagnóstico. Esto fue a su vez utilizado repetidamente por los mismos gobiernos aludidos, así como por los medios de comunicación que les daban respaldo, y que en ocasiones siguen dando. Tanto es así que en su editorial del 17 de febrero de 2009, el diario Folha de São Paulo arremetía contra el gobierno democrático de Chávez, cuando de manera disimulada reflotó el concepto: a diferencia del régimen chavista, lo que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 fue una ditabranda, ya que había implementado formas controladas de disputa política y de acceso a la Justicia.1
Más allá de la discusión terminológica -¿cuáles son los polos que limitan y segmentan a los gobiernos autoritarios, si esto es posible?-, la caracterización realizada por el diario de mayor circulación en Brasil expresa abruptamente una de las memorias del gigante latinoamericano, la que olvida y distorsiona. En la sociedad brasilera coexisten a su modo otras, que buscan acercarse a la verdad de los hechos y que de a poco van ganando un lugar predominante en la comprensión de su pasado. A cincuenta años del golpe, la actualidad de estos debates contrasta sin embargo con un panorama marcado por algunos avances institucionales y de parte de la sociedad civil en búsqueda de la verdad, así como por la impunidad, histórica y presente, de los protagonistas del período.
Abordar una síntesis del período dictatorial en Brasil no es tarea fácil. No tanto por su extensión -la segunda más «larga» del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX, sólo superada por el régimen de Stroessner en Paraguay-, sino por sus diversas fases o momentos, al compás de las coyunturas económicas y los grados de confrontación hacia el régimen. La deposición de João Goulart, durante la madrugada del 1 de abril de 1964, respondió menos a un acontecimiento particular que al avance de los sectores populares, urbanos y rurales, en sus demandas de cambio durante los años posteriores al suicidio de Getúlio Vargas. Quienes ocuparon el gobierno se articularon de manera heterogénea: militares de rangos medios y jerárquicos, latifundistas, empresarios de la gran burguesía y otros individuos de la sociedad civil con intereses disímiles, pero agrupados bajo la necesidad -desde su visión- de dar punto final al proceso social en curso. Sin embargo, el gobierno militar no obró únicamente en función de restaurar un orden previo, sino que inició un sostenido proceso de transformación en las relaciones económicas y sociales. Mediante el control del aparato legislativo, durante los primeros años -es decir, de 1964 a 1967, y en particular desde 1968- se institucionalizó una serie de medidas tendientes a reestructurar el capitalismo vigente hasta entonces: los conocidos años del «milagro económico», en donde aumentó el PBI de manera análoga al ajuste salarial de gran parte de los trabajadores, solidificando una «modernización» industrial a través de la apertura y dependencia financiera, y acentuando a su vez las desigualdades entre clases. Crecimiento que duró hasta mitad de la década siguiente, para dar lugar a una crisis que se prolongó hasta los momentos finales del régimen, y que capeó gran parte de la transición democrática en los años ochenta.
Paralelo a los planes económicos, otro de los pilares que sostuvieron la cohesión del régimen militar fue la lucha emprendida contra las múltiples -y pequeñas en su mayoría- organizaciones armadas, que emergieron en escena recién a partir de 1968. En este caso, el huevo y la gallina de los «dos demonios» aquí no aplica, aunque lo cierto es que la fase más represiva y autoritaria de la dictadura transcurrió como respuesta al combate por la «subversión», vocablo laxo que incluyó a militantes, obreros, políticos y profesionales, entre otros. Un estudio al respecto señala un aproximado de 500 mil ciudadanos investigados por los organismos de seguridad; 200 mil detenidos por sospechas de subversión; 10 mil torturados y otra cantidad equivalente de exiliados; más de 400 muertos por la represión, 144 de ellos desaparecidos hasta el momento.2 Al margen de estas cifras, que contradicen todo matiz o una supuesta laxitud del régimen, lo particular del gobierno militar fue su propia dinámica interna, proyectada a lo largo de las dos décadas que persistió: la misma fue liberal y proteccionista, gradual y en ocasiones de una represión extrema, mutando en función a las diversas coyunturas de su tiempo.
Quizá uno de los elementos que más influyeron en las formas de recuerdo y de verdad en torno a la dictadura brasilera fue la manera en que se desarrolló la transición hacia la democracia. Desde finales de los setenta, al compás del fracaso económico y en el contexto de las crecientes huelgas obreras a lo largo del país, el gobierno promovió una transición «lenta, gradual y segura», marcada por distintas fases de apertura y liberalización. Bajo su órbita -la de los militares- es que fluyeron los acuerdos con los partidos políticos aceptados para dirimir, a través de elecciones indirectas, al nuevo presidente democrático. En dicho momento fue sancionada a su vez la ley de Autoamnistía, que al igual que en otros países se proponía dejar indemnes las heridas abiertas de los años pasados. Sin embargo, a contramano de los procesos democráticos como el caso de Argentina, dicha ley sigue vigente hasta hoy. Más aún: el mayor gobierno popular de estos casi treinta años de democracia en Brasil, como lo es el Partido de los Trabajadores (PT), ratificó hacia 2008 dicha ley ante los intentos del ministro de Justicia para eliminar la impunidad de los altos mandos militares involucrados. Hasta hoy, ninguno de ellos fue responsabilizado y/o juzgado desde los órganos institucionales del Estado; lo máximo que se logró fue remover de sus cargos a algunos individuos directamente comprometidos con la dictadura, pero no mucho más. La impunidad queda en manifiesto a través de la memoria expresada por este grupo a lo largo de estos años, con reivindicaciones abiertas al proceso, a la tortura y los asesinatos, y por la presión siempre latente de no andar a contramano por los médanos del pasado.
Por el contrario, en el último tiempo y bajo gobierno de Dilma Rousseff comenzó a discutirse de manera más profunda la memoria histórica construida desde los albores democráticos. A finales del año 2011, la presidenta estableció una Comisión Nacional de Verdad (CNV), con el objetivo de esclarecer las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el período de dictadura, considerando los hechos, circunstancias, responsabilidades institucionales e incluso en algunos casos su autoría.3
Los fenómenos mencionados pudieron observarse en las distintas conmemoraciones de los cincuenta años del golpe. Entre actos de memoria en contra y la prohibición de algunos intentos de actos a favor, entre escraches directos a los militares retirados, intervenciones del espacio público por parte de movimientos sociales, sobresalió ese día la aceptación por parte de las fuerzas armadas al pedido de investigar, de manera intensiva, el funcionamiento de varias instalaciones militares utilizadas como centros de detención y tortura en los años del régimen. Tales avances permiten vaticinar con esperanza un gradual pero sostenido progreso en la verdad histórica de la dictadura brasilera, aun sabiendo que sin justicia no hay posibilidad de reparar las consecuencias de esos años.
Notas:
1 La nota completa puede leerse en http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm
2 Una lista más detallada puede encontrarse en: http://www.revistabrasileiros.com.br/2014/01/14/por-que-os-generais-nao-…
3 http://www.cnv.gov.br/. La CNV fue precedida por otros proyectos de memoria importantes, como el denominado «memorias reveladas», llevado a cabo por el Archivo Nacional y cuyo sitio ofrece acceso a documentos y análisis del período abordado: www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br .
Fuente: http://todoamerica.info/noticia/brasil-sus-memorias-y-olvidos