En los años 70 y 80, el Plan Cóndor fue la coordinación de las dictaduras cívico-militares de América Latina, con la supervisión de Washington y de la CIA para eliminar los opositores políticos a través del secuestro, la tortura y el homicidio de millares de dirigentes y militantes de las organizaciones populares. Con la contraofensiva […]
En los años 70 y 80, el Plan Cóndor fue la coordinación de las dictaduras cívico-militares de América Latina, con la supervisión de Washington y de la CIA para eliminar los opositores políticos a través del secuestro, la tortura y el homicidio de millares de dirigentes y militantes de las organizaciones populares.
Con la contraofensiva estadounidense en su «patio trasero», al comienzo del siglo XXI asistimos a una reedición «moderna» del Plan Cóndor a través de la nueva modalidad de los golpes institucionales. Después de las intentonas golpistas en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010) y Paraguay (2012), hoy es el turno del gigante Brasil, uno de los bocados más preciados del último ataque.
Con el pretexto de la lucha a la corrupción, el pasado 12 de mayo, en Brasil se estrenó la farsa grotesca del juicio político en contra de la presidenta de la República Dilma Roussef, bajo acusación por haber cambiado de destino algunos montos del Presupuesto Federal. Una farsa jurídica, con el objetivo de criminalizar decisiones administrativas y no de golpear un crimen de corrupción. La oposición no ha sido capaz de presentar ninguna prueba, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado; pero esto no fue suficiente para parar el juicio.
Faltando las pruebas del crimen, somos testigos de un verdadero golpe de Estado parlamentario, realizado gracias a decenas de parlamentarios corruptos, en contra de la voluntad de más de 54 millones de brasileños que eligieron Dilma. De esta manera, a pesar de la derrota sufrida en las urnas, la derecha vuelve al Gobierno con un golpe.
Los protagonistas del golpe
Junto a los principales medios de comunicación, y a los parlamentarios militares y evangélicos, a la cabeza del golpe institucional, están las fuerzas políticas que han traicionado al Gobierno (Partido del Movimiento Democrático Brasileiro-PMDB), junto a las derrotadas en las últimas elecciones (Partido de la Social Democracia Brasilera-PSDB).
Las mismas que dieron vida a un pastichado G obierno interino, integrado por personajes totalmente desacreditados. La principal figura visible es la del traidor y golpista Michel Temer (PMDB), ex-vicepresidente de Dilma y marioneta de Washington. El pequeño detalle es que sobre la cabeza de Temer hoy está pendiente el mismo «juicio político«, por ser vicepresidente de Dilma e igualmente responsable de los actos del Gobierno. Junto a Temer, el desacreditado Eduardo Cunha, ex-presidente de la Cámara de Diputados, investigado por corrupción, junto a siete nuevos ministros del Gobierno interino.
En pocas horas la derecha canceló los ministerios de Cultura, del Trabajo, del Desarrollo Agrario (que se ocupaba de agricultura familiar), e incorporó los ministerios y secretarias de la Mujer, de la Igualdad Racial, de los Derechos Humanos al interior del Ministerio de Justicia. Este último está bajo la responsabilidad de Alexandre de Moraes (tristemente famoso por la represión homicida en el Estado de Sao Paulo), que ha comparado las manifestaciones de masas que se han tomado la calle con las acciones de la guerrilla, sosteniendo que tienen que ser tratadas como tales.
El nuevo ministro de Agricultura es el boss de la soja Blairo Maggi, un oligarca de origen italiano investigado por corrupción, mientras que el de Economía es Heinrique Meirelles, ya presidente del Banco de Boston y del Banco Central con Lula. Los ministerios de Educación y de Salud, en cambio, están bajo el ataque oscurantista del fundamentalismo evangélico y neopentecostal.
El ministro de Hacienda ya ha anunciado las contrarreformas de las pensiones y del trabajo, en plena sintonía con la patronal que juega sus cartas para recuperar los márgenes de ganancias (erosionados por la redistribución de los Gobiernos de Lula y Dilma) y hacer pagar la crisis a los trabajadores.
Por si no bastara, el Gobierno Temer anuncia cortes del gasto público y los planes sociales, aumento de los impuestos, paralización de las obras de infraestructura, desreglamentación de las relaciones laborales, privatizaciones, etc.
Sobre la política internacional, que quedó en manos de Jose Serra (nuevo ministro, pero zorro viejo), es fácil hacer previsiones: reacercamiento a Washington, enfriamiento de las relaciones de integración en América del Sur y distanciamiento de las estructuras de esa integración (UNASUR, CELAC, etc.), debilitamiento de la alianza de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica) que, a partir de hoy, cojea.
Desde la dictadura cívico-militar (1964-1985) no se veía un gobierno con la ausencia total de mujeres y afrodescendientes y con un programa tan rigurosamente neoliberal.
Las reacciones del continente
Entre las múltiples reacciones de los gobiernos progresistas de la región, se destaca la valiente de El Salvador, que ha declarado no reconocer al Gobierno golpista y ha llamado a consultas a su embajadora en Brasilia, en compañía de Venezuela. En general, el resto de los países se ha posicionado en contra del asalto a la democracia. El secretario general de UNASUR ha dicho que la situación «pone en riesgo la estabilidad democrática de la región»; el de la OEA que genera «inseguridad jurídica»; los países del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etc.) han hablado de un «golpe»; mientras Chile y Uruguay han manifestado su «preocupación».
En la vereda del frente, el Gobierno de Macri, en Argentina, ha sido el primero en reconocer el golpe y pedir que se respecte el «proceso institucional». Macri, que aspira a un papel protagónico en la nueva derecha continental, está en plena sintonía con la administración Obama, que ha declarado «tener confianza en las instituciones brasileras».
Es así que, bajo la dirección de la administración Obama y de su doctrina del «smart power», la derecha latinoamericana trata de reconquistar los gobiernos a través del contagio del «virus golpista». Entre los objetivos de Washington está el de romper los procesos de integración continental no subordinada (ALBA, CELAC, UNASUR) y al mismo tiempo debilitar al bloque de los BRICS.
Algunas razones de la ruptura
En realidad, en el gigante brasileño la derecha no está de vuelta, simplemente porque nunca se había ido. Sólo se había reacomodado y tolerado los Gobiernos de Lula y Dilma, gracias al aumento del consumo interno, que ha garantizado sus tasas de ganancia y a una coyuntura internacional favorable que ha recolocado en el tablero mundial al «Brasil Potencia», tan querido por el pasado régimen cívico-militar.
Pero la frágil tregua, dictada in primis por la patronal de Sao Paulo (FIESP), se interrumpió con la ruptura del pacto tácito con el Gobierno. Diversos son los motivos.
La crisis global iniciada en 2008, también gracias a las políticas anticíclicas del Gobierno, no había tenido un fuerte impacto al comienzo del segundo mandato de Lula.
Pero, desde 2012 (un año después del arranque del primer Gobierno de Dilma) los efectos sobre la economía nacional se empezaron a sentir y las presiones sobre el Gobierno aumentaron de manera exponencial. Se exigían recortes del gasto público, aumento de los impuestos, mantenimiento del superávit fiscal, aumento de la tasa de interés, prioridad de los bancos y el capital financiero, privatizaciones, etc.
Las medidas neoliberales del exministro de Hacienda Joaquim Levy, han tenido un efecto negativo en los sectores populares que habían votado a favor de Dilma. Y los nuevos sectores medios también han sufrido el aumento de la inflación con la pérdida de poder adquisitivo del salario real, a pesar de su reajuste cíclico. La alianza de gobierno, liderada por el PT (Partido de los Trabajadores), no ha podido modificar la estructura de la sociedad; los partidos y los movimientos no han logrado formar conciencia suficiente; y (según la autocrítica del mismo PT) el Gobierno se ha paralizado frente a las sirenas neoliberales. Y desde el 2014 ha habido un recorte de los planes sociales, pilar de la propuesta de inclusión social de los gobiernos liderados por el PT. Aunque Dilma había tomado el compromiso de proteger tres de los más importantes programas (Mi casa, mi vida«, Bolsa Familia y la financiación a la Educación a través del «FIES«), esto no ha sido suficiente para recuperar la confianza perdida. Y, como se sabe, en su segunda elección Dilma ganó por un margen estrecho.
La artillería mediática, con el Grupo Globo a la cabeza, ha bombardeado de manera eficaz y ha sabido poner muchos palos en las ruedas de la alianza de gobierno. Los casos de ineficiencia y corrupción (enfermedad endémica en el país) han sido imputados al Gobierno y al PT, olvidando o poniendo en segundo plano la participación de la oposición, y echando gasolina al fuego de la crítica a Dilma. Los grandes medios han consolidado la alianza con el sector del agrobusiness, con parte del poder judicial y con los partidos de la oposición: en particular con Aécio Neves (líder del PSDB, senador y excandidato derrotado a la presidencia), y con Eduardo Cunha (PMDB). Los medios han tenido un papel clave en la creciente polarización de la sociedad y pesa como una montaña la falta de reformas del sector de los medios de comunicación.
De parte del PT, de la izquierda en general y también de algunos movimientos, ha habido una subestimación de la oposición, de su capacidad de reacción. En las últimas elecciones, alrededor de 51 millones de brasileños no han votado por Dilma, pero sólo hace poco se ha abierto una reflexión en el campo progresista. Y sólo en las últimas semanas ha habido una verdadera movilización de los partidos de izquierda (en primer lugar el PT y el Partido Comunista do Brasil-PcdoB, en el Gobierno con Dilma), de las centrales sindicales, de los movimientos sociales y de otras fuerzas progresistas que han llenado las calles y que no reconocen el nuevo Gobierno. No es un misterio que el golpe institucional ha gozado, también, de apoyos importantes en la población y habrá que interrogarse a fondo sobre las razones.
Faltando pocos meses para los Juegos Olímpicos, el caótico escenario político y económico de Brasil representa una verdadera incógnita, también para los «mercados» que han apostado al cambio de gobierno. La única certeza es que no será caracterizado por la paz social, sino por una grande turbulencia.
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