El 11 de septiembre, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado. Se trata de un hecho inédito en Brasil: por primera vez, civiles y altos mandos militares fueron juzgados y condenados por atentar contra la democracia. La sentencia rompe con la impunidad de la Ley de Amnistía de 1979, que protegió a los responsables de la dictadura en Brasil.
El juicio histórico contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y siete de sus aliados marcó un punto de inflexión en la historia del país: por primera vez civiles y militares fueron juzgados y condenados por tentativa de golpe de Estado. La sentencia se leyó más allá de las presiones internas y de la abierta injerencia de Estados Unidos mientras que miles de personas —entre ellas, mujeres, LGBTI+ y pueblos indígenas que vivieron en carne propia las consecuencias del proyecto político sustentado en la narrativa del odio y en el desmantelamiento del Estado— tejen memorias para exigir justicia, decir Nunca Más y rechazar toda amnistía para los golpistas. Entre tanto, todavía hay quienes intentan sostener la impunidad. La explosión de la calle, la fortaleza de las instituciones y las disputas de poder en el camino de la consolidación democrática se juega en medio de la apertura del escenario electoral de 2026.
Un juicio histórico
“Este juicio es un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”, dijo la magistrada Cármen Lúcia Antunes Rocha al momento de proclamar su voto en favor de la condena a Bolsonaro. La posición de la única mujer del tribunal fue clave para construir la mayoría necesaria para que el Supremo Tribunal Federal (STF) condenara a quienes son considerados parte del “núcleo crucial” que tramó e intentó perpetrar un golpe de Estado junto al expresidente, señalado también como líder de la organización criminal.
La sentencia final a 27 años y tres meses de prisión contra Bolsonaro llegó el 11 de septiembre —tras un proceso cargado de tensión y de expectativa— con los votos de Lúcia, el relator del caso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zannin y la disidencia del juez Luiz Fux. Llevó cinco jornadas y más de dos años de investigación en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal.
A lo largo de más de 800 páginas, el Supremo Tribunal Federal probó cómo un gobierno elegido democráticamente, como el de Bolsonaro en 2018, puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Además, el ex mandatario y sus aliados fueron juzgados y condenados por liderar una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio y deterioro del patrimonio histórico.
La Justicia demostró que la trama tuvo su punto culmine el 8 de enero de 2023 con la invasión a los Tres Poderes, pero la gesta comenzó en julio de 2021 con un “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto” y deslegitimar a las instituciones a través de la violencia institucional y política y de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” una acción necesaria para que Bolsonaro contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder. Para ejecutarlo hubo reuniones con embajadores, funcionarios y jefes militares y pronunciamientos públicos, una minuta para declarar el estado de sitio y la intervención militar y el “Plan Puñal Verde-Amarillo”, que consistía en el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, su vice Geraldo Alckmin y del juez De Moraes.
Además de Bolsonaro, hubo otros siete condenados en función de su actuación: Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro a 26 años; Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina y Anderson Torres, exministro de Justicia ambos a 24 años; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional a 21 años; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa a 19 años; y Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a 16 años.
El teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro Mauro Cid consiguió la pena más baja por confesar los crímenes tras un acuerdo con la Policía: dos años de prisión y su inclusión en un programa de protección.
El proceso, en tanto, está previsto que termine en noviembre luego de que el tribunal dé a conocer el documento final de la sentencia y de que los abogados hayan tenido la posibilidad de presentar los recursos en los que buscarán defender a los condenados.
El encuentro de Brasil con su propia historia
La lectura de que este juicio constituyó un encuentro de Brasil con su propia historia hizo mella en diversos sectores de la sociedad. “Se pone fin a la tutela militar”, sostuvo la diputada por el PSOL Talíria Petrone durante el juicio ante la prensa. Ante LATFEM, coincidió el politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Leonardo Avritzer: “Es histórico porque Brasil no tuvo una justicia de transición (tras la dictadura de 1964-1985) como hubo en Argentina, porque se condenaron militares por primera vez y fue en base a las leyes de defensa de la democracia”, dijo. “Tenemos una historia política marcada por rompimientos democráticos”, destacó la politóloga profesora de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo, Graziella Testa.
Que la condena resuene como un “Nunca más” a la violencia estatal y a la soberanía popular hace sentido en un país que continúa con las heridas abiertas tras haber aprobado una Ley de amnistía (1979) que impidió juzgar a los militares de la dictadura militar-empresarial cuyos crímenes fueron documentados por la Comisión Nacional de la Verdad recién en 2014. Allí, identificaron 434 muertes y desapariciones y estimaron la persecución política a, al menos, 50 mil personas.
“Aceptamos una amnistía amplia que indultó a nuestros verdugos y no enseñó a nuestro pueblo a no repetir esos actos. El ascenso de la extrema derecha y de Bolsonaro tiene que ver con esta historia sin reparar, esta herida abierta que no avergonzó a quienes usurparon nuestro país. Es una lección para la sociedad brasileña, especialmente para las élites, y también para toda América Latina, que comparte con nosotros las cicatrices del autoritarismo y de la colonización”, apuntó la concejala carioca, lesbiana, Monica Benicio.
Vale también mencionar que Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.
Los juicios que Bolsonaro no tuvo
El marco histórico y simbólico al juicio lo dieron en las redes y en las calles los movimientos organizados, activistas y personas sueltas. Lo hicieron trayendo a la memoria aquellos momentos recientes en los que empezaba a vislumbrarse el avance de la extrema derecha —que tuvo a Bolsonaro a la cabeza— así como el impacto de las políticas que llevaron a que la gestión del expresidente condenado se ganara el mote de desgobierno. Un desgobierno que inauguró la llegada de la derecha radicalizada y antiEstado al poder en América Latina.
Aparecieron en escena las menciones al impeachment a Dilma (2016), a las manifestaciones por Ele Não (2018) de feministas y LGBTI+ para evitar la elección de Bolsonaro, el femicidio político de la concejala Marielle Franco, los familiares de más de 700 mil víctimas que denuncian el negacionismo a la pandemia de Covid-19 y los pueblos indígenas, que imputan al exmandatario una política de genocidio a través del incentivo a la invasión de los territorios y el desmonte de las políticas ambientales.
“Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, sintetizaron a modo de conmemoración en un posteo que llevó el título “El tiempo es implacable” desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre.
Las presiones y las afrontas a la construcción democrática
El proceso judicial tuvo sus condimentos, por no decir embates: la imposición de tarifas del 50% parte del Estados Unidos de Donald Trump por considerar que “Bolsonaro es víctima de una caza de brujas”, derivada en una crisis diplomática por injerencia sobre los asuntos internos, sanciones y amenazas a los magistrados, la aprobación entre gallos y medianoche de un proyecto de ley de amnistía para los golpistas y un intento de la Cámara de Diputados por blindarse de cualquier investigación judicial –que ya cayó en el Senado.
El escenario no es sencillo. Ese “ataque” de doble mano, a entender Avritzer, “es parte del juego político actual, en donde los posicionamientos son automáticos”. Pero no sólo eso: “A pesar del conjunto de pruebas y del juicio público, sólo el 54% de los brasileños cree que Bolsonaro es culpable. En el caso de Estados Unidos hace parte de un proceso amplio de violación de las reglas de la democracia y del Estado de derecho, tanto dentro como fuera de Estados Unidos por el gobierno de Trump”, apuntó. El dato al que se refiere pertenece a la encuesta realizada por DataFolha sobre una muestra de 2005 entrevistas en 113 municipios, que señaló que el 54% de la población rechaza la amnistía, mientras que un 39% la apoya y defiende.
Ese sector de la población que pide la amnistía cuenta también con el apoyo de los principales gobernadores del sudeste brasileño que aspiran a candidatearse en las próximas elecciones, Tarcício de Freitas (San Pablo, que prometió un indulto), Romeu Zema (Minas Gerais) y Claudio Castro (Rio de Janeiro). A los ojos de Avritzer cualquier negociación que reduzca o quite penas “hiere el proceso de fortalecimiento de la democracia, que todavía es inestable y desafiada por esas actitudes”.
Testa, que estudia hace dos décadas el Congreso brasileño, apuntó dos razones que justifican estos movimientos que de cierta manera amenazan con minar el proceso histórico. Sobre la amnistía, puso en duda que cuente con un “apoyo de corazón”, sino que la mayoría —integrantes del Partido Liberal, que ostenta la mayor bancada— “están preocupados por recibir el apoyo político electoral de Bolsonaro”. A diferencia del blindaje, explicó, que sí contó con “un apoyo de alma y corazón” y respondió a la distribución del presupuesto público que los parlamentarios reciben del Ejecutivo y por el que podrían ser investigados en caso de que se abriera una causa para conocer el fin de esos fondos.
“En la Cámara tenemos una percepción de impunidad. Ellos no pensaron que la población que se movilizó fuera a asociarlo con esas causas, sino que querían que se viera la crítica sobre el posicionamiento político que hacen sobre el STF”, sentenció. Ese punto es destacable de cara a las elecciones del próximo año y para lo que queda de la gestión de Lula —que tuvo aliados y propios en favor del blindaje— porque pone de manifestó las dificultades para constituir coaliciones de gobierno con partidos y parlamentarios –cuyas candidaturas son uninominales y en listas abiertas- que exigen los fondos para mantener su base electoral.
De cara a las elecciones, el análisis de Benicio apunta a los desafíos y los aportes de las luchas feministas protagonistas de la resistencia contra el avance de la extrema derecha. En un escenario se convierte en un juego de ajedrez, Benicio habla del lugar a tomar por referentas populares, legisladoras y diputadas: “Nuestros desafíos son muchos porque por más de que Bolsonaro haya sido condenado, tenemos una sociedad extremamente violenta, muy desigual, anclada en el racismo y la misoginia, que precisa ser transformada”, dice y para eso propone combatir la violencia política y alcanzar un nivel de debate sincero con la sociedad sobre una extrema derecha que avizora irá a disputar el voto de las mujeres.
La potencia de la calle y los desafíos
La abierta confrontación con el Poder Judicial desde la Cámara baja, la tentativa de blindaje y la injerencia estadounidense tuvieron su respuesta inmediata en la calle con masivas movilizaciones en las 26 capitales del país bajo las consignas “Congreso enemigo del pueblo” y “Brasil soberano”, que incluyeron un inédito show de los reconocidos artistas de la música popular Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque en Rio de Janeiro.
“¿Cómo o qué va a direccionar políticamente a esas personas?” es la pregunta que se hace Testa de cara a la construcción del futuro. Ante una derecha radical que caracterizó como “consistente, con estrategia, organizada y con un respaldo electoral del 25/30%”, dijo, es necesario asegurar este proceso con una base de tres patas: el Poder Judicial, la población en la calle y el Ejecutivo. “Cuando digo la población en las calles, es porque eso reverbera en el Legislativo. Si el judicial estuviera solo sería frágil desde el punto de vista institucional democrático”.
Entre especulaciones y encuestas, las movilizaciones superaron a los festejos del 11 de septiembre en amplitud, contundencia y relevancia. Sorprendieron en el consenso construido. Superaron el rojo petista y se tiñeron de muchos colores, flamearon la bandera verde-amarela, cantaron el himno y la consigna “sin amnistía para los golpistas” para defender la democracia y reclamar que la soberanía más que a la Justicia o al Congreso le pertenece al pueblo.
Fuente: https://latfem.org/brasil-y-la-construccion-de-su-propio-nunca-mas/