En este artículo la autora sostiene que tras casi tres años de Bolsonaro al frente del gobierno, Brasil vive una de las etapas de mayor retroceso de su historia reciente.
Esta semana se cumplieron mil días del gobierno encabezado por Jair Bolsonaro. Lo que en campaña se vendía como la vuelta a las buenas costumbres de la familia tradicional, el combate a la corrupción y la erradicación de la inmoralidad representada en el Partido de los Trabajadores y sectores de la izquierda, se transformó en un escenario inimaginable de devastación, retroceso, intolerancia, hambre y discursos de odio alimentados por el gobierno y sus secuaces.
Repasemos los efectos que produjo la gestión del gobierno brasileño hasta el momento en los aspectos más importantes para el pueblo brasileño.
Aumento de la pobreza
Según un estudio presentado por el Centro de Investigación en Macroeconomía de las Desigualdades de la Universidad de San Pablo (Made-USP), cerca de 61,1 millones de personas viven en la pobreza en el país. Según el criterio adoptado por el Banco Central, se trata de personas que viven con un ingreso inferior a $469 reales por mes. A este número se le suman 19,3 millones de personas que viven en la extrema pobreza, es decir, con menos de $162 reales mensuales. Dichas cifras representan un aumento de 9,1 millones más de pobres en relación a 2019, mientras que hubo un aumento de 5,4 millones de personas en el segundo grupo. La pobreza extrema, que había caído del 14% al 2,3% de la población durante el ciclo Lula-Dilma, en 2019 ya había vuelto a los niveles de 2006. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) revelan que, en 2018, Brasil ya había vuelto al Mapa del Hambre de la ONU, como resultado del debilitamiento de las políticas de lucha contra la pobreza y el hambre que, debido a su éxito, habían obtenido tanto reconocimiento internacional.
Este aumento se dio por varios factores. Los efectos de la pandemia de covid19, que generó desocupación y pobreza a nivel mundial, encontraron en Brasil un aliado. La liberación de los stocks de granos producidos en el país -política histórica adoptada por los diferentes gobiernos para mantener los precios- con el fin de beneficiar al agronegocio ante el aumento de las commodities, generó el aumento de precios de los productos de la canasta básica, lo cual perjudicó principalmente a los más pobres. El aumento del precio de los servicios como agua, luz y combustibles también contribuyó con este panorama. A su vez, los índices de desocupación llegan actualmente al 13,7% según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Dicho índice representa una reducción del 1,4% en relación a marzo de este año, sin embargo esa recuperación del empleo se dio principalmente en sectores que emplean mano de obra informal, como el trabajo doméstico y el empleo agrario.
Aislamiento internacional
Debido a su alineamiento ideológico con líderes tales como Donald Trump, Boris Johnson, Andrzej Duda y Mauricio Macri entre otros, y a posturas anti globalistas como el ataque a organismos internacionales o incluso la adopción del negacionismo ante la pandemia de covid19, Bolsonaro posibilitó la construcción de la imagen de Brasil como paria internacional. Estos alineamientos poco estratégicos e ideológicos se le suman los innumerables ataques tanto del presidente como de sus hijos y algunos de sus ministros a las autoridades de la República Popular China, principal socio comercial del país, e incluso al actual presidente de Estados Unidos Joe Biden, a quien el bolsonarismo llegó a acusar de cometer fraude en las elecciones que derrotaron a Donald Trump en noviembre de 2020. Dicho aislamiento también es consecuencia de la política ambiental de devastación y flexibilización de la legislación ambiental brasileña, foco de críticas tanto de ONGs como de gobiernos de los países centrales.
Discurso de odio y propagación de noticias falsas
Ya desde la campaña presidencial en 2018 la estrategia utilizada por el entonces candidato Jair Bolsonaro fue la propagación de noticias falsas para destruir la reputación de sus adversarios, lo cual continuó a lo largo del mandato y, principalmente, durante la pandemia de covid19. A través de redes sociales y grupos de whatsapp, a lo largo de los mil días de gobierno se divulgaron relatos infundados sobre opositores críticos al gobiernos así como noticias falsas sobre el covid19, las vacunas y las intenciones de los gobiernos de los estados al impulsar medidas de distanciamiento social. A su vez y por iniciativa del propio Bolsonaro, fueron convocadas varias manifestaciones de carácter antidemocráticas con consignas tales como intervención militar y destitución de los Ministros de la Corte Suprema por las restricciones impuestas al gobierno federal en favor del combate a la pandemia. La manifestación más grande fue la del 7 de septiembre de 2021, cuando miles de personas fueron convocadas en San Pablo y Brasilia y viabilizadas a partir del financiamiento proporcionados por políticos y sectores del agronegocio. Dichas manifestaciones estuvieron acompañadas por la acción de milicias digitales que coordinan ataques y amenazas contra opositores y críticos del gobierno con el objetivo de intimidar y acallar las críticas contra la gestión, estrategia que continúa trabajando a toda máquina.
Destrucción del medio ambiente
Ya desde la campaña, Bolsonaro se refería a la selva amazónica como un territorio que debía ser explorado para facilitar su explotación. A su vez, el entonces candidato resaltaba que de ser electo presidente no permitiría que se extienda la demarcación de territorios indígenas, promesa que cumplió una vez llegado al gobierno. A partir de enero de 2019 y con el nombramiento de Ricardo Salles -imputado en San Pablo por falsificar mapas que favorecieron la explotación de territorios preservados- al frente del Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto de destrucción ambiental comenzó a consolidarse. Con la desarticulación de los organismos de combate a la deforestación ilegal (IBAMA e ICMBio) sumado a la reducción de la fiscalización y al aumento de los incendios provocados para abrir espacio al agronegocio, miles de hectáreas tanto de la selva amazónica como de otros biomas alcanzaron índices récord de destrucción. Sólo en agosto de 2021, fueron devastados 1.606 km cuadrados de selva amazónica, 7% más que en agosto de 2020 según datos proporcionados por el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de Amazonas (Imazon). En Cerrado, otro de los biomas que sufrieron destrucción, se registraron el número más grande de focos de incendio entre enero y agosto de este año desde 2012. Ya en Pantanal, durante el 2020 se registró un récord en el número de incendios y se calculan que más de 17 millones de animales murieron por causa de esa situación. En Catinga, los focos de incendio hasta el 1 de agosto de este año aumentaron un 164%.
Esta realidad contrasta con el reciente discurso de Bolsonaro ante la ONU, donde llegó a manifestar que Brasil es uno de los países que más preserva el medio ambiente. Meses antes, el propio Ricardo Salles debió dejar su cargo al ser apuntado como uno de los beneficiarios en un esquema de tráfico ilegal de madera a través del cual se habría enriquecido. Dicha estrategia de destrucción ambiental responde a una demanda del agronegocio brasileño, aliado incondicional del gobierno y principal beneficiario de la política ambiental bolsonarista.
Presencia militar en el gobierno
La institución Fuerzas Armadas fue un brazo fundamental en la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Ya sea con manifestaciones de apoyo explícito al candidato por parte de generales del Ejército como Hamilton Mourão, Alberto dos Santos Cruz, Augusto Heleno, Luis Eduardo Ramos o Walter Braga Netto, o con amenazas directas a ministros de la Corte Suprema para mantener preso a Luis Inácio Lula Da Silva durantela campaña electoral, los militares fueron fundamentales para garantizar la llegada del capitán reformado al Poder Ejecutivo. Ya instalado en Brasilia, Bolsonaro se ocupó de retribuir ese apoyo. Así es como desde 2019 tomó decisiones tales como excluirlos de la reforma previsional que reduce derechos de los trabajadores brasileños, aumentar los salarios de las altas patentes e incluir a cerca de seis mil uniformados en los diferentes ministerios. Si bien muchos analistas advierten que existen diferencias hacia dentro de la institución, lo cierto es que la cúpula de las Fuerzas Armadas responde a Bolsonaro.
Reducción de la inversión en educación, salud y asistencia social
El desprecio del bolsonarismo por la educación, principalmente por las universidades y escuelas públicas -a cuyos profesores acusan de querer impulsar el marxismo cultural para adoctrinar- comenzó a hacerse visible en el presupuesto destinado por el gobierno para esta área. Ya en los dos primeros años de gobierno, el Ministerio de Educación invirtió un 47% menos en relación al inicio de la gestión anterior. Para 2021, el área sufrió un recorte de 27% en relación a 2020. Dicha decisión afectó principalmente a la educación superior, aunque también tuvo consecuencias en la educación básica.
Con la llegada de la pandemia y la implementación de la enseñanza a distancia, se calcula que cerca de 20 millones de alumnos de los 56 millones de matriculados en la educación básica y superior, dejaron de tener clases durante ese período. El propio Ministro de Educación Milton Ribeiro llegó a defender en una audiencia que el país debe avanzar hacia la educación básica domiciliaria y que la socialización de los niños y adolescentes puede ocurrir en las iglesias.
En el ámbito de la salud, los recortes también estuvieron a la orden del día. Para 2021 y en pleno auge de la pandemia, el gobierno brasileño redujo en 36 billones el presupuesto destinado para el área. A estos recortes hay que sumarle la apuesta por el impulso a remedios ineficaces como la hidroxicloroquina para el tratamiento del covid19, la demora en la compra de vacunas y la aparente intención de la adquisición de estos inmunizantes a través de empresas intermediarias y con sobreprecios, así como también la adopción de la estrategia de inmunidad del rebaño con la idea de generar la mayor cantidad de contagios en la menor cantidad de tiempo posible y así retomar la actividad económica. Dicha estrategia, que al momento se cobró cerca de 600 mil vidas, es objeto de investigación de una Comisión Parlamentaria que al momento mostró que además de una estrategia discursiva, el gobierno brasileño implementó un método para aplicar su teoría con operadoras de salud a través de las cuales se implementó un “tratamiento preventivo” con remedios comprobadamente ineficaces y con el fin de pasar una idea de seguridad incentivaría a las personas a dejar el aislamiento.
En relación a la asistencia social, se calcula que la inversión del gobierno en dicha área se redujo a niveles similares a la década de 1990. Como una de sus primeras medidas al frente de la presidencia, Bolsonaro terminó con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) el primer día de su mandato. Desde entonces, el dinero del gobierno destinado a los municipios en lo que respecta a la política nacional de asistencia social se redujeron de tres billones a 1,3 billones en 2020. El Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), el punto de entrada de las personas vulnerables, especialmente las más pobres, al sistema de protección para acceder a los derechos y al Estado, sufrió una reducción del 67% de su presupuesto con Bolsonaro en el gobierno. A su vez, otros programas destinados a fortalecer la agricultura familiar también fueron reducidos y hasta eliminados.
Con el inicio de la pandemia y por presión del Congreso para que el gobierno brindara asistencia a la población, Bolsonaro accedió a pagar un auxilio de emergencia para 67,9 millones de trabajadores informales de $600 reales ($100 dólares) a lo largo de seis meses. Ya en 2021, el gobierno retomó el pago de dicho beneficio, con un valor de hasta $250 reales para la mitad de esos beneficiarios.
Liberación del porte de armas
A lo largo de la campaña presidencial, Bolsonaro impulsó la bandera de la liberación del porte de armas, lo cual comenzó a impulsar ya en el ejercicio del mandato con la aprobación de más de 20 actos administrativos, medidas provisorias y decretos. Desde entonces, los registros de porte de armas saltaron de tres mil para 54 mil en 2019 mientras que los permisos pasaron de hasta dos a seis armas por persona. El discurso defendido por el presidente para flexibilizar el porte de armas ganó fuerza durante la pandemia a partir de las medidas de distanciamiento social adoptadas por los gobernadores. “Un pueblo armado jamás será esclavizado” llegó a decir Bolsonaro, apelando a la violencia de los descontentos con las medidas no farmacológicas.
Corrupción
Con la inclusión en el gabinete del ex juez Sergio Moro como Ministro de Justicia, Bolsonaro buscó tanto darle a su gobierno una pincelada de intención de combatir la corrupción como mostrarle al ex juez su agradecimiento por haber posibilitado la prisión de Lula Da Silva y, de esa forma, facilitado su elección. Poco más de un año después de comenzada la gestión, Moro renunció a su cargo denunciando que el presidente buscaba intervenir políticamente en la Policía Federal para blindar a familiares y aliados ante eventuales investigaciones.
Poco tiempo después comenzó a ganar fuerza una denuncia del Ministerio Público de Río de Janeiro sobre apropiación de salarios de asesores en el gabinete del entonces diputado estadual Flavio Bolsonaro, lo cual al momento se extendió a Carlos Bolsonaro, a quien el MP apunta como jefe de la organización criminal que desde hace años viene operando de esa forma. Las operaciones en cash en la compra de inmuebles así como los gastos con la tarjeta corporativa del propio presidente comenzaron a elevar las sospechas acerca de la utilización de los cargos electivos por parte de la familia presidencial para beneficiar el enriquecimiento ilícito de sus miembros.
Por otro lado, la aparente corrupción identificada por la Comisión Parlamentaria en la compra de test para detección de covid y en la compra de vacunas con sobreprecio le quitan al gobierno cualquier pretendida pincelada de honestidad.
A más de mil días de comenzado el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, los datos muestran una situación de retroceso sostenido. Los índices de pobreza y deterioro del nivel de vida de millones de brasileños dan cuenta de una realidad que parece empeorar a cada momento en un contexto de crisis internacional producto de la pandemia. Con un años y tres meses de gobierno por delante, la pregunta que queda pendiente es cuánto quedará en pie hasta la salida de Bolsonaro de la presidencia.
Fuente: https://noticiaspia.com/brasil-y-sus-mil-dias-de-retroceso/