Barroso asegura que «es de justicia», pero la banca y Reino Unido, centro financiero europeo, se oponen. Según los cálculos de Bruselas, los ingresos desde 2014 ascenderían hasta los 57.000 millones de euros al año
La certeza de que la especulación causó la crisis pero no ha sufrido sus consecuencias cristalizó ayer en la primera exigencia seria al sector financiero. Algo más de tres años después de la quiebra de Lehman Brothers y 30 desde que se propusiera por primera vez, la Unión Europea dio un primer paso hacia el establecimiento de una tasa que grave las transacciones financieras más especulativas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, presentó su propuesta ante el pleno de la Eurocámara durante el debate sobre el estado de la Unión, un acto revestido de la solemnidad de las grandes ocasiones.
«En los últimos tres años, los estados miembros, los contribuyentes, han dado ayuda y garantías de 4,6 billones de euros al sector financiero. Ha llegado el momento de que el sector financiero devuelva la contribución a la sociedad», anunció Barroso ante los eurodiputados cosechando un gran aplauso. «Es una cuestión de justicia», añadió. «Si todos los sectores de nuestra economía, desde la industria a los servicios, pagan su contribución a la sociedad, el sector bancario debe también aportar su contribución a la sociedad», razonó.
Según los cálculos de Bruselas, la tasa logrará en toda la UE unos 57.000 millones de euros al año desde 2014, cuando comenzará a aplicarse. Se fijará al 85% de las transacciones financieras entre entidades, pero dejará fuera las más habituales para el ciudadano de a pie, como créditos o préstamos, hipotecas o seguros. Además, las operaciones con las instituciones europeas, como los bancos centrales o el BCE, quedarán exentas. Según el diseño hecho por los técnicos comunitarios, las instituciones financieras pagarán una tasa del 0,1% en sus operaciones con deuda o acciones, mientras que los productos derivados, técnicamente más complejos, pero con un gran potencial especulativo, pagarán un 0,01%.
Pese al entusiasmo de Barroso y la mayoría de los eurodiputados, el futuro de la tasa es incierto, ya que necesita lograr el respaldo unánime de los gobiernos. Desde que el economista James Tobin la propusiera en 1971, la tasa ha vuelto una y otra vez al cajón por las presiones del sector. Sus motivos resucitaron ayer apenas unos minutos después de que Barroso hiciese su anuncio.
Para los grandes bancos, el nuevo gravamen es inútil para solucionar la crisis. «Europa necesita centrarse en la reconstrucción de sus economías y en la consolidación de la recuperación. Esta propuesta no hará nada para apoyar ninguno de esos objetivos», aseguró en un comunicado la Asociación para los Mercados Financieros en Europa, un grupo de presión que representa a entidades como Goldman Sachs o Deutsche Bank.
Para el sector financiero británico, es inútil porque la tasa la acabará pagando el ciudadano. «Los bancos gestionan transacciones para sus clientes, por lo que cualquier tasa sobre las transacciones será una tasa para los clientes», aseguró la BBA, principal asociación del sector.
Para el Gobierno de David Cameron, es inútil si no se aplica en todo el mundo. «El Gobierno no se opone en principio. Pero cualquier tasa a una transacción financiera debería aplicarse a nivel global», aseguró ayer un portavoz del Tesoro, en un tono más conciliador de lo habitual.
Sin embargo, el comisario de Impuestos, Algirdas Semeta, recordó que buena parte de los críticos tienen ya impuestos sobre las mismas operaciones en marcha, incluido Reino Unido, a través de su stamp o sello sobre la compraventa de acciones. Además, otros nueve países aplican ya alguna forma de impuesto sobre las transacciones financieras, según dijo el comisario. «Servirá para evitar que la toma de riesgos excesiva siga siendo la regla», al tiempo que «el sector paga una parte justa» como parte de su responsabilidad en la crisis, aseguró el comisario. Por otro lado, el diseño de la tasa implica que la práctica totalidad de las entidades con presencia en la UE deban pagarla y pretende prohibir de facto la deslocalización contra la que alertan los críticos con la medida.
Otra de las incógnitas es el destino de lo recaudado. Según la Comisión, parte debería contribuir a financiar el presupuesto de la UE, deduciéndose de las actuales aportaciones nacionales, mientras que el resto se integraría en los tesoros de los países miembros. Según una de las responsables en España de Intermón Oxfam «es esencial contar con un compromiso desde el principio para que parte de los recursos recaudados sean destinados a la lucha contra las desigualdades sociales, la pobreza y el cambio climático».
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