El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa agobiando a los países pobres con exigencias superfluas, pese a los esfuerzos para hacer más eficientes sus mecanismos de préstamo, según una auditoría interna de la institución multilateral. «Hubo progresos para circunscribir la condicionalidad a aspectos claves de la responsabilidad y el manejo técnico, pero alrededor de un tercio […]
El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa agobiando a los países pobres con exigencias superfluas, pese a los esfuerzos para hacer más eficientes sus mecanismos de préstamo, según una auditoría interna de la institución multilateral.
«Hubo progresos para circunscribir la condicionalidad a aspectos claves de la responsabilidad y el manejo técnico, pero alrededor de un tercio de esos requerimientos tienen que ver con otras áreas», dijo Tom Bernes, director de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo.
El diagnóstico parece destinado a alimentar cuestionamientos según los cuales el FMI se arroga, con la imposición de condicionamientos, facultades que exceden su mandato formal.
La evaluación reclama, por ejemplo, que la institución modere o abandone sus exigencias para que los deudores privaticen las empresas estatales.
La demanda de traspaso de servicios públicos a manos privadas es conflictiva. En algunos países, fuerzas de seguridad reprimieron a ciudadanos que protestaban por los posibles despidos y aumentos de tarifas que causaría la privatización.
De todas formas, según los auditores, técnicos del FMI han logrado que la condicionalidad de los préstamos refleje sus preocupaciones básicas sobre estabilidad macroeconómica.
La extensión de las exigencias a otras áreas responde, fundamentalmente, a iniciativas de representantes de los países ricos, que representan el principal aporte de capital al Fondo.
Normalmente imponen condiciones que tiene escasa relevancia para la misión declarada del FMI. Apuntan, en cambio, a que las naciones donantes puedan supervisar sus propios programas de ayuda y asegurar que los países cumplan con sus criterios para alivio de deuda o ingreso a la Unión Europea (UE).
Algunas de esas condiciones llegan al punto de definir el contenido de proyectos de ley que deben ser tratados por los parlamentos de los países deudores.
Una iniciativa presentada en 2000 para reducir la cantidad y el alcance de las condiciones ha tenido poco impacto. Esa propuesta, al igual que otras pautas establecidas dos años más tarde, requerían una reducción de la cantidad de condicionamientos y se limitarlos a los aspectos vitales de los programas de asistencia.
La oficina de evaluación del FMI destacó que la condicionalidad de los créditos no se redujo porque, en parte, «las condiciones estructurales continúan empleándose para supervisar otras iniciativas, como los programas de ayuda de los donantes o el proceso de incorporación a la UE».
El análisis de los préstamos otorgados por el FMI entre 1995 y 2004 muestra que la cantidad de condiciones de carácter estructural relacionadas con estos propósitos alcanzaron un promedio de 17 por año. El panorama no cambió luego de 2000.
«El análisis subraya que alcanzar el objetivo de reducir las condiciones y limitarlas a las áreas críticas continúa siendo un desafío para el Fondo y que se deben hacer grandes esfuerzos en esa dirección», dijo Bernes.
El afán de los países ricos que integran el FMI para atar de manos a quienes recurren a los créditos del organismo se torna contraproducente, según los auditores.
«La mayoría de esas exigencias tiene poca profundidad estructural y sólo alrededor de la mitad se cumplen dentro del plazo previsto», agregó Bernes. Por otra parte, el logro de los cambios exigidos «tienen una débil correlación con progresos posteriores en el terreno de las reformas estructurales», señaló.
«El cumplimiento es más elevado en las áreas fundamentales de competencia del FMI, como el manejo del gasto estatal y temas impositivos, pero resulta menor en el caso de las privatizaciones y la reforma del sector público», destacó la evaluación.
La auditoría recomendó limitar el número de exigencias a cuatro o cinco por año, y restringirlas a materias que son críticas para las funciones declaradas del Fondo. Las otras cuestiones deberían ser competencia del Banco Mundial, agregó.
Asimismo, los mecanismos de supervisión y evaluación deben perfeccionarse a fin de ofrecer «bases más sólidas para juzgar el resultado de los programas», puntualizó el informe.
Expertos en desarrollo han manifestado durante años que los gobiernos de los países pobres se ven abrumados por los pesados condicionamientos que desde el Norte se les imponen para acceder a los créditos del FMI o a la ayuda bilateral.
Estas órdenes también debilita en esas naciones la conciencia sobre su responsabilidad en los procesos de reforma estructural.
«El diseño de los programas por parte de los equipos económicos y funcionarios locales, a cargo de las medidas específicas, es una condición necesaria para su cumplimiento y la continuidad de las reformas», destacó la evaluación.
Asimismo, señaló que se deben explicar las razones por las que los condicionamientos son fundamentales para alcanzar objetivos específicos.
Directivos y técnicos del FMI, al comentar por escrito el contenido de la evaluación, señalaron la necesidad de mejorar la comprensión de los condicionamientos entre los críticos que no pertenecen al organismo.
La oficina de evaluación considera que sería una buena idea. Pero, advierte, «para hacerlo efectivamente tiene que haber mayor claridad que la existente en este momento en el directorio ejecutivo y en la orientación operativa».