CAFTA: Apretando las tuercas del modelo

El Acuerdo de Libre Comercio con América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés) pactado entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana con Estados Unidos (EU), fue convenido en lo fundamental en diciembre de 2003 después de 12 meses de negociaciones. En un principio Costa Rica decidió no participar en este acuerdo, pero a finales de enero de 2004 se unió. En mayo de ese año el tratado fue firmado por los gobiernos de los países participantes. En agosto de 2004 República Dominicana, con quien EU venía negociando un tratado bilateral, fue incluida en el esquema. Se inició así el proceso de ratificación legislativa, en el caso de EU suele incluir, como es sabido, un arduo camino de transacciones y negociaciones entre distintos grupos de interés. A finales del pasado junio el Senado estadunidense aprobó el CAFTA con un margen de 54 votos contra 45. Al mismo tiempo, el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes emitió un dictamen favorable al acuerdo, franqueando el camino para que éste sea considerado por el pleno. Aunque todavía se espera un fuerte debate político, todo hace prever que este nuevo tratado comercial será ratificado próximamente por el Congreso de EU.

El CAFTA regula el intercambio comercial en un amplio espectro de temas: bienes industriales, agricultura, telecomunicaciones, servicios (de la distribución de agua a las actividades financieras), propiedad intelectual, ambiente. Con él se hará recíproco el acceso al mercado que el Congreso de EU otorgó unilateralmente a los seis países signatarios del acuerdo en los últimos 20 años por medio de instrumentos como el Sistema Generalizado de Preferencias y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

El tratado estipula la inmediata eliminación de aranceles a casi 80 por ciento de las exportaciones manufactureras de Estados Unidos a estos seis países, estableciendo un plazo de 10 años para eliminar el restante 20 por ciento. Entre los sectores que se verán beneficiados de manera inmediata por la liberalización arancelaria están algunas actividades clave en la actual configuración productiva y comercial de la industria estadunidense. Por ejemplo, las tecnologías de información, el equipamiento científico, agrícola y de construcción, así como una amplia gama de productos químicos y farmacéuticos, además de celulosa y papel.

El capítulo agropecuario del CAFTA es quizá su aspecto más sensible y controvertido. Es cierto que, por un lado, el tratado podría ayudar a compensar algunos efectos negativos que produjo en la agricultura centroamericana la suscripción por Estados Unidos de tratados comerciales con otros países, como México y Chile. El libre acceso que ahora gozará la mayoría de los productos primarios de Centroamérica al mercado estadunidense reforzará la dinámica de crecimiento del sector agroexportador, y permitirá consolidar la posición competitiva ganada con anterioridad por algunas empresas y actividades. Ciertos rubros agropecuarios (hortalizas, frutas, plantas ornamentales, diversos productos no tradicionales) podrán incorporarse de manera selectiva al grupo de los «ganadores».

Por otra parte, cuando el CAFTA entre en vigor se eliminarán los aranceles que gravan a 50 por ciento de las exportaciones agropecuarias de EU a la región. De acuerdo con lo establecido en el tratado, durante los siguientes 15 años se habrán de eliminar progresivamente los gravámenes del resto de los productos estadunidenses. Es un hecho que los negociadores de este país obtuvieron de sus contrapartes centroamericanas concesiones especiales en productos muy sensibles en el doble plano de lo regional y lo nacional. El análisis elaborado al respecto por agencias multilaterales que, como las elites económicas y políticas centroamericanas son muy favorables al tratado, reconoce que tales concesiones incluyen situaciones «preocupantes» en rubros de gran importancia económica, laboral y social en Centroamérica y República Dominicana, como arroz, maíz, carne de bovino, carne de pollo y productos lácteos.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por ejemplo, las cuotas libres de arancel que se asignaron en estos productos a los estadunidenses, lo mismo que el incremento anual negociado, determinarán que en algunos casos se supere desde el inicio el monto que en promedio venían importando en los últimos años los países centroamericanos. Señala que las salvaguardias especiales negociadas para algunos productos agropecuarios dejan un amplio margen para que aumenten las importaciones desde EU antes de que pueda aplicarse el arancel adicional previsto. De esta manera, las exportaciones estadunidenses actuales de varios productos agropecuarios adquieren prácticamente un acceso libre inmediato al mercado de Centroamérica. Es claro que tales inconsistencias restan efectividad a los plazos de desgravación pactados, pero sobre todo disminuye las posibilidades, de por sí precarias, de adaptabilidad de los productores locales ante el embate de la competencia estadunidense.

El Acuerdo de Libre Comercio con América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés) pactado entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana con Estados Unidos (EU), fue convenido en lo fundamental en diciembre de 2003 después de 12 meses de negociaciones. En un principio Costa Rica decidió no participar en este acuerdo, pero a finales de enero de 2004 se unió. En mayo de ese año el tratado fue firmado por los gobiernos de los países participantes. En agosto de 2004 República Dominicana, con quien EU venía negociando un tratado bilateral, fue incluida en el esquema. Se inició así el proceso de ratificación legislativa, en el caso de EU suele incluir, como es sabido, un arduo camino de transacciones y negociaciones entre distintos grupos de interés. A finales del pasado junio el Senado estadunidense aprobó el CAFTA con un margen de 54 votos contra 45. Al mismo tiempo, el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes emitió un dictamen favorable al acuerdo, franqueando el camino para que éste sea considerado por el pleno. Aunque todavía se espera un fuerte debate político, todo hace prever que este nuevo tratado comercial será ratificado próximamente por el Congreso de EU.

El CAFTA regula el intercambio comercial en un amplio espectro de temas: bienes industriales, agricultura, telecomunicaciones, servicios (de la distribución de agua a las actividades financieras), propiedad intelectual, ambiente. Con él se hará recíproco el acceso al mercado que el Congreso de EU otorgó unilateralmente a los seis países signatarios del acuerdo en los últimos 20 años por medio de instrumentos como el Sistema Generalizado de Preferencias y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

El tratado estipula la inmediata eliminación de aranceles a casi 80 por ciento de las exportaciones manufactureras de Estados Unidos a estos seis países, estableciendo un plazo de 10 años para eliminar el restante 20 por ciento. Entre los sectores que se verán beneficiados de manera inmediata por la liberalización arancelaria están algunas actividades clave en la actual configuración productiva y comercial de la industria estadunidense. Por ejemplo, las tecnologías de información, el equipamiento científico, agrícola y de construcción, así como una amplia gama de productos químicos y farmacéuticos, además de celulosa y papel.

El capítulo agropecuario del CAFTA es quizá su aspecto más sensible y controvertido. Es cierto que, por un lado, el tratado podría ayudar a compensar algunos efectos negativos que produjo en la agricultura centroamericana la suscripción por Estados Unidos de tratados comerciales con otros países, como México y Chile. El libre acceso que ahora gozará la mayoría de los productos primarios de Centroamérica al mercado estadunidense reforzará la dinámica de crecimiento del sector agroexportador, y permitirá consolidar la posición competitiva ganada con anterioridad por algunas empresas y actividades. Ciertos rubros agropecuarios (hortalizas, frutas, plantas ornamentales, diversos productos no tradicionales) podrán incorporarse de manera selectiva al grupo de los «ganadores».

Por otra parte, cuando el CAFTA entre en vigor se eliminarán los aranceles que gravan a 50 por ciento de las exportaciones agropecuarias de EU a la región. De acuerdo con lo establecido en el tratado, durante los siguientes 15 años se habrán de eliminar progresivamente los gravámenes del resto de los productos estadunidenses. Es un hecho que los negociadores de este país obtuvieron de sus contrapartes centroamericanas concesiones especiales en productos muy sensibles en el doble plano de lo regional y lo nacional. El análisis elaborado al respecto por agencias multilaterales que, como las elites económicas y políticas centroamericanas son muy favorables al tratado, reconoce que tales concesiones incluyen situaciones «preocupantes» en rubros de gran importancia económica, laboral y social en Centroamérica y República Dominicana, como arroz, maíz, carne de bovino, carne de pollo y productos lácteos.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por ejemplo, las cuotas libres de arancel que se asignaron en estos productos a los estadunidenses, lo mismo que el incremento anual negociado, determinarán que en algunos casos se supere desde el inicio el monto que en promedio venían importando en los últimos años los países centroamericanos. Señala que las salvaguardias especiales negociadas para algunos productos agropecuarios dejan un amplio margen para que aumenten las importaciones desde EU antes de que pueda aplicarse el arancel adicional previsto. De esta manera, las exportaciones estadunidenses actuales de varios productos agropecuarios adquieren prácticamente un acceso libre inmediato al mercado de Centroamérica. Es claro que tales inconsistencias restan efectividad a los plazos de desgravación pactados, pero sobre todo disminuye las posibilidades, de por sí precarias, de adaptabilidad de los productores locales ante el embate de la competencia estadunidense.

Una competencia que, cabe recordar, es sumamente desigual frente a productores que gozan condiciones técnicas y financieras inigualables, así como de una amplia batería de subsidios y subvenciones por el gobierno estadunidense que sería imposible de ser equiparada por los gobiernos centroamericanos incluso en el casi imposible caso de que quisieran modificar la orientación de sus actuales políticas de fomento productivo en el sector agropecuario. Los problemas de adaptación a las nuevas realidades productivas y comerciales que significa el CAFTA para el sector agropecuario centroamericano y dominicano tienen gran relevancia en cuanto a las perspectivas de la estabilidad económica y social de la región. Baste recordar que en algunas economías de Centroamérica la agricultura sigue siendo el origen de una tercera parte del producto interno bruto, y en todas es fuente principal de ocupación de la fuerza de trabajo.

A pesar de las expectativas que suscita entre un sinnúmero de actores centroamericanos, el CAFTA no es más que un acuerdo comercial limitado que no contempla, como el TLCAN, instrumentos de cooperación al desarrollo que permitan compensar las asimetrías abismales en los niveles de bienestar de Estados Unidos y Centroamérica. En un tratado de esta naturaleza ­que responde al esquema más elemental de integración mercantil­, si su puesta en marcha no se acompaña de cambios sustanciales de la política económica de los países, sólo reforzará los rasgos más odiosos del actual estilo de crecimiento. Será una forma de reforzar la modalidad de integración económica internacional sin desarrollo interno que está presente en la región desde finales de los años 80.