«No hay nada que discutir, estas empresas tienen que estar bajo control obrero» (1). Con estas palabras, Hugo Chávez volvió a convocar al fantasma del comunismo, nacionalizando una serie de empresas del sector petrolero, metalúrgico y de la construcción, entre las que se encontraban tres fábricas del grupo Techint. El Presidente venezolano arengaba a los […]
«No hay nada que discutir, estas empresas tienen que estar bajo control obrero» (1). Con estas palabras, Hugo Chávez volvió a convocar al fantasma del comunismo, nacionalizando una serie de empresas del sector petrolero, metalúrgico y de la construcción, entre las que se encontraban tres fábricas del grupo Techint. El Presidente venezolano arengaba a los obreros, que acompañaban el anuncio con la consigna «¡Victoria popular!». (2) Diferentes interpretaciones generaron estos hechos. Mientras que los chavistas consideran que se ha dado un nuevo paso hacia el socialismo, la derecha venezolana acusó móviles más coyunturales: buscar fondos que sustenten el creciente gasto público. Al mismo tiempo, la burguesía argentina volvió a golpear con un solo puño, después de más de un año de combates intestinos, y denunció al gobierno «bolivariano» por sus ataques a la propiedad privada. Las diferentes posiciones expresan respuestas diferentes a una misma pregunta: ¿Está llevando Chávez a Venezuela y a América Latina al socialismo? Responderla requiere de un acercamiento que supere las impresiones generadas por la espectacularidad de los discursos y declaraciones realizadas por ambos lados de la trinchera.
Teoría y práctica del proyecto chavista
El chavismo presenta las nacionalizaciones como un proyecto de largo plazo, anunciado a principios de 2007, que implica la creación de un «Modelo Productivo Socialista», que responda «primordialmente a las necesidades humanas» y esté menos subordinado a la reproducción del capital. El objetivo principal es que el Estado conserve «el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico», en el camino de «una producción conscientemente controlada por los productores asociados al servicio de sus fines» (3). El corazón del proceso se encuentra «en la empresa del Estado dedicada a la explotación de hidrocarburos», apuntando a conseguir «una nueva forma de distribución de la renta petrolera» y a que su desarrollo apadrine la conformación de un tipo de organización, diferente a la estatal y a la capitalista: las «Empresas de Producción Social» (EPS). En ellas «los trabajadores se apropiarán del excedente económico resultante, que se repartirá en proporción a la cantidad de trabajo aportado; la gestión será democrática y participativa y el peso relativo de la participación será con base en la persona y no con base en el capital aportado». Sin embargo, el plan no está dirigido al conjunto de la economía, ya que dispone que las EPS deberán competir con las empresas capitalistas privadas del país y del mundo, con las que intercambiarán «bienes y servicios».
El proyecto tiene como destinatario a importantes sectores de la burguesía nacional, ya que se busca desarrollar «los encadenamientos internos de las actividades económicas fundamentales, principalmente las basadas en la existencia de materias primas y recursos naturales en el país, con la finalidad de potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios», buscando diversificar su potencial exportador. Es así como «el desarrollo y fortalecimiento de la manufactura y los servicios se hará principalmente con fundamento en las cadenas productivas con ventajas comparativas». Es así como juntos, obreros y empresarios, crearán una «Venezuela Potencia Energética Mundial». El petróleo es, en este proyecto, «fuente rentística extraordinaria» y «palanca del desarrollo», permitiendo el crecimiento de industrias vinculadas a la refinación y la petroquímica. Por todo esto, el Estado privilegiará las alianzas que le permitan desarrollar este proyecto y «la industria petrolera se orientará a profundizar la política de maximización de la captación de renta en todas las fases del proceso y a fortalecer la participación fiscal en los ingresos». Estas alianzas internacionales ya se están llevando adelante como estrategia para «incrementar la capacidad de exploración, producción y comercialización integral de la energía» a partir de inversiones extranjeras bajo la forma de empresas mixtas.
Las nacionalizaciones de los últimos dos años se enmarcarían en este proyecto más general, aunque no podemos circunscribir su evolución simplemente a un plan gubernamental: tanto la crisis, como la dinámica de la lucha de clases en Venezuela determinan en última instancia el proceso. Remitámonos a la última oleada de nacionalizaciones para observarlo.
La crisis mundial y el papel del Estado en la producción
Como se observa en el cuadro, Chávez nacionalizó, en mayo de 2009, la productora de tubos de acero sin costura Tavsa, controlada por Tenaris, Matesi (Materiales Siderúrgicos S.A), del Grupo Techint, y el Complejo Siderúrgico Guayana (Comsigua), con una participación minoritaria, a través de Tubos de Acero de México, de Tenaris; Cerámicas Carabobo, Orinoco Iron y Venprecar. A su vez, pasaron a la órbita estatal 76 empresas de servicios vinculadas a la rama petrolera, (inyección de agua, transporte en lanchas, servicio de buceo, muelles y diques) (4).
Los gritos de desesperación y los pataleos no se hicieron esperar en la Argentina. Los reclamos de Techint y la denuncia de los «ataques a la propiedad» por parte de Chávez, generaron una escalada de enfrentamientos que aún no se ha resuelto. Sin embargo, una mirada más atenta parece demostrar, por un lado, que el gobierno de Venezuela le está dando una buena mano a los capitalistas y, por otro, se confirma que no tiene por intención «socializar» al conjunto de la economía.
En primer lugar, todos reconocen que Chávez siempre pagó según la cotización en bolsa. Sólo cuatro nacionalizaciones implicaron el pago de 4.143 millones de dólares: 1.354 por el Banco de Venezuela; 1.970 por Sidor y 819 por las cementeras de las transnacionales Holcim y Lafarge (5). Hasta Joseph Stiglitz, luego de los primeros anuncios, a principios de 2007, comentó que las nacionalizaciones en Venezuela no debían «asustar» (6). En particular, cuando la nacionalización viene a rescatar empresas en problemas: todo el sector briquetero (Matesi, Comsigua, Orinoco Iron y Venprecar) «actualmente degusta los sinsabores de la caída de los precios en el mercado internacional», según El Correo del Caroní (7). Algo similar mostraba El Universal, asegurando que «esta decisión oficial ocurre cuando algunas de estas empresas se encuentran paralizadas desde finales de 2008 debido a la crisis mundial que inhibe la compra de briquetas, necesarias para la transformación de acero, y a la caída de los precios» (8). El propio Techint reconocía, en un informe para sus accionistas, que las briqueteras habían dado pérdidas por 10,7 millones de dólares en el primer cuarto de 2009. Hasta sus propios informes se encargan de demostrar que las nacionalizaciones no le vinieron nada mal: la nacionalización de Tavsa, que sólo representaba el 2% de la producción de tubos de Tenaris, disparó el precio de sus acciones ni bien fue divulgada (9).
Similarmente, la nacionalización de las industrias vinculadas al petróleo obedece a un motivo poco velado: la baja de los precios internacionales y la crisis que atraviesa el sector obligan al Estado a ahorrar el máximo posible. El precio promedio del crudo venezolano en lo que va de año registra un descenso del 51% respecto a 2008 y el ingreso proveniente de las exportaciones muestra una caída de 55% en el primer trimestre. El mismo Chávez anunció que la toma de los activos de las contratistas petroleras permitirá ahorrar unos 700 millones de dólares en los gastos de PDVSA. Incluso la derecha parece ser conciente que Chávez no hace otra cosa que rescatar empresas insolventes: «El fondo de esta situación en las empresas estatizadas (…) es que los altos costos de producción, por la ineficiencia y la corrupción, no se pueden mantener indefinidamente en empresas que producen pérdidas. Con un barril de petróleo a 40 dólares, el Gobierno no está en capacidad de subsidiar indefinidamente a las industrias deficitarias» (10).
Por otro lado, como el proyecto de Chávez lo reconoce, no existió un avance del Estado sobre la economía privada. Los datos del Banco Central así lo demuestran:
Aunque lo reciente de las últimas nacionalizaciones nos impide acceder a datos más certeros, los datos muestran que, desde la llegada de Chávez al poder, el porcentaje del producto bruto público, lejos de observar una avanzada sobre el privado, descendió. Sin embargo, el Estado compensó esta baja con un aumento sostenido en los impuestos aplicados a la producción: a cada punto menos en el PBI público parece corresponderle un punto más en los impuestos cobrados, apropiándose el Estado para sus gastos un 42% del valor producido en el país, tanto en 1997 como en la actualidad (11).
La lucha obrera
Los dueños de Techint dicen haberse sorprendido por la nacionalización, pero no deberían haber subestimado a los trabajadores de Alianza Sindical, que desde la nacionalización de Sidor, un año atrás, se movilizaban por hacer lo propio con Tavsa y Matesi (12). También deberían haber sido más concientes de la legitimidad del reclamo de sus obreros en Matesi, que en junio de 2008, tomaron los portones de la empresa, impidiendo el acceso a la planta, en reclamo del cumplimiento de los ordenamientos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), no respetados por Techint (13). Ninguna salida les dio la patronal por lo que, en febrero de este año, seguían denunciando que «los gerentes de la misma no se apersonan hasta la planta», que continuaba parada la producción y, para colmo, que debían soportar la agresión de la Guardia Nacional (14). Su lucha por reiniciar la producción, reincorporar a 300 trabajadores y detener las agresiones de la patronal continuó hasta la nacionalización, con una toma simbólica de la industria (parada y sin patrones) y con protestas callejeras junto a obreros del sector hierro, acero, aluminio y briquetas.
Para el 31 de marzo de este año, también Tavsa llevaba ya 53 días paralizada, y no precisamente por una huelga. Ese día, los trabajadores acudieron a Recursos Humanos reclamando la reactivación de la producción, parada por la crisis del sector petrolero: una deuda de PDVSA con Tavsa de más de 42 millones de dólares que, a su vez, debía a Sidor unos 12 millones, determinaba que ésta última no le entregara los insumos necesarios para la producción. Semejante situación llevó a José Gutiérrez, delegado departamental en Tavsa por Sidor, a insistir en el reclamo de nacionalización de ambas empresas dos meses antes del decreto chavista (15). No se quedaron afuera los obreros de Comsigua, que pararon en protesta por modificaciones inconsultas y por el despido de 150 contratados desde noviembre de 2008 (16). Al mismo tiempo, los trabajadores de Orinoco Iron tomaban la Inspectoría de Trabajo para protestar por violaciones patronales a los contratos colectivos (17). Cerámicas Carabobo era testigo de una huelga de sus trabajadores, que protestaban contra los abusos patronales, como la falta de medidas de seguridad industrial adecuadas y el no pago de las horas extras (18).
La «pata» burguesa
Las nacionalizaciones chavistas también benefician a las «cadenas productivas con ventajas comparativas», como recitaba el proyecto desarrollista lanzado en 2007. Éstas «cadenas» no son otra cosa que la burguesía nacional. No es ninguna novedad que el «socialismo del siglo XXI», tiene entre sus «motores» al empresariado pero, entre tantas declaraciones de «control obrero», bien vale recordar que los «boliburgueses» son uno de los principales beneficiarios de la política chavista. Es así como, en febrero de este año, Chávez llamó a los empresarios «a trabajar por un nuevo sistema» en un acto donde la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM) saludó el Plan Estratégico Siderúrgico Nacional, que incluía las nacionalizaciones. Su Presidente, Eduardo Garmendia, destacó que el plan de Chávez «no sólo reactiva la actividad productiva en la región de Guayana, sino que también afecta directa y positivamente a más de 300 empresas afiliadas a nuestra asociación» (19). En AIMM revisten empresas del sector metalúrgico, metalmecánico y minero, además de instituciones relacionadas a dichas ramas de la producción (20). En sus comunicados señalan cómo las políticas chavistas posibilitaron el desarrollo del sector y la inversión en maquinarias, permitiendo un aumento del 35% de la capacidad registrada en el 2000, resultando privilegiados los proyectos vinculados a la industria petrolera. En su gaceta oficial señalan cómo el papel de Chávez ha sido decisivo en su ascenso: «La política pública establecida para el desarrollo del parque industrial ha estado íntimamente vinculada con la apreciación de su impacto en el desarrollo endógeno nacional, lo cual ha sido impulsado por el Ejecutivo, a través de Decretos» (21). Ante la «sorpresa» de Techint por las nacionalizaciones, Garmendia declaró que «después de la nacionalización de Sidor, era lógico que todo el circuito iba a ser expropiado» (22). La importancia del sector puede estimarse sabiendo que las exportaciones del sector metalúrgico representaron en el año 2008, un 60% del total de las exportaciones no petroleras (23).
Una salida capitalista a la crisis
Lo primero que salta a la vista es que Chávez no está construyendo una economía socialista. Ni siquiera en sus documentos, donde podría utilizar un lenguaje más radicalizado, plantea que el conjunto de la producción vaya a pasar al control de los trabajadores. Por el contrario, no esconde que se trata de un proyecto desarrollista que, con un papel predominante del Estado, busca profundizar el desarrollo capitalista, con el petróleo como punta de lanza. Mientras el Estado continúe promoviendo las «empresas mixtas», de capitales públicos y privados, entregue el manejo de las empresas nacionalizadas a burócratas y burgueses y no se avance en el control obrero y centralizado de la totalidad de la producción, la explotación en Venezuela continuará. Y hacemos hincapié en el problema de la totalidad debido a que, aún suponiendo que en las EPS evolucione el control obrero, el proyecto chavista deja afuera al 82,6% de los trabajadores, que continúa siendo explotado en empresas capitalistas privadas (24).
Aunque pueda parecer paradójico, nada es más cierto que la Revolución está más viva que nunca. No porque Chávez esté dirigiendo magistralmente la marcha hacia el socialismo, sino porque la clase obrera venezolana no para de organizarse y de luchar. Su avance es uno de los condicionantes de la política chavista. Que el «bolivariano» lo sabe lo demuestran sus amenazas contra los trabajadores que pretenden moverse con independencia de clase: «El que pare una empresa del Estado está contra el jefe del Estado», no se cansa de decir. En otros tiempos podría haber sido más flexible, pero hoy no esconde que los recursos no alcanzan para atender las reivindicaciones laborales (25). Mientras el precio del petróleo baja, y la inflación sube, Chávez tiene en la burguesía local unos aliados preocupados por el mismo problema: la AIMM puso entre las «incertidumbres y expectativas» para el 2009, en primer lugar, el problema de las «relaciones obrero-patronales».
A diez años de iniciado el proceso, Chávez tiene para mostrar un avance mínimo en la producción estatal, nacionalizaciones de empresas quebradas o en crisis, pautadas con el capital y pagadas a precio de mercado, un Estado que fomenta los negociados con la burguesía nacional y trasnacional, ausencia de control obrero de la producción en las fábricas estatales, persecuciones y amenazas a los obreros que luchan y asesinatos de dirigentes obreros opositores. Menudo socialismo, éste del «siglo XXI»…
Notas:
(1) El Universal, Caracas, 22/5/2009, en www.eluniversal.com
(2) «Yo me juego la vida por ustedes y sé que ustedes harán lo mismo, porque la clase obrera ha resucitado para hacer una revolución, ustedes van a dar ejemplo de grandeza, me lo dice el corazón», Correo del Caroní, Ciudad Guayana, 22/5/2009, en www.correodelcaroni.com
(3) «Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. Desarrollo económico y social de la Nación (2007-2013)», Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Septiembre de 2007.
(4) En el texto de la resolución «se instruye a Petróleos de Venezuela, o la filial que esta designe, a tomar el control de las operaciones y posesión inmediata de las instalaciones, documentación, bienes y equipos». El Universal, Caracas, 21/5/2009, en www.eluniversal.com
(5) El Universal, Caracas, 23/5/2009, en www.eluniversal.com
(6) http://www.bolivarianos.ch/content/view/12/29/
(7) Correo del Caroní, Ciudad Guayana, 22/5/2009, en www.correodelcaroni.com
(8) El Universal, Caracas, 23/5/2009, en www.eluniversal.com
(9) Ver www.bloomberg.com y www.tenaris.com
(10) El Universal, Caracas, 15/3/2009, en www.eluniversal.com
(11) Banco Central de Venezuela, en www.bcv.org.ve
(12) El Diario de Guayana, 19 de abril de 2008, en www.eldiariodeguayana.com.ve
(13) El Diario de Guayana, 21 de junio de 2008, en www.eldiariodeguayana.com.ve
(14) El Diario de Guayana, 28 de febrero de 2009, en www.eldiariodeguayana.com.ve
(15) Nueva Prensa de Guayana, 31/3/2009, en http://nuevaprensa.com.ve
(16) El Guayanés Laboral, 28/11/2008, en www.el-guayanes.com
(17) El Guayanés Laboral, 25/11/2008, en www.el-guayanes.com
(18) http://laclase.info
(19) Ecosur, Año 1, N° 7, primera quincena de febrero de 2009.
(29) www.aimm-ven.org
(21) AIMMV: «Gaceta Oficial 38.882», 3/3/2008, en www.aimm-ven.org
(22) www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=874660
(23) Garmendia, Eduardo: «Perspectivas de la Industria Metalúrgica venezolana», AIMM, en www.aimm-ven.org
(24) Sutherland, Manuel: «Informe al Viceministro de Planificación y Desarrollo Regional Raúl Pacheco», Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Caracas, 15/9/2008.
(25) El Universal, Caracas, 15/3/2009, en www.eluniversal.com