Traducido para Rebelión por Sinfo Fernández
Introducción
¿Qué sucede con los dirigentes y partidos políticos electos que son derrocados o desestabilizados por fuerzas derechistas auspiciadas por EEUU y posteriormente resultan elegidos de nuevo? ¿Qué efectos tiene el golpe o proceso de desestabilización en las políticas del régimen en la «segunda ronda»? ¿Qué factores influyen en los dirigentes y partidos políticos durante el intervalo de su expulsión y su vuelta al poder? ¿Cuáles son las circunstancias políticas en las que un dirigente político vuelve al poder? ¿Lo hace con un programa más conservador o más radical? A un nivel más teórico, ¿qué factores motivan los cambios que, a tenor de la estrategia imperial, van desde la desestabilización a la aprobación de los puntos de vista de Washington sobre democracia e intervención autoritaria?
El presente documento considerará varios estudios de caso que recogen estas preguntas. Dichos estudios se refieren a cuatro países del Caribe (Guyana, Jamaica, Haití y la República Dominicana) y a dos de Sudamérica (Chile y Venezuela). Nos referiremos brevemente a la historia de la experiencia de cada país y después procederemos a analizar los cambios que tuvieron lugar antes de pasar a discutir los determinantes de los mismos.
En todos los casos nos centraremos en regímenes de izquierdas que fueron derrocados por elites locales derechistas financiadas y dirigidas por EEUU que, tras un período interino de mayor o menor duración, volvieron al poder con la aquiescencia de EEUU y de su elite local de colaboradores.
Guyana
El 24 de abril de 1953, en la anteriormente denominada Guyana «Británica», las primeras elecciones generales celebradas mediante sufragio de los mayores de edad dieron una rotunda victoria al izquierdista Partido Progresista Popular (PPP). Obtuvieron 18 de los 24 escaños del Consejo Legislativo. Bajo el liderazgo de Cheddi Jagan, el PPP empezó a llevar a cabo un programa descolonizador, de libertades democráticas y de legislación social en beneficio de los trabajadores. El gobierno Jagan abolió las medidas represivas que limitaban la libertad de expresión, de reunión y de información, aprobó una legislación sobre relaciones laborales que obligaba a los empresarios a negociar con los sindicatos mayoritarios y a reconocer la negociación colectiva de los derechos de clase dirigida por los sindicatos y promovió numerosas leyes de bienestar social relativas a sanidad, educación y patrimonio nacional. Igualmente importante fue la actitud de Jagan durante la Guerra Fría Jagan rechazando la postura anti-soviética de la OTAN. Menos de cinco meses después (9 de octubre de 1953), con un fuerte apoyo de Washington, el gobierno británico invadió Guyana, suspendió la constitución, destituyó al gobierno del PPP, declaró el «estado de emergencia», encarceló y disparó contra miles de personas y prohibió la mayor parte de las organizaciones de masas. El gobierno británico impuso un gobierno interino de unos tres años y medio. En agosto de 1957, se celebraron elecciones generales bajo una constitución muy restrictiva. A pesar de las persecuciones, represiones e intervenciones escandalosas, el PPP ganó 9 de los 14 escaños y Cheddi Jagan se convirtió en Primer Ministro. Entre 1957-1961, el PPP gobernó bajo el ojo vigilante del gobierno británico. En las elecciones generales de agosto de 1961, el PPP ganó 20 de los 34 escaños de la Asamblea Legislativa. Entre 1961 y 1964, el gobierno Jagan intentó limitar el poder de las corporaciones multinacionales, aumentando los impuestos sobre sus beneficios a la vez que promovía una mayor propiedad pública y control de la economía para poder financiar su programa de bienestar social. También se identificó estrechamente con el Movimiento de los No Alineados. Ante estas actuaciones, EEUU puso en marcha y financió a toda velocidad un plan de desestabilización, creando conflictos políticos para provocar división racial, daños en la economía mediante determinadas actuaciones de los sindicatos, disturbios y continua violencia callejera, todo lo cual obligó a Jagan a abandonar el poder. Posteriormente, diversas elecciones amañadas mantuvieron fuera del poder a Jagan durante casi treinta años (1964-1992).
En 1993, el PPP volvió al poder. Chaddi Jagan suscribió entonces un ‘programa de ajuste estructural’ del FMI, se manifestó y actuó a favor de la agenda neo-liberal de libre mercado y privatización de empresas públicas y contuvo los salarios pero no así los beneficios.
Jamaica
En 1972, Michael Manley y su partido, el PNP barrió en las elecciones celebradas en Jamaica, con un programa que postulaba una mayor independencia, socialismo democrático, reforma de la tierra -incluida la expropiación de las zonas azucareras de propiedad extranjera- e impuestos más altos sobre las corporaciones multinacionales del sector de la bauxita.
A pesar de las presiones cada vez mayores del FMI, de las corporaciones multinacionales, del Banco Mundial y de la CIA a través de la financiación por parte de la AFL-CIO [*] del derechista Partido del Trabajo Jamaicano, Manley y el PNP fueron reelegidos en 1976. Durante su segundo mandato, el gobierno de Manley procedió a nacionalizar sectores de la industria de la bauxita, desarrolló y profundizó lazos diplomáticos y acuerdos socio-económicos con Cuba y se mostró cada vez más crítico con la intervención imperialista estadounidense en el Tercer Mundo, concretamente en los casos de Chile, Angola y algún lugar más.
De 1976 a 1980, la CIA se embarcó en un amplio programa de desestabilización, proporcionando financiación y pistolas a las bandas bajo control del derechista Partido del Trabajo. Los EEUU, a través de sus representantes en el FMI y en el Banco Mundial, bloquearon los préstamos y comprometieron gravemente la posición de Jamaica en los mercados de capital. Miles de personas fueron asesinadas, los barrios se convirtieron en galerías de tiro al blanco, se multiplicó el narcotráfico, la economía se vino abajo y el pueblo sufrió graves privaciones e inseguridad. En aquella época Washington dedicó sumas importantes a financiar la derrota de Manley en las elecciones de 1980. Seaga se convirtió en Primer Ministro y procedió a privatizar las empresas nacionalizadas, a distanciar a Jamaica de Cuba y a ir a remolque de la línea que marcaba EEUU en las instancias internacionales. Como recompensa, Washington volvió a abrir el grifo de las instituciones financieras internacionales (IFI).
Nueve años de políticas neo-liberales polarizaron profundamente a la sociedad jamaicana y prepararon el terreno para la vuelta al poder de Manley en las elecciones de 1989. Una vez en el poder, Manley abandonó las políticas de «socialismo democrático», sustituyéndolas por las políticas neo-liberales «basadas en el mercado» del desacreditado régimen de Seaga, hasta que se jubiló en 1992 por razones de salud.
Chile
En 1970, una coalición de partidos de izquierda (Unidad Popular) dirigida por Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Su gobierno procedió a ampliar y profundizar la legislación sobre reforma agraria, a sindicar a los trabajadores rurales y las asambleas vecinales. El Gobierno se aseguró el apoyo unánime del Congreso para nacionalizar las minas de cobre de las que se había apropiado EEUU. Esas actuaciones fueron seguidas de una legislación que permitía que el gobierno comprara los bancos privados a fin de canalizar crédito público hacia las empresas productivas. Tras fuertes presiones de la clase trabajadora, el gobierno intervino industrias estratégicas que se habían manifestado conformes con los cierres patronales diseñados para desestabilizar el gobierno. Se incrementaron sustancialmente los presupuestos de educación y sanidad, así como los sueldos y el salario mínimo interprofesional de forma proporcional al aumento de los ingresos nacionales. Finalmente, el gobierno desarrolló el comercio y las relaciones diplomáticas con Cuba y trabajó estrechamente con el Movimiento de los No Alineados. Incluso antes de que Allende fuera elegido, EEUU había financiado a candidatos de la oposición; tras la elección, trató de sobornar al Congreso para que apoyara al candidato perdedor. Posteriormente, el gobierno estadounidense, dirigido por el Presidente Nixon y el Asesor para la Seguridad Nacional Kissinger, lanzó una campaña de desestabilización a gran escala, financiando grupos terroristas, propietarios de empresas de transporte, empresarios y oficiales militares para conseguir destrozar la economía. Cuando vieron que no lograban desalojar al gobierno del poder mediante desestabilización, los EEUU pasaron a apoyar un golpe militar en septiembre de 1973. Después de esta acción, EEUU abrió el grifo a fin de que llegara ayuda financiera masiva para que la dictadura de Pinochet pudiera encarcelar, torturar, asesinar y forzar al exilio a cientos de miles de chilenos. El régimen militar privatizó la mayoría de las empresas públicas y revocó todas las reformas sociales.
Tras 17 años de dictadura, una coalición de demócrata-cristianos y de socialistas ganaron en 1989 las primeras elecciones presidenciales. La coalición aceptó trabajar dentro de la constitución elaborada por la dictadura, profundizando y ampliando sus políticas neo-liberales de libre mercado, privatizando casi todas las empresas públicas que quedaban, defendiendo la legislación restrictiva laboral existente y promoviendo políticas que agrandaban las vastas desigualdades entre multimillonarios y clase trabajadora. En política exterior, el régimen apoyó las posiciones de EEUU en los foros internacionales. Estas políticas continuaron con la elección del ‘socialista’ Ricardo Lagos en el nuevo milenio, incluida la política de impunidad para los militares y policías secretos implicados en crímenes contra la humanidad.
Haití
En 1990, un sacerdote populista, Jean Bertrand Aristide, fue elegido presidente por un margen de cuatro a uno, con un programa basado en el desmantelamiento de las escuadrones de la muerte y de los militares rapaces, aumentando los impuestos a los ricos y dedicando bastantes fondos a sanidad y educación para los pobres. Aristide dio prioridad a la promoción de la inversión pública en la economía productiva, consiguiendo aumentar así el consumo de masas a nivel local y la participación popular a través de organizaciones sociales, especialmente de los comités de barrio. En política exterior, el gobierno prometió desarrollar las relaciones económicas y diplomáticas con todos los gobiernos, incluida Cuba. Menos de un año después (en 1991), Aristide fue derrocado por una junta militar a cuyo frente estaba el General Cedras, respaldado por la CIA.
De 1991 a 1994, la dictadura llevó a cabo una represión masiva, asesinando a miles de personas y obligando a decenas de miles a salir del país, sobre todo hacia la costa de Florida. En el interior de Haití, a principios de 1993, una resistencia popular masiva amenazó con derrocar la junta. Washington intervino y el régimen militar soltó el poder ante los ocupantes estadounidenses que invadieron el país, impidiendo el flujo masivo de emigrantes y las movilizaciones populares. En Washington, el Departamento de Estado impuso a Aristide severas exigencias neo-liberales como condición para que pudiera regresar. Aristide volvió al poder en 1994, donde se le permitió mantenerse sólo un año con el dudoso argumento de que su interrumpido mandato, que había empezado en 1990, terminaba en 1995. Con el respaldo de Aristide, Rene Preval fue elegido presidente en 1995. En noviembre del 2000, Aristide fue elegido presidente para un segundo mandato no consecutivo. A pesar del apoyo de la mayoría de los observadores internacionales, EEUU rechazó aceptar la victoria electoral de Aristide, poniendo en marcha una campaña de desestabilización. Aristide renunció parcialmente a la mayor parte de los contenidos de su anterior programa populista, pero mantuvo los lazos diplomáticos con Cuba, se negó a privatizar empresas estratégicas de propiedad pública y conservó el apoyo masivo de la mayoría de los inmensos barrios bajos urbanos y los empobrecidos haitianos del campo.
En 2004, EEUU invadió Haití y secuestró a Aristide en connivencia con antiguos oficiales militares, dirigentes de los escuadrones de la muerte y la oligarquía local. Se mató, encarceló e hirió a miles de personas. EEUU se aseguró la ocupación colonial reclutando fuerzas militares de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. El ejército ocupante fue encabezado por un general brasileño, bajo la dirección ‘formal’ de un chileno, Gabriel Valdés. Aristide se vio forzado a exiliarse en Africa.
República Dominicana
En 1962, Juan Bosch, fundador del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue elegido Presidente casi tres décadas después de la dictadura de Trujillo, que había contado con el apoyo de EEUU. En 1963, Bosch fue derrocado mediante un golpe militar apoyado por la CIA, tomando el poder un triunvirato dictatorial. En 1965, un levantamiento popular de masas cívico-militar derrocó la dictadura para restaurar el elegido democráticamente gobierno de Bosch. El Presidente Johnson despachó a 300.000 soldados estadounidenses para invadir y ocupar la isla. Con el respaldo de EEUU, un antiguo protegido de Trujillo, Joaquín Balaguer, ganó unas elecciones amañadas durante las cuales cientos de seguidores de Bosch fueron intimidados: asesinados, encarcelados y exiliados. Durante los años de Balaguer los escuadrones de la muerte ejecutaron a numerosos activistas de izquierdas, dirigentes de sindicatos y seguidores de Bosh.
Doce años después (1978), fue elegido presidente Silvestre Antonio Guzman, un empresario y candidato del PRD. Aparte de ampliar las libertades de prensa y de liberar a unos 200 prisioneros políticos, no se llevaron a cabo reformas ni sociales ni económicas. Guzman adoptó la agenda neo-liberal.
En 1980, fue elegido Jorge Blanco, también del PRD. Continuó con la privatización de empresas públicas, fomentando e implicándose en la corrupción masiva, por lo que más tarde se le procesó y juzgó en ausencia. El PRD aplicó religiosamente las medidas de austeridad prescritas por el FMI, incluyendo aumentos de precios en productos básicos y petróleo, a la vez que congelaba sueldos y salarios. Todo ello hizo que se generalizaran los disturbios masivos por todo el país.
Tras la re-elección de Balaguer en 1986, Juan Bosch disputó las elecciones presidenciales en 1990. Continuando con una plataforma esencialmente neo-liberal para el PLD, Bosch se aseguró la mayoría de votos pero no consiguió ganar las elecciones debido al fraude masivo que se produjo, legitimado y confirmado por el Departamento de Estado de EEUU y la Fundación James Carter. En 1996, resultó elegido Lionel Fernández, un cercano asociado de Bosch, con un programa neo-liberal ortodoxo.
Venezuela
Hugo Chavez fue elegido Presidente de Venezuela en 1998 tras una victoria electoral arrolladora. A lo largo de los cinco años siguientes, Chavez celebró varios referendum y elecciones con objeto de que una asamblea constituyente reformara y democratizara la constitución, pusiera fin a la omnipresente corrupción y promoviera reformas sociales. La coalición política que respaldaba a Chavez barrió en las elecciones para el Congreso, en las municipales y en las estatales. Chavez puso en marcha una serie de modestos incrementos presupuestarios en gastos sociales, un programa suave de reforma agraria en 2001 y una política exterior independiente que criticó la invasión estadounidense de Iraq y Afganistán, se opuso a la militarización por parte de EEUU del conflicto colombiano («Plan Colombia») y a la «guerra contra el terrorismo» de Bush. En abril de 2002, EEUU apoyó un golpe dirigido por militares y oligarquía, que derrocó a Chavez e instaló un régimen clientelista que procedió a suprimir todas las instituciones electas. En 48 horas, una marcha de un millón de personas, apoyada por oficiales militares defensores de la constitución, restauró en el poder al democráticamente elegido Presidente Chavez.
De diciembre de 2002 a febrero de 2003, los EEUU financiaron los cierres de empresas de las grandes patronales y la paralización de la industria petrolífera en un esfuerzo por obligar a dimitir al Presidente Chavez. La AFL-CIO, el National Endowment for Democracy y el Departamento de Estado a través de la Agency for International Development (AID) se dedicaron a financiar, en sus esfuerzos desestabilizadores, a la corrupta federación de sindicatos y a numerosas ONG. Con un respaldo popular masivo y el apoyo de los militares, la campaña de desestabilización se vino abajo y los dirigentes y seguidores del cierre patronal fueron despedidos. Desde comienzos de 2003 y hasta la actualidad (2005), Chavez ha ido adoptando una serie de medidas que profundizaban y ampliaban su programa de reformas sociales. La reforma agraria procedió a instalar en la tierra a unas 100.000 familias a través de una serie de aceleradas expropiaciones de grandes extensiones de haciendas infrautilizadas. Se subieron los impuestos que pagaban las compañías petrolíferas de propiedad extranjera y se renegociaron los contratos, todo ello con objeto de aumentar el patrimonio del sector público. Miles de cooperativas de productores y consumidores recibieron préstamos a bajo interés para que pudieran optimizar a sus empresas. La atención médica gratuita se extendió al 65% de la población, cubriendo completamente las necesidades de las clases más desfavorecidas. Se organizaron programas de extensión educativa y alfabetización masiva por todo el país. Venezuela profundizó sus lazos económicos y políticos con Cuba y aumentó el envío de petróleo bajo subsidio a sus vecinos del Caribe y Centroamérica. Venezuela diversificó su comercio para incluir a China, Irán, Rusia, Francia, así como también Argentina y Brasil, presentando una propuesta alternativa a la de ALCA (Área Libre de Comercio de las Américas) de EEUU. Desde que se produjeron el golpe y los cierres patronales, Venezuela y Chavez se han convertido en una clara alternativa a EEUU en Iberoamérica.
Análisis: El Impacto de los Golpes de Estado y la Restauración en el Poder
Está claro que los golpes de estado que EEUU propició consiguieron, por lo general, que dirigentes y partidos políticos de centro-izquierda se volvieran menos radicales, con la notable excepción del Presidente Chavez.
La pregunta que cabría hacerse es: ¿Qué es lo que produce la pérdida de radicalización en la mayoría de los contextos y no la produce en otros? Uno de los determinantes clave de la pérdida de radicalización de los anteriormente progresistas dirigentes políticos fue la forma en la que abandonaron el poder: en todos los casos, los dirigentes depuestos o huyeron a embajadas de países capitalistas occidentales (Lagos en Chile), o aceptaron sencillamente la derrota debido a la desestabilización, convirtiéndose en una impotente oposición electoral durante un período prolongado de tiempo (Manley, Jagan, Bosch), o aceptaron residir en EEUU (Aristide). En todos estos casos, esos líderes abandonaron las luchas sociales del conjunto de sus partidarios y la defensa de sus programas y empezaron a negociar con los poderes que les habían derrocado.
El segundo determinante del proceso de pérdida de radicalización vino conformado por el prolongado período fuera del poder y, en algunos casos, fuera del país, pero más específicamente fuera del contacto con los graves sufrimientos de sus empobrecidos seguidores. La mayoría vivieron confortablemente en el exilio con los subsidios de potencias europeas o de otros lugares. Los dirigentes depuestos se comprometieron levemente a organizar a sus seguidores, pero no se implicaron en las luchas de masas ni en la educación política para dar a conocer las limitaciones de las democracias capitalistas a la hora de emprender cambios sociales radicales.
Enfrentados a la necesidad de examinar de forma crítica su expulsión del poder por la intervención imperialista, esos líderes progresistas tuvieron que enfrentarse con dos líneas de debate opuestas. Por un lado, estaban quienes argumentaban que el programa de reformas de su régimen era demasiado radical, teniendo en cuenta el papel dominante del imperialismo de EEUU y sus vínculos con los militares y, por tanto, la única opción «práctica» era renunciar a las reformas socio-económicas a cambio de poder político. La segunda línea de razonamiento se basaba en que el programa de reformas no era lo suficientemente radical, ya que no se debió confiar en los militares ni en los compromisos y negociaciones con las elites, y en que faltó voluntad para reconocer la amenaza que suponían los EEUU. La crítica radical argumentaba que el régimen debería haber debilitado la intervención imperial expropiando a sus cómplices entre las elites locales, reorganizando las fuerzas armadas, creando una nueva milicia popular y reforzando las medidas de seguridad. Al final, todos los dirigentes progresistas (excepto el Presidente Chavez) eligieron la línea conservadora de razonamiento y la adaptación posterior al programa de Washington. La pregunta que cabe hacerse es por qué.
Tras su regreso al poder, dos fueron los factores que jugaron papeles cruciales en el «giro» de los ex progresistas y ex izquierdistas hacia políticas de centro-derecha y neo-liberales. Un factor importante fue la debilidad de la lucha interna -muy comprometida en los sectores más pobres de su base social-, lo que indicó a los dirigentes que el camino hasta el poder político iba a ser largo y lleno de dificultades. Esta percepción era egoísta y circular en una gran parte; al igual que los parlamentarios que les habían precedido, hicieron muy poco para dirigir u organizar al pueblo llano.
El segundo determinante era la fortaleza relativa de los seguidores externos de los depuestos partidos y dirigentes. Muy pocas fundaciones europeas social-demócratas ofrecieron subsidios y ayuda financiera a aquellos sectores y dirigentes de los partidos que prescindieron de sus anteriores programas progresistas y adoptaron la noción de democracia de libre mercado: recuperaron el acceso al poder político a cambio de un modelo centrado en el imperio y en el desarrollo capitalista. Como anfitriones de dirigentes «exiliados» (a la fuerza o autoexiliados), los EEUU y los europeos vieron que sus huéspedes recibían visitas de catedráticos, establecían compromisos y seminarios en universidades prestigiosas y en importantes foros mundiales, think tanks, fundaciones y ministerios oficiales.
En otras palabras, dirigentes y partidos fueron adoctrinados y vueltos a socializar para que consideraran, desde la perspectiva de sus anfitriones imperiales, sus dilemas políticos y opciones, y fueron recompensados por compartir sus valores, diálogos e ideas. Las recompensas adoptaron dos formas: sobornos inmediatos en términos de pagos monetarios, estatus (reconocimiento político y social por los poderes imperantes) y recompensas futuras mediante apoyo imperial o neutralidad en su intento de recuperar el poder político.
La eficacia de EEUU y los anfitriones imperiales europeos arraigó en las prioridades políticas de los dirigentes depuestos. Debido a que todos ellos eran políticos parlamentarios que tendían a dar mucha prioridad a la política electoral y a volver al poder político por encima de sus progresistas programas socio-económicos originales, se mostraban receptivos ante una operación política que les volvía a insertar en el poder presidencial, con la condición de mantener la estructura social existente y las fuerzas de seguridad impuestas por la intervención imperial y sus clientes.
El proceso de pérdida de radicalización ilustra la forma en que una secuencia a base de fuertes intervenciones y flexibles concesiones políticas por parte del imperio hacen descarrilar a partidos y dirigentes electorales progresistas y los convierten en clientes neo-liberales de dicho imperio.
Los medios de comunicación, periodistas, académicos y asesores políticos confunden el proceso de pérdida de radicalización y la marea de cambio de programas que sobrevienen al designar a antiguos partidos y dirigentes políticos con una etiqueta de pasado progresista que no tiene ningún valor cognitivo. De ahí la referencia a uno de los más extremados neo-liberales de Iberoamérica, el Presidente Ricardo Lagos como un «centro-izquierdista». Los mismos calificativos equivocados se aplicaron en su época a Manley, Jagan, Aristide y Bosh, incluso cuando llevaban a cabo los conservadores programas socio-económicos del FMI. Esto no se produjo simplemente por una cuestión de ignorancia. Para los objetivos propagandísticos era útil reforzar las «credenciales progresistas» de los regímenes neo-liberales ante las audiencias de allende los mares, «demostrando» así que incluso los dirigentes «radicales» del Tercer Mundo estaban adoptando el programa de libre mercado.
La derecha ha buscado siempre «cartas de recomendación» de antiguos dirigentes izquierdistas para dotar de legitimidad sus impopulares políticas de desarrollo centradas en el imperio, encontrándoles utilidad al emplearles como propagandistas con frecuencia, ya que están familiarizados con el lenguaje de la izquierda.
Venezuela: la Excepción a la Regla
La vuelta del Presidente Chavez al poder estuvo marcada por un giro significativo a la izquierda. Reemplazó a cientos de oficiales militares proclives a EEUU y a antiguos ejecutivos de la compañía estatal petrolífera, y auspició la formación de una confederación sindical alternativa que eclipsó con rapidez a la confederación subsidiada por EEUU. La radicalización social, política y diplomática del gobierno de Chavez tras su vuelta al poder fue consecuencia del transformado contexto político. En primer lugar, como Presidente electo, Chavez se comprometió profundamente con la movilización de masas, la educación política y la comunicación directa con el inmenso ejército de desfavorecidos de los barrios de chabolas que rodeaban Caracas y otras ciudades importantes. No hubo una brusca diferencia entre la política electoral de Chavez y sus campañas de educación política de masas entre elecciones. En segundo lugar, el conflicto entró con rapidez en una deriva internacional con la visible intervención de EEUU contra Chavez en nombre de las elites privilegiadas. En tercer lugar, las divisiones raciales coincidieron con la polarización de clase y anti-imperio: Los partidarios de Chavez eran de color, pobres y nacionalistas; los opositores blancos, ricos y pro-EEUU.
En cuarto lugar, Chavez como antiguo oficial militar se había asegurado la lealtad política de un sector importante del liderazgo militar con mando en tropa y deseosos de luchar junto a la mayoría electoral en contra de los golpistas civiles y militares apoyados por EEUU.
Finalmente, en cuanto al golpe, como se supo que Chavez había rechazado darse por vencido o presentar su dimisión, se convirtió en un símbolo de resistencia desde el principio. En otras palabras, los golpistas, cuando vieron que tenían que enfrentarse con un levantamiento popular de millones de gentes marchando hacia el palacio presidencial respaldados por una mayoría importante de las fuerzas armadas, renunciaron rápidamente al poder y se marcharon al exilio.
A diferencia de otros presidentes depuestos, Chavez no estuvo fuera del poder más de 48 horas y no pasó tiempo exiliado (fue un prisionero político breve) como impotente opositor parlamentario. Chavez volvió al calor de un levantamiento de masas triunfante basado en una intensa polarización de clase, que sirvió para debilitar las presiones de la derecha política e incrementar las luchas por las reformas sociales desde la izquierda popular. El segundo intento de golpe a través de los cierres de las grandes patronales desde diciembre de 2002 a febrero de 2003 también fue derrotado y además debilitó sus derechos económicos pero elevó las demandas de clase de los partidarios de Chavez entre las clases bajas rurales y urbanas. Con una derecha políticamente decapitada, unos EEUU temporalmente derrotados y una masa movilizada de desfavorecidos, Chavez respondió aumentando el gasto social y la financiación pública de almacenes populares, cooperativas, reforma agraria y promoción de reserva de milicias populares en los barrios bajos.
Dentro del movimiento Chavez, las fracciones más conservadoras habían desertado y se habían pasado a los golpistas durante 2002-2003; el resultado fue el advenimiento al poder de los titulares del poder social-demócratas y de dirigentes de masas izquierdistas radicales.
Derrotar a los golpistas respaldados por EEUU mediante la movilización de masas vía acción directa extra-parlamentaria, libre de «pactos» con los EEUU o las oligarquías internas, aseguró que la restauración de Chavez llevara a radicalizar su programa soco-económico. El golpe en contra de Chavez fue corto y sin consecuencias, estructuralmente hablando. El golpe al régimen no pudo reprimir violentamente, ni aterrorizar ni atomizar la base de las masas chapistas, ni levantar un Nuevo Orden «irreversible» de firmas públicas privatizadas y estrechar lazos financieros con Wall Street. El breve intento de desmantelar las instituciones representativas del estado y de la sociedad civil fueron revocadas con rapidez, y sus autores desacreditados políticamente a los ojos de la mayor parte del público democrático.
Conclusión
Los estudios de caso históricos sobre «cambio de régimen» como producto de las campañas de desestabilización, invasiones y golpes sugiere que los resultados discrepantes dependen de la naturaleza de los regímenes escogidos, sus vínculos con el pueblo y posmilitares, sus prioridades políticas, la duración del tiempo fuera del poder y las naciones anfitrionas en las que pasen la época en que estén fuera del poder.
En aquellos casos donde partidos y dirigentes progresistas estrictamente electorales abandonan el poder, tienen pocos vínculos importantes y continuados con su base de población y los militares, pasen una época larga como «huéspedes» en países imperiales y disfrutan de subsidios de donantes liberales, es muy probable que al volver a ocupar la Presidencia adopten políticas dirigidas por el imperio a cambio de mantenerse en el poder.
En el «caso excepcional» de Venezuela, donde la movilización electoral y política de las masas unió identidades nacionales, de raza y clase en políticas y vínculos democráticos con oficiales militares constitucionales, el cambio de régimen orquestado por EEUU fracasó en un doble sentido: No sólo fracasó en cuanto a reemplazar un gobierno titular democrático sino que además radicalizó su programa y prácticas sociales.
El «cambio de régimen» puede ser claramente una espada de doble filo; más exitoso contra regímenes electorales formales, pero mucho menos cuando va contra gobiernos y movimientos políticos con fuertes raíces en las masas, con vínculos con las mayorías populares y el poder militar.
(Quiero expresar mi agradecimiento al Profesor Dennis Canterbury por su ayuda a la hora de recopilar datos sobre los regímenes caribeños).
N. de T.:
[*] AFL-CIO: confederación de sindicatos en EEUU