El pasado 29 de julio en una asamblea efectuada en el Casero Santa Clara del Municipio Unda, el Alcalde Oswaldo Zerpa y el presidente de la cámara Municipal Amado Fernández entre otras autoridades locales, presentaron un nuevo grupo de policía «antiguerrilla», dirigido por Miguel Maziote Director de Seguridad Ciudadana del Estado. Estos dicen tener como […]
El pasado 29 de julio en una asamblea efectuada en el Casero Santa Clara del Municipio Unda, el Alcalde Oswaldo Zerpa y el presidente de la cámara Municipal Amado Fernández entre otras autoridades locales, presentaron un nuevo grupo de policía «antiguerrilla», dirigido por Miguel Maziote Director de Seguridad Ciudadana del Estado. Estos dicen tener como misión «acompañar» a la comunidad, siendo su primera actuación permanecer entre la población durante la reunión (asamblea), luciendo armas de fuego de largo alcance. Según los funcionarios del gobierno local, lo que los motivó a tomar esta decisión fue lo que califican como continuas «invasiones» a tierras que -según ellos- tienen «nerviosa» a la población, refiriéndose a la finca Santa Clara que ha sido ocupada por 42 familias del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y que durante la Asamblea hicieron constar que han desarrollado el procedimiento administrativo ante el INTI, tal como lo establece la ley. Los campesinos hablan de ocupación legal de tierras ociosas, mientras que las autoridades locales criminalizan la lucha campesina con el término «invasión» e «invasores».
Informan voceros del FNCEZ que esa noche, los nuevos «protectores de la comunidad», detuvieron a varias personas que no estaban cometiendo ninguna contravención y sin orden judicial, cerraron negocios que están operando legalmente. Al día siguiente, 30 de julio, detuvieron, acusándolo de «guerrillero», a Mauricio Valera, uno de los campesinos ocupantes de las tierras mencionadas, que se trasladaba desde la zona rural hacia la cabecera del municipio en su moto. Reportan que hostigaron, diciéndole que la franela del Frente Campesino que portaba era el uniforme (guerrillero), le hurtaron su medio de transporte, 6.000 bolívares, un Bolibomba y sus documentos, incluida la cedula de ciudadanía, pues no había ningún motivo para decomisarla ya que los documentos estaban en regla. El joven agredido denuncia que además fue interrogado por los policías por supuestas acciones guerrilleras que le atribuyen a los campesinos de la zona. Los campesinos se quejan de que miembros de las autoridades locales se muestran parcializados hacia los terratenientes y comienzan a utilizar a esta policía al servicio de intereses contrarrevolucionarios y opuestos a la revolución agraria.