El financiamiento responsable es hoy uno de los principales temas de discusión en los foros internacionales. La decisión de Noruega de cancelar las deudas de cinco países en desarrollo rompió con la tradicional concepción de los acreedores y sentó un precedente difícil de soslayar.
La histórica relación entre acreedores y deudores ha sido puesta en entredicho. La ilegitimidad de la deuda externa es hoy considerada como un argumento de denuncia por parte de los deudores. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa impulsa un proceso de auditoría de la deuda externa con el propósito de identificar los préstamos ilegítimos y repudiarlos. Para los principales acreedores y las instituciones financieras internacionales éste era un tema tabú. Sin embargo, una posición disidente surgió el año pasado desde el propio seno del poder.
Noruega, miembro permanente del Club de París*, rompió en 2006 con la concepción tradicional de este grupo en materia de deuda externa. El ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, anunció el 2 de octubre pasado la cancelación de forma unilateral y sin condiciones de deudas por ochenta millones de dólares que mantenían cinco países: Ecuador (ver cuadro), Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona. El gobierno noruego admitió que dichos préstamos fueron irresponsables y estuvieron motivados más en intereses internos que en el análisis objetivo de las necesidades de desarrollo de los países destinatarios.
El tema interno en cuestión fue la Campaña de Exportación Naviera promovida por el gobierno noruego entre 1976 y 1980. La exportación de ciento cincuenta barcos se realizó primordialmente para asegurar el empleo en la industria de la construcción naviera doméstica que se encontraba en crisis. Por este motivo, parece justo que Noruega acepte la responsabilidad compartida por las deudas derivadas de estos acuerdos.
Con esta decisión, Noruega rompió filas con el cartel de acreedores nucleados en el Club de París, que en su mayoría niegan haber otorgado préstamos de forma irresponsable o por razones políticas. Los países acreedores se han limitado a reclamar el cumplimiento total del servicio de la deuda, a expensas muchas veces de las posibilidades de crecimiento de los países más pobres. Por tanto, esta decisión es de fundamental importancia en relación a la ilegitimidad y responsabilidad de la deuda externa. «La cancelación de estas deudas tendrá efectos sobre nuestra forma de pensar acerca de una actividad crediticia responsable en el futuro. Al cancelar estas deudas, deseamos dar lugar a un debate internacional en materia de responsabilidad de prestamistas», expresó Solheim.
Un ingrediente también extraordinario de esta decisión es que Noruega no contabilizó esta cancelación como asistencia oficial para el desarrollo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo que típicamente las naciones acreedoras contabilizan las operaciones de cancelación en esta categoría. La práctica usual produce el efecto de inflar artificialmente los presupuestos de ayuda económica y mostrar que se está otorgando mayor asistencia que la real.
Numerosas organizaciones sociales que se movilizan contra la deuda externa han manifestado durante años que las deudas contraídas por dictadores para proyectos fracasados, o donde el dinero desapareció por prácticas corruptas, son ilegítimas y no constituyen la responsabilidad de la población. (Ver «Deuda externa: la opción del repudio» en Agenda Global Nº 3, jueves 17 de mayo de 2007.) El gobierno noruego recibió presiones internas y externas a favor de esta decisión. Una activa campaña liderada por organizaciones locales solicitaba que el país adoptara una postura audaz en este tema.
Al cancelar estos préstamos Noruega se encuentra en posición de exigir acciones por parte de otros acreedores e instituciones internacionales. Como accionista del Banco Mundial, solicitó un estudio sobre la deuda ilegítima y reservó recursos para respaldar esta investigación. Actualmente lidera también el debate sobre las condicionalidades que, en materia de políticas, las instituciones de Bretton Woods ligan a sus préstamos.
Pero pese a toda la evidencia en materia de deuda ilegítima y el perjuicio causado por las condicionalidades, hoy el Banco Mundial y el FMI siguen mostrándose incapaces de tomar una decisión como la de Noruega.
María José Romero es politóloga e investigadora de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).
* El Club de París es un foro informal de países acreedores cuyo rol es coordinar formas de pago y renegociaciones de deudas. Entre sus diecinueve miembros permanentes figuran los principales países industrializados del mundo.
CUADRO
Ecuador: un punto de inflexión
En el marco de la Campaña de Exportación Naviera de Noruega, la empresa privada Flota Bananera Ecuatoriana S.A. compró a un astillero noruego, entre 1976 y 1980, cuatro barcos frigoríficos por un valor de 56,9 millones de dólares, financiados por el gobierno del país escandinavo con fondos de ayuda al desarrollo y con aval del gobierno ecuatoriano.
Cuando en 1987 esta empresa quiebra, el saldo de la deuda pendiente de pago por valor de treinta y un millones de dólares fue asumido por el Estado ecuatoriano. De este saldo quedaron pendientes 13,6 millones que fueron objeto de varias renegociaciones en el Club de París. Parece increíble, pero en 2001 esta deuda se remontó a más de 51 millones, muy cerca del valor original de los cuatro barcos comprados, cuyo destino hoy se desconoce.
En 1998 las autoridades noruegas reconocieron que esta operación no contribuyó al desarrollo de los destinatarios, por lo que decidieron condonar el cien por ciento de estas deudas a los países pobres altamente endeudados, únicos beneficiarios de los programas de ayuda internacional. Ecuador y Jamaica, por ser países de ingresos medios, quedaron fuera de esta decisión. Su inclusión suponía un reconocimiento implícito de ilegitimidad, contrario a las «reglas del Club de París».
En noviembre de 2002, el Tribunal sobre Leyes y Moral, organizado por la Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo, hizo la primera denuncia de la campaña de exportación de barcos a Ecuador, pidiendo su anulación total por ser ilegítima. Alentado por la campaña noruega, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador hizo lo propio ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, solicitando una auditoría de esta deuda y su posterior anulación.
Luego de su investigación, la Comisión exhortó a las autoridades ecuatorianas a que requiriesen por vía diplomática al gobierno de Noruega la extinción total de esta deuda, por considerarla ilegítima con los siguientes argumentos: a) el crédito no se dio para ayudar a Ecuador sino por la necesidad de Noruega de salvar sus dársenas; b) no hubo evaluaciones sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte del gobierno noruego; c) los barcos han desaparecido y nadie sabe dónde están; y d) el crecimiento de la deuda ecuatoriana con Noruega sólo se explica por las condiciones onerosas de las renegociaciones y los retrasos, en el marco de los acuerdos con el Club de París.
Hasta ahora, la posición de los sucesivos gobiernos ecuatorianos frente al tema de la deuda con Noruega y a la resolución de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción ha sido la de evitar cualquier conflicto, con el argumento de que este reclamo dañaría la imagen del país y restringiría la inversión extranjera. Pero la llegada de Rafael Correa a la presidencia en enero de este año marca un punto de inflexión en esta lógica. Uno de sus objetivos es identificar la deuda que, sin discusión posible, puede dar lugar a una denuncia y a un repudio. Una comisión de auditoría, integrada por expertos nacionales e internacionales, comenzará a trabajar en este sentido.
Este artículo fue publicado el 7 de junio de 2007 en Agenda Global, un suplemento semanal que circula los jueves con el periódico La Diaria de Montevideo, Uruguay.