Venezuela acusó nuevamente a Washington de aplicar un doble rasero en materia de terrorismo, a raíz de que un juez estadounidense ordenó no deportar a dos militares venezolanos sindicados de atacar con explosivos sedes diplomáticas de Colombia y España. «Está demostrado muy claramente ante la opinión pública mundial que para la actual administración estadounidense existe […]
Venezuela acusó nuevamente a Washington de aplicar un doble rasero en materia de terrorismo, a raíz de que un juez estadounidense ordenó no deportar a dos militares venezolanos sindicados de atacar con explosivos sedes diplomáticas de Colombia y España.
«Está demostrado muy claramente ante la opinión pública mundial que para la actual administración estadounidense existe un terrorismo bueno y uno malo», afirmó el canciller venezolano Alí Rodríguez.
El terrorismo bueno según Washington, argumentó Rodríguez, «es cuando los terroristas atacan a países o gobiernos que no son de su simpatía, incluso a inocentes. Esta gente (los dos militares) está claramente incursa en la colocación de explosivos en varias sedes diplomáticas en Caracas».
Se trata de José Antonio Colina y Germán Varela, tenientes retirados de la militarizada Guardia Nacional venezolana, procesados por destrozar con explosivos, en febrero de 2003, las fachadas del Consulado General de Colombia y la Agencia de Cooperación Española en Caracas.
Los atentados se produjeron en horas de la madrugada y no hubo víctimas, sólo daños materiales.
Entonces Venezuela vivía un clima de aguda crispación política, al terminar una huelga de dos meses que paralizó la estatal industria petrolera y otros sectores económicos, en apoyo al reclamo opositor de un referendo que permitiese expulsar del poder al presidente Hugo Chávez.
Gobierno y oposición se inculparon recíprocamente, en ese entonces, por los atentados. El referendo finalmente se realizó en agosto de 2004, y Chávez fue ratificado con 59 por ciento de los votos válidos.
Como organizador de los atentados se detuvo al general Felipe Rodríguez, y como ejecutores se acusó a los dos tenientes, quienes viajaron a Estados Unidos y pidieron asilo, alegando que eran inocentes y que su delito fue acompañar a otros militares, casi todos retirados, que se declararon en desobediencia en una plaza en octubre de 2002.
Cuando los tenientes llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2003 fueron arrestados y así han permanecido –en un centro migratorio del sureño estado de Texas– aunque Colina dijo que tras la prohibición de deportarlos «se cierra un capítulo y creo que la libertad está cerca».
El juez de inmigración Neale Foster negó el asilo a Varela y Colina, pero la semana pasada prohibió al gobierno deportarlos alegando que en Venezuela podrían ser torturados, informó el abogado de los acusados, Matthew Archambeault.
El mismo argumento empleó en septiembre otro juez de inmigración, William Abbott, para rechazar el pedido venezolano de que extraditase a Luis Posada Carriles, juzgado como organizador del atentado contra un avión civil cubano en pleno vuelo, en octubre de 1976, que causó la muerte de 73 personas.
El juicio de los organizadores y ejecutores de ese atentado se realizó en Venezuela en los años 70 y 80, y Posada Carriles se fugó antes de que su sentencia quedase definitivamente firme, en 1985. El año pasado, luego de que Panamá lo liberó al cabo de algunos años de cárcel por otros delitos, apareció públicamente en Estados Unidos.
El canciller Rodríguez consideró un «pretexto» el argumento de que en Venezuela pueden ser torturados tanto los ex oficiales «como ese candoroso angelito Posada Carriles», ironizó. «Nadie puede, durante la gestión del presidente Chávez, exhibir que haya sido torturado, por lo menos no con la anuencia de las autoridades», agregó.
Alfredo Ruiz, de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, dijo a IPS que «contra detenidos en Venezuela se practica la tortura, pero un gobierno puede dar garantías suficientes a otro sobre la integridad» de un extraditado o deportado.
Sobre todo, dijo Ruiz, «si un Estado se niega a extraditar una persona a un tercer país, por temor a que sea torturada, debe entonces procesarla él, por esos delitos».
Desde 2004 recorren el mundo las imágenes y denuncias sobre torturas y otros malos tratos cometidos en las prisiones de Abu Ghraib (Iraq) y Guantánamo (Cuba), controladas por personal militar estadounidense.
El canciller Rodríguez destacó «contrastes muy grandes, por ejemplo entre el cuidado con el que vimos que se trasladaba al terrorista Posada Carriles en Estados Unidos, mientras vemos los atropellos contra la humilde gente que busca traspasar la frontera norteamericana», en referencia a los inmigrantes indocumentados.
«Eso llama la atención de los países lesionados, pero también de la opinión pública norteamericana. He leído numerosos artículos en muchos periódicos que condenan esa práctica de que lo que está conmigo es bueno y lo que no es malo», dijo el canciller.
Venezuela «seguirá insistiendo en que se cumplan tanto los acuerdos internacionales como los bilaterales, para logra la deportación de los militares», añadió Rodríguez.
La prohibición de deportar a los oficiales se produce cuando Venezuela ya ha aparecido en el «radar de seguridad» estadounidense, luego de que Caracas se alinease con Teherán en apoyo de su controvertido programa de desarrollo nuclear.