La crisis económica que sacude al mundo trae de cabeza a todos, y sobre todo a los trabajadores pues son quienes más sufren sus peores consecuencias: paro, exclusión, aumento de la precariedad, reducción de las prestaciones sociales, pérdida de derechos y un empobrecimiento creciente. Al parecer en España esta crisis va a ser todavía más […]
La crisis económica que sacude al mundo trae de cabeza a todos, y sobre todo a los trabajadores pues son quienes más sufren sus peores consecuencias: paro, exclusión, aumento de la precariedad, reducción de las prestaciones sociales, pérdida de derechos y un empobrecimiento creciente.
Al parecer en España esta crisis va a ser todavía más dura y prolongada que en otros países debido al «derrumbe» de la política del «ladrillo y cemento» sin control que estos años de atrás ha reportado grandes beneficios a promotoras inmobiliarias, constructoras y banca. Estos años de «bonanza económica» han dejado riqueza para algunos, pero, ¿qué han obtenido los trabajadores? Es cierto que ha existido más trabajo, pero también es cierto que se ha extendido un empleo de mala calidad, con salarios bajos que han llevado a una reducción del poder adquisitivo, pérdida de derechos, precariedad y siniestralidad. Mientras los precios de las cosas, y sobre todo de las «casas», han subido de forma escandalosa, los obreros no han visto como mejoraban sus condiciones de vida. Entre 1.999 y 2.005 los beneficios empresariales crecieron un 73 % mientras el poder adquisitivo del salario medio cayó cerca del 4 %. Tampoco han servido estos años para desarrollar mejores servicios públicos sino que se ha potenciado la privatización de servicios como la educación y la sanidad entre otros, a la vez que se reducían impuestos relacionados con la empresa, el patrimonio y el capital. España se ha estancado en el gasto público situado en el 38 % del PIB mientras otros países de la Unión Europea están por encima del 45 %. Tampoco se ha puesto remedio alguno a la economía sumergida ni al fraude fiscal, cercano éste al 5,5 % del PIB anual, unos 75.000 millones de euros, cantidad superior al gasto público en Educación.
Hay preocupación e incertidumbre, aunque de momento algunos están aprovechando la situación para hacer lo de siempre: acrecentar beneficios aunque sea a costa de una mayor explotación de los trabajadores y de la captación de recursos públicos. Es provocativa la llamada a la intervención estatal de la banca y la gran empresa, defensoras del libre mercado «bajo su control» que en época de grandes beneficios reclaman bajada de impuestos y más liberalismo y ahora pretenden socializar pérdidas y canalizar ayudas estatales para coger sitio en los «desajustes» de su mercado y poder seguir adelante buscando de nuevo grandes beneficios privados. El gobierno de Zapatero lanza bonitos mensajes que intentan tranquilizar a los más desfavorecidos por la crisis, habla de cambio en el modelo económico y de protección medioambiental pero a la vez desarrolla medidas que parecen ir en sentido contrario y aplaudidas por la CEOE como la bajada de algunos impuestos de sociedades, reducir la contribución empresarial a la Seguridad Social , la disminución del gasto público, ayudas a banca o potenciar la industria del automóvil en su modelo actual.
Se habla de una crisis del sistema productivo liberal capitalista en la era de la globalización, unida a una crisis social (pobreza y exclusión) y a una crisis medioambiental. ¿Qué va a pasar? Es difícil predecir lo que va a ocurrir en los próximos meses o años, lo que parece claro es que va a depender de la actitud de los trabajadores y los sectores sociales más desfavorecidos. Por su parte, los grupos dominantes van a procurar vadear esta crisis sin mojarse mucho, es más, intentarán aprovechar el miedo social para reducir prestaciones y servicios sociales, para tener mejores condiciones en las que explotar sus recursos y obtener mayores beneficios; léase aumentar jornada de trabajo, bajar salarios, reducir indemnizaciones por despido, tener ventajas fiscales, aumentar la flexibilidad de contratación, reducir y privatizar la asistencia social y los servicios públicos; es decir, dar pasos atrás en las conquistas de los trabajadores en la lucha por algo de democracia. La historia está ahí, quienes tienen el poder económico y político, si tienen que elegir entre capitalismo o democracia, no van a elegir la democracia, a la que se obstaculiza, reduce o anula según sus intereses particulares.
La sociedad civil en general, y sobre todo los trabajadores, ni pueden ni deben permitir retrocesos sino exigir y luchar para avanzar en el camino hacia una verdadera democracia, y para ello se hace necesario visualizar la incompatibilidad entre capitalismo y democracia, matrimonio de conveniencia que ha dado algunos frutos con la socialdemocracia y el desarrollo del estado de bienestar en algunos países pero que ha mantenido la injusticia social, la exclusión y grandes desigualdades; además de sostenerse sobre unas relaciones económicas internacionales de expolio que han tenido consecuencias sociales de pobreza y subdesarrollo sobre determinadas regiones de la tierra, sin olvidar el maltrato a la naturaleza que tantos problemas medioambientales ha generado.
No hay otra alternativa, o capitalismo, es decir, más de lo mismo, o democracia, es decir, el pueblo, los ciudadanos, se hacen cargo de la «política» para gestionar todos los asuntos de la convivencia social: la economía (medios de producción, producción y distribución); la política (la toma de decisiones y el diseño de instituciones necesarias a distintos niveles y ámbitos, tratándose en todo caso de instituciones de gestión en una democracia directa o participativa); el desarrollo científico – tecnológico y sus aplicaciones sociales; la atención a la salud, la educación, los medios de comunicación, etc., es decir, un sistema de democracia socialista o socialismo libertario. De esta manera podrán afrontarse los problemas sociales, económicos y medioambientales de nuestra sociedad; desde los intereses colectivos y no en base a intereses particulares de unas minorías que dominan en el actual sistema sociopolítico de democracia formal o representativa donde el poder político que dice representar al pueblo está más al servicio de esos intereses particulares (banca, multinacionales, grandes empresas) que de los intereses sociales y de los ciudadanos.
Es posible que los paladines de la «democracia» en este sistema de democracia formal no aspiren a tanta democracia, podrían empacharse; por ello, como el camino se hace andando, tenemos que empujar para avanzar en el camino de la democracia: socialización de recursos poniendo la economía al servicio de la sociedad por encima de intereses particulares minoritarios; desarrollar mecanismos de compensación y redistribución social de manera que todos los ciudadanos puedan tener una vida digna, unos servicios públicos de calidad y una efectiva igualdad de oportunidades; participación de los ciudadanos en las decisiones políticas; potenciar un desarrollo tecnológico menos agresivo con el entorno natural; fomentar redes sociales cooperativas en el control de la producción, la distribución y el consumo; y todo aquello que nos acerque a una sociedad auténticamente democrática.