El gobierno del presidente Hugo Chávez, denunció hoy un plan para provocar disturbios durante el entierro de cuatro víctimas de la violencia, entre ellos tres menores y un reportero gráfico, en tanto que grupos de manifestantes indignados protestaron en reclamo de justicia por estos hechos y en rechazo a la impunidad. El prefecto de Caracas, […]
El gobierno del presidente Hugo Chávez, denunció hoy un plan para provocar disturbios durante el entierro de cuatro víctimas de la violencia, entre ellos tres menores y un reportero gráfico, en tanto que grupos de manifestantes indignados protestaron en reclamo de justicia por estos hechos y en rechazo a la impunidad.
El prefecto de Caracas, Carlos Delgado, denunció que sectores de la oposición planificaron crear altercados en el sepelio de los hermanos canadienses Bryan, Kevin y Jason Faddoul, de 12, 13 y 17 años, respectivamente, secuestrados el pasado 23 de febrero para exigir un pago millonario, cuyos cadáveres aparecieron el martes pasado, junto con el del chofer de la familia.
Gracias a las redes sociales de ciudadanos se logró penetrar a los grupos para anular los planes, sostuvo Delgado, e insistió en la necesidad de colaboración y conciencia de los ciudadanos para evitar la violencia.
Según la denuncia, hubo reuniones para utilizar los hechos con fines político. El presidente de la Federación de Centros Universitarios, Juan Carlos Sandoval; el líder opositor Carlos Melo, y el ex dirigente Luis Miquelena estarían detrás de los planes con apoyo del grupo de choque Toma la Calle, que incluiría la toma de dependencias del gobierno y de centros universitarios.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la infiltración de los paramilitares colombianos que podría tener fines desestabilizadores, al referirse al asesinato de los tres hermanos canadienses y su chofer.
Por lo pronto, unos 200 periodistas se manifestaron frente al Ministerio del Interior y reclamaron la renuncia del ministro Jesse Chacón, a quien calificaron de ineficiente para controlar la delincuencia, tras el asesinato el miércoles del fotógrafo Jorge Aguirre cuando cubría las protestas por los crímenes de los hermanos Faddoul.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, dijo que Aguirre logró fotografiar a su asesino antes de caer herido de muerte, y que esa imagen será usada de prueba en las investigaciones. Prometió ante los periodistas ofrecer en un mes las primeras conclusiones de las investigaciones, mientras que en el departamento de Monagas se reportó el plagio de una mujer y su hija de tres años.
Mientras, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró hoy el asesinato del fotógrafo del diario El Mundo, e instó al gobierno a que investigue el caso «de manera rápida y eficaz».
El cardenal Jorge Urosa declaró que son legítimas las manifestaciones públicas en reclamo de justicia ante la ola de crímenes que en una semana cobró seis vidas, y señaló que el gobierno no debe ver en las protestas un intento de desestabilización.
El ministro de Información, William Lara, dijo que el gobierno no caerá en «la trampa» de los grupos violentos, que de una tragedia terrible buscan sacar provecho político y crear un clima como el de 2002, cuando hubo un efímero golpe de Estado contra el gobierno de Chávez.
En este contexto, el diputado costarricense José Miguel Corrales denunció que Estados Unidos aprovechará la autorización dada por el Congreso de su país para realizar patrullajes contra el narcotráfico en aguas de Costa Rica, para preparar una acción militar contra Venezuela.