Caracas, 23 de Noviembre de 2009 Señor Embajador: Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en la oportunidad de transmitir, para la debida consideración de los Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la fuerte preocupación del Gobierno de Venezuela sobre el […]
Caracas, 23 de Noviembre de 2009
Señor Embajador:
Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en la oportunidad de transmitir, para la debida consideración de los Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la fuerte preocupación del Gobierno de Venezuela sobre el conflicto armado colombiano el cual constituye, en nuestra opinión, una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales y me permito solicitarle que el mismo forme parte de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad.
Son claras las demostraciones del pueblo y Gobierno venezolano a favor de la paz y la legalidad internacional, cuya conducta se sustenta en una clara vocación pacifista y solidaria, cimentada en el apego a las normas y principios del derecho internacional público, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurídicos internacionales relevantes.
Venezuela ha expresado de manera reiterada su preocupación por el impacto del conflicto armado en Colombia sobre la paz y estabilidad en la región. Este clima de enfrentamiento en territorio colombiano se ha visto agudizado por la aplicación por parte de las autoridades de ese país de una política que privilegia, desde la perspectiva de la fuerza, la vía militar para solucionar una situación de violencia armada entre sectores de la sociedad de ese país que lleva más de varias décadas y tiene su origen en un marcado cuadro de desigualdad económica y social que aún persiste.
Su Excelencia
THOMAS MAYR-HARTING
Presidente del Consejo de Seguridad
Representante Permanente de Austria ante las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York.
El Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías ha manifestado de manera reiterada la necesidad de que las partes involucradas en el conflicto armado colombiano logren una solución política negociada al mismo. En tal sentido, Venezuela, por solicitud de Colombia, participó como facilitador del proceso que condujo a la liberación de ciudadanos colombianos retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado año. Este esfuerzo de facilitación adelantado por el Presidente Hugo Chávez Frías fue reconocido en una Declaración Especial por el Movimiento de Países No Alineados durante la Reunión Ministerial sobre Diversidad Cultural y Derechos Humanos, celebrada en Teherán, República Islámica de Irán, en septiembre de 2007.
La intensificación de las hostilidades entre las fuerzas militares colombianas y los grupos armados irregulares en ese país ha impactado de forma negativa a países vecinos con secuelas de paramilitarismo, narcotráfico y otras modalidades de crimen como el secuestro y el sicariato, entre otros problemas. Para Venezuela ha sido una constante preocupación cómo por varias décadas nuestro pueblo hermano ha sido afectado por un conflicto armado en cuyo desarrollo ha sido constante la violación de los derechos humanos y la incapacidad de los gobiernos colombianos de ejercer su autoridad sobre parte de su territorio en manos de grupos irregulares, lo cual ha originado innumerables incidentes en la frontera común con la República Bolivariana de Venezuela ante la evidente incapacidad del Estado colombiano de cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos que allí viven y de ejercer el control de su territorio.
Venezuela, al igual que otros países vecinos de Colombia, ha sido víctima del conflicto colombiano, el cual, en los últimos años, se ha agravado producto de una política guerrerista impulsada por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez que, lejos de llevar la paz a todo el territorio colombiano, ha violado de forma flagrante las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
Es de hacer notar, que en el conflicto armado que se desarrolla en Colombia se han dado violaciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional aplicable y de los derechos humanos que superan de forma ostensible las situaciones de conflicto armado que lamentablemente atraviesan otros Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y que sí forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad.
Sólo en materia de desplazados internos para el año 2007, en el numeral 6 de la página 02 del documento intitulado«Informe del Secretario General sobre la Protección de Civiles en conflictos armados» de fecha 28/10/07 (Documento S/2007/643), presentado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por Su Excelencia Ban Ki Moon, Secretario General de esta organización, se hizo una mención precisa del número de desplazados internos producto de los distintos conflictos a nivel mundial, el cual alcanzaba para ese año unos 24,5 millones de desplazados.
De esta cifra llama la atención cómo la República de Colombia fue superada en el 2007 sólo por Iraq y por Sudán/Darfur, cuando alcanzó una cifra de 2.100.000 desplazados internos y se ubicó por encima de Somalia, República Centroafricana, Chad y Afganistán en cuanto al número total de desplazados obtenido de la sumatoria de los desplazados internos de esos cuatro países, que fue de 1.714.000. (ver anexo 01).
Para el año 2009, en el párrafo 14 del «Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia», (Documento S/2009/434) del 28/08/09, el Secretario General señaló que su representante para la cuestión de los derechos humanos de los desplazados internos «ha advertido que la situación en Colombia es una de las más graves, ya que el país cuenta con la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo. Según el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social de Colombia, desde 1997 hasta diciembre de 2008 se vieron desplazadas 2.935.832 personas, más de 1 millón de las cuales eran niños.»
Adicionalmente cabe agregar que, la producción y comercialización de drogas ilícitas en Colombia se ha agravado en los últimos años hasta el punto que se ha constituido en una clara amenaza para la seguridad y estabilidad regional.En efecto, tal y como lo señala el párrafo 04 del «Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia» (Documento S/2009/434) del 28/08/09, «un 60 % de la producción mundial de cocaína tiene su origen en Colombia».
El narcotráfico ha penetrado lo más profundo del Estado colombiano. Así, las vinculaciones políticas e influencia que los cárteles tienen en Colombia alcanzan magnitudes insospechadas. En efecto, tal y como ha quedado señalado en el párrafo 03 del Documento S/2009/434 del 28/08/09, «los casi 50 años de conflicto ininterrumpido y la existencia de poderosos cárteles de narcotraficantes constituyen un grave impedimento para la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. Esta situación ha repercutido considerablemente en la seguridad de la población y en la situación humanitaria en general.«
La Fiscalía General de Colombia ha venido realizando una investigación que coloca en duda la legitimidad del Congreso de ese país debido al creciente número de congresistas implicados directamente con paramilitares y el narcotráfico. Para el año 2005 en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2006, surgieron informaciones sobre la presencia de allegados al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe. Instalado el nuevo Congreso, el propio Salvatore Mancuso, uno de los más poderosos líderes del paramilitarismo, una vez desmovilizado, aseguró que un 35 por ciento de los congresistas «eran amigos» de su criminal organización.
El entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, fue acusado de haber puesto ese organismo al servicio de los paramilitares. Noguera había sido jefe de campaña del hoy Presidente Álvaro Uribe en el Magdalena. Forzado a renunciar por la aparición de informaciones comprometedoras, Noguera fue nombrado Cónsul en Milán, pero las acusaciones en su contra seguían. El ex director del DAS regresó a Bogotá y fue capturado en febrero de 2007 sindicado de concierto para delinquir, colaborar y suministrar información a los paramilitares. Los paramilitares han infiltrado el sistema político colombiano, las instituciones colombianas atraviesan una profunda crisis de legitimidad.
A diferencia de lo que ocurre en Colombia, los logros de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico son internacionalmente reconocidos. Venezuela tiene programas de cooperación antidrogas con 37 países, incluyendo Francia, España y Portugal. El éxito de la lucha contra las drogas en Venezuela ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Policía Criminal Internacional (INTERPOL). De acuerdo al Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen de 2009, Venezuela es el segundo país de Suramérica con más incautaciones de droga, habiendo aumentado en un 35% sus incautaciones de cocaína. Como se sabe, Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Un comercio del cual se benefician también estamentos militares y políticos de Colombia.
Desde enero hasta septiembre de 2009, el Gobierno venezolano detuvo 4,490 individuos por crímenes relacionados al tráfico de drogas. De éstos, 4219 son ciudadanos venezolanos y 271 son ciudadanos extranjeros. Dada la extensa cooperación que existe entre Venezuela y otros países en el combate contra la droga, 20 ciudadanos extranjeros han sido extraditados este año, hasta el 13 de agosto. De ellos 10 son colombianos.
La eficacia del Plan Colombia en el combate a las drogas, en cambio, ha sido duramente cuestionada. La Oficina de Contraloría de los Estados Unidos (Accountability Office) ha notado que «La meta del Plan Colombia de reducir el cultivo, procesamiento y distribución ilegal de narcóticos, atacando los cultivos de coca no ha sido alcanzada.» El Plan Colombia no ha producido una disminución en el cultivo de coca o la producción de cocaína, por el contrario, la ha aumentado.
El pasado 19 de noviembre de 2009, Colombia acusó de forma desesperada a Venezuela por la voladura de dos supuestos puentes peatonales fronterizos. Nuestro Gobierno rechaza estos infundiosos señalamientos del Gobierno de Colombia, Venezuela procedió a la destrucción de pasarelas ilegales utilizadas fundamentalmente para el tráfico de drogas, el contrabando, especialmente de combustible y otras actividades ilícitas. No se trataba de puentes binacionales, ni estructuras de construcción formal autorizadas por ambos países, y fueron derribadas del lado venezolano, sin violar el territorio colombiano.
Este tipo de medidas es común en la estrategia contra el tráfico de drogas aplicada por todos los países del mundo. Sólo Gobiernos que no tienen la capacidad de ejercer autoridad sobre parte de su territorio y que han sido cooptados por el narcotráfico, pueden criticar públicamente las acciones legitimas que en pleno cumplimiento de sus atribuciones como Estado y en contra de actividades ilícitas en sus fronteras realizan otros países.
Con estas denuncias tergiversadas, el Gobierno de Colombia trata de ocultar y descontextualizar el hecho real de la instalación de las bases militares estadounidenses en su territorio. La estrategia de desinformar y generar alarma solo persigue desviar la atención sobre el verdadero problema que constituye la clara cesión de competencias propias del Estado colombiano a los Estados Unidos por parte del gobierno del Presidente Álvaro Uribe, convirtiendo a Colombia en la base de operaciones de la estrategia regional estadounidense de dominación y control sobre los países de América del Sur.
L os gobiernos de América del Sur han manifestado, por primera vez en la historia, su preocupación por la firma de un convenio militar bilateral. En la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en Bariloche, el 28 de agosto de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron, refiriéndose al Acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos, «La presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propicios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y la seguridad en la región».
Venezuela desea recordar que las disposiciones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos establecen que los niños afectados por un conflicto armado tienen derecho a ser tratados con especial respeto y a recibir cuidados y protección, incluso contra todas las formas de violencia y explotación sexuales. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las violaciones y otras formas de violencia sexual también constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población.
La Resolución 1894 (2009) de fecha 11/11/09 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece en su párrafo operativo tercero «que los ataques dirigidos deliberada y específicamente contra civiles y otras personas protegidas y la comisión de infracciones sistemáticas, manifiestas y generalizadas de las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en situaciones de conflicto armado pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y reafirma a este respecto que está dispuesto a examinar esas situaciones y, cuando sea necesario, adoptar las medidas apropiadas;»
Esta Resolución orienta al Consejo de Seguridad a examinar las situaciones existentes y, cuando sea necesario, a adoptar las medidas apropiadas, destacando que no establece como condición la tipificación o no como conflicto armado a la luz de las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, lo que equivale a decir, que el Consejo de Seguridad debe abocarse a estudiar la grave situación que representa el conflicto armado que atraviesa Colombia desde hace casi 50 años, así como sus repercusiones para la seguridad regional y para la paz y la seguridad internacionales.
Evidencias de la grave crisis humanitaria que vive Colombia como consecuencia de su conflicto armado, las podemos encontrar en documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, entre los cuales destacan:
1. «Los Niños y los Conflictos Armados: Informe del Secretario General(Documento A/63/785 – S/2009/158): (el subrayado es nuestro)
Este Informe fue preparado por el Secretario General por pedido del Consejo de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración de la Presidencia del Consejo S/PRST/2008/6, en donde se le solicitó al Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de sus resoluciones 1612 (2005), 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003) y 1539 (2004). (El subrayado es nuestro)
Párrafo 114. «Las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre la utilización de niños por miembros de las fuerzas de seguridad para fines de inteligencia, a pesar de que esto contraviene la política del Gobierno. El Ministerio de Defensa Nacional emitió tres directivas por las que prohibía esta práctica, de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia. En febrero de 2008 se informó de que la policía había utilizado a un niño de 12 años como informante en el departamento del Valle del Cauca. En consecuencia, el niño recibió amenazas de muerte de las FARC-EP y fue muerto en diciembre de 2008. También en febrero se supo que miembros del Ejército y de la Policía Nacional solicitaban información a niños de las comunidades rurales de El Carmen de Atrato y Quibdo, en el departamento del Chocó, sobre el paradero de grupos de guerrilleros y la identidad de sus miembros.»
Párrafo 116.«Las Naciones Unidas recogieron información fidedigna sobre casos de ejecuciones extrajudiciales de niños. En enero de 2008, un menor de 17 años desapareció del municipio de Soacha, cerca de Bogotá y un día después las Fuerzas Militares lo declararon «muerto en combate» en el departamento del Norte de Santander, ubicado en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Un caso similar se dio con un niño del municipio de Gamarra, en el departamento del Cesar, en agosto de 2008.»
2. «Informe del Secretario General sobre los Niños y el conflicto armado en Colombia» (Documento S/2009/434): (El subrayado es nuestro)
Este informe abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2008, ofrece información sobre las graves violaciones de que son objeto los niños, como muertes y mutilaciones, reclutamiento y utilización por fuerzas y grupos armados, secuestros, actos de violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario, y se hace hincapié en que es prioritario luchar contra la impunidad de estas graves violaciones.
Párrafo 12.«Se han atribuido graves violaciones de los derechos de los niños a todas las partes en el conflicto, pero principalmente a los grupos armados ilegales. Estos grupos continúan reclutando a niños, cometiendo delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas, matando a civiles, colocando minas antipersonal y llevando a cabo secuestros. También se ha tenido conocimiento de violaciones cometidas por oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia,lo que contraviene claramente la política del Gobierno.»
Párrafo 23. «In (sic) 2006, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la utilización de niños por las Fuerzas Militares de Colombia para actividades de inteligencia. El Ministerio de Defensa ha publicado tres directivas por las que se prohíbe esta práctica a todos los miembros de las Fuerzas Militares, pese a lo cual siguen registrándose incidentes. En febrero de 2008 se informó de que la Policía Nacional había utilizado a un niño de 12 años como informante en el departamento del Valle del Cauca. Posteriormente, el niño recibió amenazas de muerte de las FARC-EP y en diciembre de 2008 fue asesinado por un agresor desconocido.»
Párrafo 33. «Las minas antipersonal y las municiones sin detonar han tenido consecuencias graves para la población civil, incluidos los niños. Según el informe titulado Landmine Monitor Report 2007, el número de personas muertas o heridas en Colombia como consecuencia de los restos explosivos de guerra fue el más alto del mundo entre 2005 y 2007. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas, el número de víctimas entre 1990 y 2008 ascendió a un total de 7.515, de las que 722 eran niños. Según esa misma fuente, en 2008 murieron 14 niños (4 niñas y 10 niños) y resultaron heridos 32 (5 niñas y 27 niños) a consecuencia de esos artefactos. En enero, en el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, una mujer y su hija de 9 meses murieron al pisar una mina antipersonal; la mujer estaba embarazada de 5 meses. En junio, en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, 3 niños varones de 12, 14 y 16 años de edad murieron al activar accidentalmente una mina antipersonal. En julio, en el departamento de Bolívar, tres niños sufrieron heridas de gravedad, entre ellos una niña de 9 años que perdió una pierna.»
Párrafo 39. «Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, en el período que se examina 5 niñas y 3 niños fueron víctimas de actos de violencia sexual presuntamente cometidos por las Fuerzas Militares, y 18 niñas y 1 niño de actos supuestamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. También se ha reunido información sobre el caso de dos soldados que presuntamente violaron a una mujer y a su sobrina de 13 años en el departamento de Antioquia en noviembre de 2008.
Párrafo 42. «Los niños continúan siendo víctimas de las desapariciones forzadas. Desde 2006, la Fiscalía General ha encontrado en sepulturas clandestinas los cadáveres de 109 niños, casi todos ellos víctimas de los grupos paramilitares. La Fiscalía General está investigando también 1.636 casos de niños desaparecidos desde 2000, 187 de ellos en 2008.
Párrafo 48. «Las restricciones del acceso humanitario debido a las actividades de las partes en el conflicto ponen en peligro la prestación de asistencia humanitaria y los niños sufren las consecuencias. La presencia de minas antipersonal y de municiones sin detonar no solo dificulta enormemente la circulación de la población, sino también el acceso de los agentes humanitarios a ella.»
Párrafo 49. «En el período que se examina también se han producido ataques contra el personal humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataques contra misiones médicas aumentaron de 23 en 2007 a 35 en 2008.»
Párrafo 50. «Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las Fuerzas Militares de Colombia también limitan el acceso humanitario y el abastecimiento de artículos de primera necesidad.»
Párrafo 51. «También se recibió información sobre las restricciones de acceso a determinadas aldeas o municipios impuestas por las Fuerzas Militares, incluidas las relativas a la circulación de personas y de artículos como alimentos, medicamentos y combustible, como parte de la estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales. Por ejemplo, desde enero de 2008, las Fuerzas Militares limitan el paso de artículos de primera necesidad a varias aldeas del término municipal de El Dovio, departamento del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo confirmó que en mayo de 2008 se habían impuesto restricciones similares en el departamento de Vaupés.»
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desea recordar a los Miembros del Consejo de Seguridad que ha sido el Gobierno de la República de Colombia el que, de forma flagrante, ha concretado amenazas a la paz y la seguridad internacionales en abierta contradicción con el principio del derecho internacional, contenido en el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Ello ocurrió cuando en marzo de 2008 ejecutó una incursión armada en el territorio de la República del Ecuador violando la integridad territorial de esa nación hermana.
Esta acción ilegal puso de relieve la política belicista promovida por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la cual ha hecho de la noción del ataque preventivo -promovida por el ex Presidente George W. Bush-, parte fundamental de su doctrina de seguridad y defensa.
La agresión militar colombiana contra la República del Ecuador fue condenada por los países de la región, entre ellos, la República Bolivariana de Venezuela, al constatarse la violación flagrante de normas y principios del derecho internacional; así como la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada «Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas». La denuncia ecuatoriana sobre la violación de la soberanía e integridad territorial quedó recogida en el Documento S/2008/146del Consejo de Seguridad.
El rechazo unánime a dicha incursión militar obligó al Presidente Uribe, en un acto de contrición público y oficial en el marco de la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de marzo de 2008, a comprometerse a que su país no volvería a llevar adelante una acción militar guerrerista contra país alguno del continente americano, pronunciamiento éste del cual los miembros de ese mecanismo tomaron nota de las plenas disculpas que el Jefe de Estado colombiano ofreció al Gobierno y al pueblo del Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, perpetrada por fuerzas militares de Colombia.
El clima de confianza en la región que se había venido restableciendo tras los arreglos alcanzados en la XX Cumbre del Grupo de Río se ha visto afectado luego de los anuncios y posterior firma del «Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad» Colombia y los Estados Unidos, sobre el establecimiento de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano. El anunciado despliegue de fuerzas estadounidenses en Colombia en el marco de ese acuerdo de cooperación ha generado preocupación entre los miembros de la UNASUR, los cuales, de manera legítima, han advertido sobre los riesgos y amenazas que las mismas plantean para la paz, estabilidad y equilibrio militar de la región.
Sobre la base de una lógica perversa, el Presidente Álvaro Uribe y su equipo de gobierno, pretenden trasladar sus responsabilidades en el manejo del conflicto armado a otros Estados vecinos, como Venezuela, el cual como se ha señalado es víctima de las actividades del narcotráfico, paramilitarismo, sicariato y secuestro, generadas por la intensificación de las hostilidades con grupos armados al interior del territorio colombiano.
Como es bien conocido, el Estado colombiano al privilegiar la seguridad de sus áreas urbanas, principalmente las grandes ciudades, abandonó la custodia y protección de sus fronteras, situación ésta que fue aprovechada por los grupos armados para ejercer el control de dichos espacios y, por ende, el desarrollo de actividades criminales con incidencia sobre terceros países.
Este amplio y desproporcionado despliegue militar estadounidense en suelo colombiano intenta justificarse bajo un esfuerzo bilateral de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos argumentos son falsos y no disipan las dudas e inquietudes que tienen los países de la región suramericana sobre estas bases militares, percibidas en términos de amenaza debido a la magnitud del programa que se pondrá en práctica con la instalación de equipos para la guerra electrónica, efectivos militares y personal de empresas contratistas de seguridad. El fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos está orientado a proyectar su poder global para disuadir bajo la amenaza de intervenciones militares a países que mantienen una posición crítica en relación con su política imperialista.
Estos lineamientos estratégicos se reiteran en el documento de justificación del financiamiento del proyecto de la Base Militar de Palanquero del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el cual se solicitaron y aprobaron en mayo 2009, 46.000.000 de dólares estadounidenses para construir lo que denomina «Lugar de Cooperación en Seguridad» y mejorar las instalaciones en Palanquero. La partida está incluida en el Capítulo de: «Posicionamiento de Defensa Global», en el que se explica la estrategia de Estados Unidos a la hora de ubicar personal y bases militares en el extranjero.
El Documento del Programa de Construcción Militar del Departamento de la Fuerza Aérea de los EEUU de mayo de 2009 refiere como Datos de Justificación entregados al Congreso de ese país los siguientes:
«…mejorará la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, asegurando el acceso regional y la presencia militar estadounidense con un costo bajo. Una presencia también incrementará nuestra capacidad de conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de guerra expedita».
«…La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica. (…) La intención es utilizar la infraestructura existente al máximo posible, mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense con un costo mínimo. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos».
Contrario al discurso que ha promovido Colombia respecto a que la vía militar -incluyendo el acceso irrestricto a bases por parte de militares estadounidenses – conducirá indefectiblemente a la finalización del conflicto armado, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estima que la intensificación de las operaciones militares generará una situación de mayor violencia armada que potenciará la diáspora colombiana de desplazados hacia muchos países del mundo, en particular, hacia los Estados vecinos.
Las acusaciones contra Venezuela de armamentismo no pueden ser más falaces. Sólo el 1,1% del Producto Interno Bruto de Venezuela se dedica a la modernización de equipos militares, por debajo del promedio regional de 1,7%, y muy significativamente por debajo del 5,7% de Colombia. En contraste , el Gobierno de Venezuela dedicará 45,7% del presupuesto de la Nación para 2010, a la inversión social, a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Venezuela ya ha superado la meta del milenio de reducción de la pobreza extrema y, de acuerdo a la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el país de la región que ha avanzado más en la reducción de la desigualdad.
Consciente de que la paz de Colombia es la paz de América Latina, tal como lo ha expresado el Presidente Hugo Chávez Frías, el Gobierno venezolano ha reiterado la necesidad de que se llegue a una solución política negociada que conduzca a la superación de este conflicto armado que ha provocado a lo largo de más de cuatro décadas un elevado número de víctimas.
En el marco de su prédica belicista, el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe concibe la seguridad de su país en términos absolutos provocando, en consecuencia, inseguridad sobre los Estados vecinos. El establecimiento de las bases militares estadounidenses en suelo colombiano y la continua asistencia militar que los Estados Unidos ha venido brindando a Colombia desde 2001, ha acentuado los dilemas de seguridad en la región suramericana y creado desequilibrios en la correlación de fuerzas a nivel subregional producto de la carrera armamentista desatada por las autoridades del Palacio de Nariño, con el apoyo del Gobierno estadounidense.
Por tal motivo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al reiterar una vez más su vocación pacifista y respeto irrestricto a los principios y normas del derecho internacional que rigen las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos aplicables , desea significar que continuará atento al desarrollo del conflicto armado que ocurre en la República de Colombia y a las posibles consecuencias que el establecimiento de bases militares extranjeras en ese país ocasione para la seguridad de Venezuela y de la región, tomando las medidas que sean necesarias para salvaguardar, dentro del orden jurídico legítimamente establecido y con total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la seguridad de la Nación, la paz y el bienestar del pueblo venezolano.
Sobre el particular, señor Presidente, al estimar en virtud de los argumentos expuestos que el conflicto armado colombiano constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales, me permito solicitarle que el mismo forme parte de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad. En igual sentido, m ucho agradeceré se sirva disponer que la presente carta sea distribuida como documento del Consejo de Seguridad.
Sin más a que hacer referencia aprovecho la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración
NICOLÁS MADURO MOROS
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
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ANEXO O1
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (S/2007/ 643 ) 2007 |
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|
País |
Número de Desplazados Internos |
Observaciones |
|
Iraq |
2.200.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
|
Sudán / Darfur |
2.200.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
|
Colombia |
2.100.000 |
No es tema del Consejo de Seguridad |
|
Somalia |
1.200.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
|
República Centroafricana |
300.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
|
Chad |
170.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
|
Afganistán |
44.000 |
Tema del Consejo de Seguridad |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las cifras presentadas en el Documento S/2007/643 del Consejo de Seguridad.