Los períodos electorales deben ser momentos de debate sobre las grandes cuestiones estructurales de la sociedad brasileña, apuntando a la naturaleza de nuestros problemas y las soluciones necesarias. Desafortunadamente, cada vez más, el poder del capital secuestra la política y las instituciones públicas, impidiendo así las transformaciones políticas y económicas que interesan al pueblo brasileño. […]
Los períodos electorales deben ser momentos de debate sobre las grandes cuestiones estructurales de la sociedad brasileña, apuntando a la naturaleza de nuestros problemas y las soluciones necesarias. Desafortunadamente, cada vez más, el poder del capital secuestra la política y las instituciones públicas, impidiendo así las transformaciones políticas y económicas que interesan al pueblo brasileño.
Durante 30 años, el MST ha contribuido a la democratización de la tierra a través de la lucha por la Reforma Agraria. En febrero de 2014 celebramos el VI Congreso del movimiento, con la aprobación de nuestro Programa Agrícola en defensa de la Reforma Agraria Popular. Luchamos por cambios en la relación con los bienes de la naturaleza, en la producción de alimentos y las relaciones sociales en el campo. Queremos contribuir permanentemente en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y democrática.
La tierra debe ser democratizada y cumplir con su función social. El campo debe ser un espacio bueno para vivir, donde los derechos de las personas sean respetados, con la garantía de condiciones de vida dignas. Luchamos y exigimos una política efectiva, estructurante y masiva de Reforma Agraria Popular, indispensable para la permanencia de las familias en el campo, con producción y distribución de riquezas.
Exigimos la actualización inmediata de los índices de productividad, prevista en la legislación brasileña, que permita el acceso a la tierra a miles de familias. Necesitamos de la elaboración y ejecución de un nuevo Plan Nacional de Reforma Agraria – PNRA, con metas de asentamientos de familias y el establecimiento de prioridades por regiones. Es necesaria la recaudación de las tierras usurpadas de la Unión y la expropiación de latifundios en todos los estados. Además, las tierras ociosas invadidas principalmente por el capital bancario y por las empresas transnacionales del agronegocio, deben ser expropiadas para los fines de la Reforma Agraria. Lo mismo debe ocurrir con las haciendas endeudadas con los bancos públicos, agencias gubernamentales, las áreas donde se haya identificado la explotación por trabajo esclavo y las que no cumplen con la función social.
Reclamamos el asentamiento inmediato de más de 120 mil familias que están viviendo en condiciones precarias en centenares de campamentos por todo el país. Es necesario destinar para la Reforma Agraria las tierras de los proyectos de riego y las del entorno de los canales de transposición de las aguas. Para eso es necesario el fortalecimiento, la reorganización y la calificación del INCRA, como órgano responsable por la Reforma Agraria y que garantiza las condiciones para su implementación.
Nos sumamos a las luchas y demandas, junto a las otras fuerzas sociales del campo, para la inmediata demarcación y legalización de todas las áreas indígenas y quilombolas y en posesión de los pueblos ribereños, pescadores y comunidades tradicionales, como establece la Constitución Federal de 1988.
La no realización de la reforma agraria agrava los conflictos sociales en el campo. Demandamos justicia y castigo a los autores intelectuales y a los asesinos de trabajadores y trabajadoras en el campo.
La agricultura brasileña debe priorizar la producción de alimentos sanos, como un derecho humano y como principio de la soberanía alimentaria. Los alimentos no pueden ser mercancía, fuente de explotación, de lucro y de especulación. Para eso, exigimos políticas públicas que garanticen condiciones para la producción agroecológica, sin agrotóxicos, con calidad, diversidad y precios bajos para toda la población brasileña. Los gobiernos, tanto el federal como los estaduales, necesitan incentivar y garantizar la producción, selección y almacenamiento de semillas por los propios campesinos, combatiendo así las semillas transgénicas y la dependencia política y económica de las empresas transnacionales que monopolizan su producción y comercialización. Estamos en contra de las leyes de patentes y la privatización de nuestras semillas.
Es indispensable, para el desarrollo social y económico del campo, retomar, ampliar y garantizar los instrumentos de compra de todos los alimentos producidos por la agricultura campesina, para atender escuelas, sistema de salud, de seguridad y universidades, al instar del Programa de Adquisición de Alimentos -PAA- y Programa Nacional de Escolar -PNAE-.
La educación es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde ellas viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas, culturales y sociales.
Necesitamos que todas las áreas de asentamientos y campamentos tengan su propia escuela, con las condiciones necesarias para su funcionamiento. No aceptamos el cierre de ninguna escuela del campo y exigimos la implementación de un programa masivo para erradicar el analfabetismo. Luchamos por la defensa, universalización, ampliación de recursos y el acceso efectivo al Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria -PRONERA-, asegurando que los jóvenes y adultos que viven en el campo puedan avanzar en la escolarización.
El asentamiento es nuestro territorio de lucha, producción, reproducción y garantía de nuestra vida, lugar de defensa y construcción de un modelo de agricultura, con la producción de alimentos y acceso a los bienes sociales y culturales. Para ello, es necesario garantizar condiciones dignas de vida a las poblaciones campesinas y urbanas, para producir una nueva sociabilidad.
Exigimos políticas de protección de los bienes de la naturaleza, de aguas y fuentes, asegurando que todas las familias campesinas tengan acceso al agua potable y de calidad, con saneamiento básico. Rechazamos el proceso de privatización del agua.
Luchamos por la implementación de un programa de vivienda popular en el campo, que garantice el acceso rápido y sin burocracia, para eliminar el déficit actual de más de un millón de casas para la población campesina.
Reivindicamosla ampliación y ejecución de un programa de agroindustrialización en las áreas de Reforma Agraria, a partir de las cooperativas de los trabajadores y trabajadoras, en forma desburocratizada. Es preciso asegurar la implementación de tecnologías apropiadas a la realidad de las comunidades campesinas, con el desarrollo de programas de maquinarias y equipamientos agrícolas.
Es urgente la reorganización y fortalecimiento del sistema público de Asistencia Técnica y Extensión Rural, para orientarlo y subordinarlo a las necesidades y objetivos de los campesinos y campesinas. A éste, debe sumarse un programa de crédito rural que contribuya a la estructuración del conjunto de todas las unidades y sistemas productivos y sus diferentes sistemas de producción, estimulando y fortaleciendo el cooperativismo, la comercialización y la industrialización de la producción. Reclamamos la garantía y ampliación de los derechos laborales y la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras asalariados del campo.
Es necesario el compromiso de todos y todas para la realización de una amplia reforma política, que democratice las instituciones y le brinde al pueblo la posibilidad de elegir a sus representantes.
Éstos son algunos de los cambios urgentes y necesarios, para mejorar las condiciones de vida y de ingresos en el campo, que todos los gobernantes electos deben implementar. Reafirmamos nuestra voluntad de luchar de manera permanente por la defensa y construcción de la Reforma Agraria Popular y de una sociedad socialista.
Coordinación Nacional del MST