La carta que sería entregada al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en la visita que éste realizaría a Santarém, región oeste del Estado de Pará, fue divulgada hoy, por el Frente en Defensa de la Amazonia (FDA). En la visita, que fue cancelada, el Secretario iba a evaluar la situación de […]
La carta que sería entregada al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en la visita que éste realizaría a Santarém, región oeste del Estado de Pará, fue divulgada hoy, por el Frente en Defensa de la Amazonia (FDA). En la visita, que fue cancelada, el Secretario iba a evaluar la situación de la Amazonia en relación con el calentamiento global, aunque la programación preveía sólo cinco horas de estadía en la región.
El momento iba a ser aprovechado por las organizaciones sociales de la región para entregar una carta, en la cual realizan una serie de denuncias sobre la real situación de deforestación de la Amazonia. En el documento, las organizaciones critican la realización de una de las etapas del «Forum Internacional de la Madera Tropical», al que comparecería Ban Ki Moon. El evento reunió, los días 11 y 12 de noviembre, en Santarém, a madereros y gobernantes de diversas partes de Brasil y del mundo para disertaciones, cenas y visitas a unidades de conservación de la Amazonia.
La carta hace referencia a una especie de recolonización de las tierras brasileras, que estaría sendo realizada por madereras extranjeras, con el apoyo de empresarios y gobernantes locales y nacionales. «El interés comercial latente con que los empresarios locales y las esferas de gobierno municipal, estatal y federal vienen demostrando con los visitantes, escamotea la total indiferencia con que las comunidades locales son tratadas en la definición del uso de sus territorios. Otra vez nuestra región es vista como ‘tierra sin pueblo'», destacan las organizaciones.
Según ellas, la conferencia programada para dar comienzo al Forum, en la cual estuvo presente la ministra de medio Ambiente, Marina Silva, sería una oportunidad para lanzar argumentos sobre as ventajas del instrumento que privatiza millones de hectáreas, a través de la nueva Ley de Gestión de Florestas Públicas». De acuerdo con las organizaciones, en vez de resolver el problema de las tierras de la Amazonia, la ley 11.284/2006 viene a instituir y reglamentar la concesión de florestas públicas para la explotación privada de los recursos madereros y servicios forestales.
«La legislación brasilera recientemente creada para abastecer al agronegocio internacional de la madera, no es nada más que un aparato político y jurídico para ordenar el territorio de modo de viabilizar, para los grandes grupos económicos, el acceso a la tierra por vías menos truculentas, más ‘técnicas’, de liberar el acceso a los recursos del incómodo obstáculo de indios, caboclos, quilombolas y ribereños y demás ‘salvajes'», dice la carta.
El proceso de concesión de tierras a las madereras preocupa a los manifestantes también por el hecho de ofrecer un riesgo todavía mayor a la población indígena. Según ellos, el proyecto representa una gran amenaza para esas poblaciones por permitir la explotación de grandes fajas de tierra que pueden sobreponerse a aquellas pertenecientes a los indígenas, pero que todavía no están demarcadas oficialmente. Conflictos de este tipo, dicen, podría llevar a diezmar comunidades enteras.
«Los derechos de los pueblos de la floresta son sistemáticamente violados y su modo de vida y sus saberes ridiculizados en confrontación con la tecnocracia desarrollista de un ‘ambientalismo’ pro-mercado», critican. Conforme relataron, en los pocos «debates sobre la Ley que pasa a gerenciar una vastísima porción de la Amazonia, los argumentos de los pregoneros del ‘desarrollo sustentable’ se pautaron en la premisa de que la adopción de técnicas de ‘manejo forestal’ garantizarían el ‘uso sustentable’ de la floresta».
El documento sugería al Secretario de la ONU que, que en vez de hacer una visita a la maderera «modelo» Rancho de la Cabocla (primera colocada en el ranking 2007 en actuaciones del Ibama, con casi R$ 2.000.000 de multas recibidas como consecuencia de delitos ambientales), visitase las comunidades del río Uruará, Glebas Pacoval y Nova Olinda o la ciudad de Novo Progresso para constatar las actividades de saqueo de las florestas tradicionalmente ocupadas, violencia, amenazas, terror y expropiación bajo las cuales viven los habitantes de esa región. La carta criticó también la inexistencia de una programación que verifique los daños social y ambiental que acompañan el accionar de las madereras.
De acuerdo con la organización, son exactamente los anfitriones del Forum los grandes representantes de cómo funciona la «industria maderera» en el oeste de Pará. Según ellos, en el Forum, parece que la conducta delictiva, en vez de descalificar, es un criterio de selección.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]