Aprovechar esos recursos es la base de la disputa por la nueva Ley del Mercado de Valores
En el fondo de la disputa por la nueva Ley del Mercado de Valores subyace el aprovechamiento de casi 600 mil millones de pesos acumulados en los fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos, los cuales buscan ser utilizados por los más grandes corporativos del país para financiar proyectos de expansión y hasta de inversión directa en el extranjero.
El uso de estos recursos, dados a la iniciativa privada para su manejo a través de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), ha dejado a este tipo de empresas financieras ganancias netas por 21 mil 235.8 millones de pesos durante el gobierno del presidente Vicente Fox.
Pero se han utilizado principalmente para financiar al gobierno federal a través de la adquisición de sus bonos de deuda, aún cuando su espectro ya ha dado los primeros pasos para su aprovechamiento por parte de los grandes corporativos privados que operan en el país.
En tanto se resuelve el destino de la nueva Ley del Mercado de Valores en el purgatorio del Congreso, el Franklin Templeton Investments, la tercera compañía independiente en importancia de Estados Unidos en fondos de inversión, anunció la apertura de oficinas en México para aprovechar que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefore) pueden utilizar hasta 20 por ciento de su cartera de inversiones en valores internacionales y hasta 15 por ciento en acciones de empresas.
Hasta agosto de este año, 60.2 por ciento de los recursos para la jubilación de los trabajadores se encontraban invertidos en bonos de la deuda interna emitidos por el gobierno federal, esto es, casi 361 mil millones de pesos.
De acuerdo con el seguimiento del banco central, otros 81 mil 500 millones se destinaban a la compra de Bonos de Regulación Monetaria (Brems) -emitidos por el Banco de México como antídoto inflacionario-; en títulos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para financiar el rescate bancario, y en papeles del Farac, para el rescate carretero.
Además, más de 4 mil 120 millones de pesos de las Siefore se empleaban en agosto de 2005 para la compra de unos bonos de deuda denominados certificados bursátiles, emitidos por gobiernos estatales y municipales para su financiamiento. Y 18 mil millones de pesos más de los fondos de las Siefore, que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) »son propiedad de los trabajadores mexicanos», se encontraban colocados en títulos emitidos por empresas y organismo públicos, principalmente de Petróleos Mexicanos.
Las disputas del SAR
La participación de las empresas privadas en el aprovechamiento de los fondos para el retiro de los trabajadores, administrados por las Afore e invertidos por las Siefore, ha sido relativamente precaria, pero hay elementos en el ambiente que parecen indicar que 600 mil millones de pesos, unos 55 mil millones de dólares, son un buen bocado como para dejarlo pasar.
El grupo financiero Banamex-Citigroup deslizó en uno de sus análisis »que existe en proyecto una iniciativa para flexibilizar (bajar el costo) la operación de las Afore en los mercados de acciones». En tanto el director general para América Latina de Franklin Templeton Investments, Bill Pingleton, estima que hacia 2015 México podría tener uno de los fondos de pensiones más grandes de la región y administrar más de 255 mil millones de dólares.
»El reto será conseguir que los inversionistas locales se habitúen al concepto de emplear una diversificación como medida para reducir el riesgo», dijo el ejecutivo de Templeton Investments, al cual forma parte de Franklin Resources INC, que administra más de 452 mil millones de dólares en activos y cuenta con 11 millones de clientes en el mundo.
Según los informes del Banco de México, hasta agosto de 2005 las Siefore tenían invertidos 44 mil 330.4 millones de pesos en títulos emitidos por los grandes corporativos privados que operan en el país, es decir, 7.4 por ciento del total de los recursos de pensión de los trabajadores mexicanos, mientras en valores extranjeros había menos de uno por ciento.
Sin embargo, las pensiones de los trabajadores mexicanos son un elemento fundamental en la estrategia que diversos corporativos nacionales han seguido en sus planes de inversión y les ha permitido, incluso de manera arrogante, desdeñar al mercado de valores de Nueva York bajo el argumento de que »está sobrerregulado» y les representa gastos por más de 100 mil dólares al año.
Por el camino verde
La sobrerregulación que aducen se refiere a la Ley Sarbanes-Oxley, creada para prevenir la repetición de fraudes financieros como los de Enron o WorldCom.
Por esos motivos, siete de las 25 empresas mexicanas inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York decidieron retirar sus títulos de ese mercado. La primera fue Interceramic, en septiembre de 2004; le siguió el Grupo Desc, del que forma parte Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía del gobierno de Ernesto Zedillo; en abril de este año Industrias Monterrey (IMSA) que tiene en la presidencia de su consejo de administración a Eugenio Clariond Reyes, hizo lo propio.
Por el mismo sendero siguieron Tv Azteca, Iusacell y Elektra, tres empresas presididas por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien enfrenta una demanda de la Comisión de Valores de Estados Unidos por presuntas violaciones a la ley del mercado de valores de aquel país, a la espera de una resolución judicial.
Un mercado menos regulado parece la epidermis de una disputa que tiene como 600 mil millones de pesos de fondo en la iniciativa sobre la nueva ley del mercado de valores en México.
Las Afore »tienen un paquete de inversión bastante limitado y esperamos que en un futuro se vaya abriendo, diversificando y encontraremos oportunidades en ese segmento», manifestaron los ejecutivos de Franklin Templeton Investments, quienes esperan que en México se repita la experiencia de Chile, donde alrededor de una tercera parte de los fondos de pensión se encuentra invertida en valores fuera del país.