La identificación de los presuntos asesinos de la jueza brasileña antimafia Patrícia Acioli es vista como una reacción a la impunidad, pero no una prueba definitiva que ayude a combatirla. La prisión preventiva fue ordenada el domingo 11 para el teniente Daniel Dos Santos Benitez Lopes y los cabos Sérgio Costa Júnior y Jefferson de […]
La identificación de los presuntos asesinos de la jueza brasileña antimafia Patrícia Acioli es vista como una reacción a la impunidad, pero no una prueba definitiva que ayude a combatirla.
La prisión preventiva fue ordenada el domingo 11 para el teniente Daniel Dos Santos Benitez Lopes y los cabos Sérgio Costa Júnior y Jefferson de Araújo Miranda, integrantes del séptimo batallón de la policía militar de la ciudad de São Gonçalo, en el sureño estado de Río de Janeiro.
Pero el trío ya estaba preso por orden que la misma jueza había emitido horas antes de ser acribillada con 21 disparos en la puerta de su casa, en la vecina ciudad de Niterói, en una emboscada en la que participaron dos automóviles y dos motos.
Los tres acusados fueron interrogados durante ocho horas el martes 13 y negaron los cargos.
Para el director de la división de homicidios de la policía civil, Felipe Ettore, no hay dudas sobre la identidad de los autores ni sobre el móvil del crimen, cometido el 12 de agosto. Fue para «frenar la marcha del proceso» que Acioli seguía contra ellos, e impedir la orden de prisión que ignoraban ya había sido dispuesta.
Los tres policías militares estaban procesados por el asesinato en junio de un joven de 18 años, Diego da Conceição Beliene, perpetrado en el Morro do Salgueiro, una «favela» (barrio tugurizado) de São Gonçalo, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro.
La muerte de Beliene fue reportada como consecuencia de un «acto de resistencia», la forma más común en que la policía militar clasifica las bajas de civiles en supuestos enfrentamientos con narcotraficantes. Según los especialistas, allí se esconden ejecuciones extrajudiciales con motivos no siempre aclarados.
Los avances del caso revelan «la disposición del Estado para resolverlo identificando a sus responsables. Y eso es una buena noticia», dijo a IPS el coordinador del laboratorio de análisis de la violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Ignácio Cano.
También es «una buena noticia» que el Estado reconozca que «la impunidad de los ‘actos de resistencia’ de los policías terminan provocando hasta la muerte de una jueza», dijo. La omisión del Estado ante «la ejecución sumaria policial tiene resultados trágicos como este».
La magistrada era conocida por sentenciar con rigor delitos cometidos por grupos de exterminio y milicias parapoliciales que actúan en su región. Muchos de los casos que trataba estaban vinculados a mafias que controlan la venta de combustibles y sistemas informales de transporte.
Cano señaló la paradoja de que la jueza fuera considerada «de línea dura» por «aplicar la ley», cuando eso «debería ser la norma». De allí «se desprende que muchos otros no están cumpliendo su papel», sea por «falta de convicción, temor o cosas peores».
El diputado estadual Marcelo Freixo, amenazado de muerte por conducir una investigación parlamentaria sobre la actuación de las milicias en Río de Janeiro, opina que si muchos jueces actuaran como Acioli, no la hubieran matado.
«Fue una voz muy valiente en medio de la gran cobardía que prevalece entre los jueces», dijo a IPS el diputado, del opositor Partido del Socialismo y Libertad.
Más de 90 por ciento de los homicidios en el estado carioca no son castigados, indican cifras oficiales. Entre 2007 y julio de este año, se registraron 31.000 muertes violentas, que abarcan desde homicidios culposos hasta latrocinios con lesión corporal seguida de muerte y los mencionados «actos de resistencia».
Así como Acioli, casi un centenar de magistrados están amenazados de muerte en este país.
Por eso «la resolución de este caso, con el castigo de los culpables, es esencial para avanzar rumbo a una real democracia», opinó Maria Luisa Mendonça, directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
La impunidad de los crímenes de agentes de Estado o milicias privadas «es un resquicio de la dictadura militar (1964-1985) y está en la raíz de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad», dijo Mendonça a IPS.
Esa impunidad es la que causa asesinatos de defensores de derechos humanos, campesinos, religiosos «y, en este caso, de una jueza que tuvo el coraje de romper con este ciclo».
Pero Cano y Freixo pidieron cautela ante el aparente esclarecimiento del asesinato. Puede haber alguien más detrás del crimen «porque mucha gente tenía interés en la muerte de Patrícia Acioli», dijo el diputado.
«Es poco probable que en un crimen como este, contra el sistema judicial, solo estén involucrados tres policías», opinó.
«A veces se arresta gente que después es liberada por falta de pruebas. Tendremos que ver si las pruebas son sólidas», dijo Cano, en referencia a una característica de gran parte de los procesos judiciales brasileños que terminan archivados.
La familia de la jueza también desconfía. Su primo, Humberto Nascimento, cree que los policías presos son «chivos expiatorios» de una organización criminal más sofisticada, y que el asesinato debió contar con «apoyo logístico» del batallón al que pertenecían los acusados.
«Les están echando la culpa porque igual ya iban a ser condenados a 30 años de prisión por ese asesinato del joven», indicó.
Los investigadores han dado algunos detalles, como que la muerte fue planificada con un mes de antelación. Según Ettore, los policías esperaron que Acioli saliera del tribunal de São Gonçalo, donde trabajaba, y la siguieron en una moto, según mostrarían grabaciones de cámaras de tránsito.
La investigación también indicó que los asesinos utilizaron un vehículo del batallón para estudiar previamente el barrio donde vivía la magistrada. Una pericia confirmó que los proyectiles empleados provenían de un lote de la policía militar.