La Unión Europea (UE) se propone abrir las puertas de par en par a los inmigrantes calificados con la puesta en marcha de la llamada tarjeta azul y, al mismo tiempo, cerrarlas aún más a los trabajadores indocumentados, de los cuales ya hay 10 millones en el bloque, 700.000 de ellos en España. En España, […]
La Unión Europea (UE) se propone abrir las puertas de par en par a los inmigrantes calificados con la puesta en marcha de la llamada tarjeta azul y, al mismo tiempo, cerrarlas aún más a los trabajadores indocumentados, de los cuales ya hay 10 millones en el bloque, 700.000 de ellos en España.
En España, como en el resto de Europa, se flexibilizan las condiciones para el ingreso de extranjeros cualificados, «una verdadera fuga de cerebros del Sur», mientras «nos negamos a incrementar el número de inmigrantes regulares no cualificados», dijo a IPS Gonzalo Fanjul, responsable de investigaciones de la organización no gubernamental Intermon Oxfam.
Este cooperante admite que los problemas migratorios existen, son complejos y no se podrán resolver de inmediato, pero sí a medio plazo y para ello considera que es preciso adoptar medidas concretas.
Fanjul, coordinador de un estudio presentado por Intermon Oxfman el 22 de octubre en Madrid, añadió que para enfrentar el problema el desarrollo de los países del Sur «es una respuesta a largo plazo», por lo cual debe ser impulsado al mismo tiempo que se adoptan medidas que faciliten y hagan menos burocrático el ingreso de trabajadores inmigrantes.
Ese ingreso se debe favorecer por motivos sociales, pero también, adicionó, porque «es ingenuo pensar que en Europa se podrá resolver el problema con medidas policiales».
Intermon Oxfam dio a conocer el informe Puertas al Mar, en el que se subraya que «el modo en que se restringe el movimiento internacional de personas es una invitación directa a la emigración irregular» y «constituye la nueva cara de la pobreza y la exclusión».
El informe destaca que «la política migratoria que mantienen los países desarrollados, centrada en el control de fronteras, tiene unos costes muy elevados, potencia la inmigración ilegal, viola derechos y provoca bolsas de pobreza y exclusión».
Un ejemplo de esos costes es la valla metálica levantada en la pequeña frontera de Melilla, encalve español –al igual que Ceuta– en el norte de África, para impedir que entren inmigrantes desde Marruecos, con el cual limita.
Sólo la tercera fase de esa valla, levantada en 2006, costó 20 millones de euros (casi 30 millones de dólares) y con ese dinero, acota el documento, se podría erradicar el paludismo o malaria que afecta a 11 millones de niños en África subsahariana.
Además, cada hora de funcionamiento de un barco y un avión fronterizo, que están activos, ocasiona al Estado un gasto de 3.700 euros (5.200 dólares).
También el informe señala que «los movimientos migratorios pueden ofrecer oportunidades sin precedentes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad si se gestionan bien», beneficiando tanto a los países de origen como a los de acogida.
Uno de los obstáculos para el desarrollo del Sur que esta organización no gubernamental propone eliminar son los subsidios a las exportaciones que aplica a sus productores la Unión Europea, que ya alcanzar a 50.000 millones de euros anuales (70.000 millones de dólares).
Por ejemplo en España, la duquesa de Alba, cuyo nombre es María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva, quien reside en un lujoso palacio en el centro de Madrid y posee grandes extensiones de tierra, la mayor parte sin trabajar, recibe dos millones de euros (2,8 millones de dólares) al año de subsidios, el equivalente a lo que ganan 15.000 campesinos en Guatemala anualmente.
De todos modos, esas informaciones son incompletas, porque de las 17 comunidades autónomas que integran España sólo Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía publican la lista de beneficiarios en su territorio.
Lo que sí se sabe es que uno por ciento de los 900.000 beneficiarios reciben 22 por ciento del monto total de subsidios y que los 80 más ricos perciben más de un millón de euros (1,4 millón de dólares) cada uno, aunque no trabajen ni hagan que otros trabajen en sus tierras.
Esos aportes estatales consumen más de 40 por ciento del presupuesto del bloque europeo, ascendiendo hoy a unos 55.000 millones de euros anuales (77.000 millones de dólares). Este asunto hace años que se discute en la UE.
Si prosperase una propuesta presentada por la comisaria de Agricultura de la UE, la danesa Mariann Fischer Boel, a partir del 20 de noviembre se reducirían los subsidios.
La iniciativa contempla que los pagos anuales superiores a 300.000 euros se reducirían en 45 por ciento, los situados entre 200.000 y 300.000, en 25 por ciento y la banda inferior descendería 10 por ciento. El anterior comisario, Franz Fischer, presentó en 2003 una propuesta que fue rechazada, por la cual se hubiera eliminado toda ayuda superior a los 300.000 euros.
Eso es necesario frenarlo porque, según afirmó este lunes la directora de Intermón Oxfam, Ariane Arpa, «nos empeñamos en ponerle puertas al mar y vallas a las fronteras y gastamos fortunas y una considerable energía social en impedir la entrada irregular de los inmigrantes que nuestra sociedad necesita. Pero estas políticas han dado resultados muy modestos hasta la fecha».
El informe propone trabajar en dos ámbitos principales. Poner la inmigración al servicio del desarrollo a través de políticas activas que incluyan un nuevo modelo de gestión de fronteras, y reducir las causas que expulsan a las personas de sus países de origen para hacer que la emigración sea una decisión voluntaria, ordenada y protegida por derechos fundamentales.
Intermon Oxfam propone, en síntesis, que se contribuya efectivamente a que en los países del Sur se generen oportunidades laborales positivas para sus ciudadanos, que se reforme el modelo de gestión de las migraciones «a través de una Política Migratoria Europea que facilite la entrada y el movimiento de trabajadores no comunitarios» y lo antes posible abaratar el coste de las remesas.