La oposición política debilitada por repetidos fracasos electorales y por intentos frustrados para derrocar al gobierno constitucional -incluido un golpe de Estado en abril de 2002- trasladó al escenario mediático internacional «el eje de una nueva actividad de desestabilización», que se evidencia en marchas, arengas y panfletos que circularon en los últimos días dentro y […]
La oposición política debilitada por repetidos fracasos electorales y por intentos frustrados para derrocar al gobierno constitucional -incluido un golpe de Estado en abril de 2002- trasladó al escenario mediático internacional «el eje de una nueva actividad de desestabilización», que se evidencia en marchas, arengas y panfletos que circularon en los últimos días dentro y fuera del país, advirtió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al analizar en diversos foros la campaña de la emisora Radio Caracas Televisión de Venezuela (RCTV) contra la cancelación de su licencia para transmitir por señal abierta.
La estrategia consistió en tergiversar «en forma absoluta» lo que fue una decisión gubernamental de no renovar una concesión de espacio radioeléctrico a la cadena, que expira este 27 de mayo a la medianoche, convirtiéndola informativamente en un «cierre» que tuvo la intención de darle una connotación distinta, sin aclarar que ese medio maneja un enorme espacio comunicacional en el país.
Esa estrategia fue impulsada hasta este domingo cuando el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, condenó al gobierno venezolano por haber retirado la concesión, «más allá de la legalidad o no», o del derecho del Estado a decidir sobre la renovación o no de una licencia, ya que «esto no debe servir para castigar o premiar» a unos o a otros.
En tanto, en Argentina y otros países de la región, hubo manifestaciones en favor de la decisión oficial en Venezuela, uniéndose a los intelectuales del mundo que conforman las Redes en Defensa de la Humanidad y que en días pasados en Caracas y Bolivia se solidarizaron con la «decisión soberana» del gobierno y condenaron la manipulación del «gran poder mediático», alrededor de esta noticia.
Intelectuales británicos enviaron una carta a Chávez en la que advierten que «este no es un caso de censura» y recordaron que en Venezuela «más de 90 ciento de los medios son de propiedad privada y virulentos opositores al gobierno de Chávez. RCTV, lejos de ser silenciada, tiene permiso para transmitir por satélite o cable. En Venezuela, así como en Gran Bretaña, las estaciones de televisión deben ajustarse a las leyes y regulaciones que gobiernan lo que pueden transmitir. Imagínese las consecuencias si se hallara que la BBC o IVT son parte de un golpe contra el gobierno. Venezuela merece la misma consideración».
También señalaron que RCTV utilizó su acceso a las ondas públicas «para repetidamente hacer llamados al derrocamiento del gobierno, brindó apoyo práctico esencial» durante el golpe de Estado de 2002 y avaló la derogación de la Constitución, el cierre de la Asamblea Nacional, del tribunal supremo y otras instituciones del Estado.
«RCTV exhortó al público a tomar las calles y derrocar al gobierno» y no fue castigada por eso.
Por su parte, analistas de los ministerios de Telecomunicaciones y de Comunicación e Información consultados en estos días por La Jornada advirtieron que «considerando el inmenso poder de los medios de comunicación privados en Venezuela, que tienen repetidoras a nivel internacional y el apoyo político y económico de Estados Unidos, esta acción que se está desarrollando está destinada a incidir para otro nuevo intento de derrocar al mandatario».
La campaña es calificada como una acción de «guerra sicológica», a fin de lograr con apoyo internacional una «insurreccción popular» con «otros condimentos», que el gobierno parece tener ya ubicados.
Los medios venezolanos privados -entre los que se destaca en este caso Globovisión- volvieron a repetir el esquema de lo actuado en el paro patronal de 2001, el golpe de Estado de 2002 y la huelga petrolera -con sabotajes incluidos- entre ese año y principios de 2003, y «ahora tuvieron el acompañamiento de los medios de un poder concentrado en escasas manos en el mundo».
Uno de los panfletos profusamente repartidos por la oposición dice entre otras cosas que «en la presidencia de la república hay un usurpador ilegal e ilegítimo», al que califican de «dictador» después de lo cual se plantea que «no hay salida electoral» y que la única salida es «la rebelión», instando a prepararse «para la lucha» con la firma de una Junta Patriótica.
También en estas horas, la oposición -además de un visible desabastecimiento de productos básicos en las últimas semanas- usó las sirenas de alarma que se utilizan para anunciar grandes noticias en lo que llamó «el sirenazo», a lo que se unió un «pito de sonido clave» en clave «morse» de SOS, que se puede mandar por correo electrónico a todo el mundo, para «alertar sobre los riesgos que está corriendo la libertad de expresión en Venezuela», según el llamado «Comando de la Resistencia». Nuevamente los medios privados son los que convocan a las manifestaciones opositoras.
Los analistas estiman que ante los sucesivos triunfos electorales del gobierno, «sometidos a observación internacional en todos los casos, la oposición está ante uno de sus últimos intentos de derrocar al mandatario».
El uso de paramilitares por parte de terratenientes y empresarios, como los recientemente detenidos con un arsenal, indicaría que no se había pensado solamente en una «pacífica marcha» de cacerolazos y sirenazos; en estos casos parece imposible evitar la comparación entre lo actuado por Estados Unidos en Chile contra el presidente Salvador Allende durante el golpe de Estado que encabezó el ex dictador Augusto Pinochet en septiembre de 1973.
El intelectual y escritor venezolano Luis Britos García señala al respecto que «en otros tiempos era condición del éxito de un golpe de Estado mantenerlo en secreto. En la mediocracia, su triunfo depende de que se divulgue hasta la saturación su inminencia, hasta que el público lo acepte como un hecho cumplido».
Britos García es autor de uno de los libros más importantes y documentados en la región sobre la manipulación mediática amplificada por nuevas tecnologías, bajo el título Venezuela: investigación de unos medios por encima de toda sospecha.
El escritor señala que en estos tiempos los medios del poder concentrado actúan como «partidos políticos, tribunales, jueces y partes, o como legisladores que validan o invalidan constituciones, presidentes elegidos democráticamente. Además llaman abiertamente al golpe de Estado, la guerra civil, la discriminación de todo tipo, crean y desaparecen dirigentes, según las necesidades del gran poder. Trazan estrategias y programas, utilizan suposiciones como hechos verídicos, delitos de lesa humanidad pueden ser presentados como hazañas y crean redes que pueden suplantar a todos los poderes, sin responsabilizarse por sus actos, además de excluir y censurar ideológicamente a quien no esté en su línea», entre otras prerrogativas.
El blanco de ataque de estas horas, además del presidente, es la Televisora Venezolana Social (Tves), cuyo inicio de transmisiones está previsto para este lunes con una «gala musical», y el estreno de una película sobre la vida del libertador Simón Bolívar, filmada en Venezuela por la productora Villa del Cine, como informó la periodista Lil Rodríguez, la presidenta designada para encabezar la nueva empresa.
Chávez en su ratificación del llamado a la oposición a acatar «de manera cívica» las decisiones del Estado y advertir, sobre intentos de desestabilización, sostuvo que se tenía conocimiento de la preparación de sabotajes contra Tves, recomendando enfáticamente que «no lo hagan» y denunciando que los sectores más radicales de derecha en la oposición tienen un plan de ataque «y nosotros un plan de contraataque».