Ha tenido éxitos indiscutibles. Sumas de petrodólares sin precedentes se han dirigido hacia las mayorías pobres del país, manteniendo programas de salud y educación, y proporcionando alimentos baratos. Los resultados ya se ven: una población movilizada y alerta comienza a flexionar sus músculos, tomando parte en la toma de decisiones políticas a través de una […]
Ha tenido éxitos indiscutibles. Sumas de petrodólares sin precedentes se han dirigido hacia las mayorías pobres del país, manteniendo programas de salud y educación, y proporcionando alimentos baratos. Los resultados ya se ven: una población movilizada y alerta comienza a flexionar sus músculos, tomando parte en la toma de decisiones políticas a través de una miríada de concejos locales y comités ad-hoc operando a muchos niveles. Nada como esto ha sucedido en América Latina desde la Revolución Cubana hace casi medio siglo. Es algo fascinante.
Toda esta energía y emoción se han canalizado a través de nuevas instituciones, financiadas directamente con las ganancias petroleras. Al mismo tiempo, mucho de la vieja Venezuela pre-revolucionaria permanece en pie.
La infraestructura tradicional del país está plagada por la burocracia y la corrupción, monstruo de dos cabezas heredado de la época colonial. Los burócratas se aseguran de que nada se lleve a cabo, mientras la corrupción lubrica los poderes de la inacción.
Lo que es cierto para el Estado, lo es también para la industria privada. Así que, esta «legislación habilitante» le dará mayores poderes al ejecutivo a costillas de la legislatura, con la esperanza de que Chávez pueda presionar para lograr los necesarios cambios. En algún punto, las nuevas instituciones y las viejas burocracias tendrán que fusionarse.
¿Es este el camino a la dictadura, o a la vía para una reforma razonable? La naturaleza del problema es familiar para los científicos políticos, y ciertamente, no es nuevo para Latinoamérica. ¿Dónde debe estar el equilibrio entre el ejecutivo y la legislatura? Cada país escoge su equilibrio, y las revoluciones ofrecen una oportunidad para que el equilibrio cambie.
Permitir al presidente dar órdenes ejecutivas no es nuevo. Se permite bajo la constitución de 1999, y bajo la antigua constitución. Los predecesores recientes de Chávez se permitieron las mismas facilidades de cuando en cuando, especialmente para lidiar con temas económicos y financieros. Incluso Thomas Shannon admitió en un comentario inusualmente amistoso, que la Ley Habilitante no es nada nuevo: «Es válida bajo la Constitución, y como con cualquier herramienta de la democracia, todo depende de cómo se utilice».
Lo más importante es el cambio en la naturaleza del gobierno, más que un esquema concebido para la toma de activos privados, perjudicar a los ricos y nacionalizar todo lo que esté a la vista por decreto presidencial. Quizás la más significativa de las reformas anunciadas sea la provisión de financiamiento y poder para los consejos comunales que están apareciendo por miles en todo el país. La futura democracia socialista de Venezuela dependerá más de estas expresiones populares que de la Asamblea Nacional en Caracas. Dado que la oposición boicoteó tontamente las elecciones de diputados, la Asamblea enteramente pro-Chávez tiene una utilidad más bien limitada.
Por la mayor parte de los últimos ocho años, Chávez se ha dado pasos hacia adelante en respuesta a las acciones de los demás. El intento de golpe en 2002, el paro petrolero de 2003, y el llamado a Referendo Revocatorio en 2004, todos llevaron a una aceleración del proceso revolucionario. Ahora, Chávez avanza a vapor propio. Sabemos que quiere retener el control de la economía, la ambición tradicional de los nacionalistas latinoamericanos. Eso implica petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
Sabemos que aspira a extender la reforma de tierras, paso esencial para el desarrollo rural, y que quiere mejorar la recaudación de impuestos, y aliviar en parte la grosera desigualdad, ese mal extendido por toda la América Latina, excepto en Cuba. Sabemos que es hostil al capitalismo salvaje, y ha hecho comentarios amigables acerca de las cooperativas y otras formas alternativas de organizar el sector privado.
Aun así el futuro de Venezuela sigue siendo interesante, incierto y opaco, por la simple razón de que Chávez no es ningún dictador y que nunca ha mostrado el más pequeño signo de querer convertirse en uno. No tiene un plano de construcción definido que pretenda imponer sobre el país. Quiere extender la libertad de prensa, por ejemplo, no reducirla, y mientras disminuye el poder de ganar dinero de los barones irresponsables de la prensa, como Marcel Granier, de RCTV. Chávez ha puesto dinero del Estado en el desarrollo de radios y estaciones de televisión comunitarias, y proyectos más ambiciosos como Vive, el canal cultural, y Telesur, el canal internacional de noticias.
Estas nuevas líneas de comunicación ya proveen oportunidades nuevas para la participación popular, salvaguarda última de su régimen y fuente de todos los programas y políticas futuras.
Versión en español de Noticias24
Texto relacionado:
Antecedentes y claves para comprender la realidad de Venezuela