Las fuerzas políticas y sociales bolivarianas se movilizan para las elecciones del próximo noviembre. Son mayoritarias pero tienen asignaturas pendientes
Hace pocos días, ante cerca de 200 mil personas, el presidente Hugo Chávez dijo «no tenemos derecho a perder». Quizá esa haya sido la estocada inicial para tensar sus fuerzas ante el nuevo desafío que deberá enfrentar en las urnas, cuando en noviembre próximo aproximadamente 14 millones de venezolanos elijan gobernadores y alcaldes.
En este país las encuestas y mediciones son poco confiables y ni siquiera quienes las encargan y las pagan creen en sus resultados. Sólo los grandes medios de comunicación -integrantes de los que podríamos denominar la «internacional mediática» que se opone a los procesos de transformación en nuestra región- echan mano a esas estadísticas.
Por ejemplo, el sábado último, el diario El Universal destacó que, según la encuestadora privada Datanálisis, el nivel de popularidad de Chávez se encuentra «apenas» en el 51,8 por ciento, por lo que, según la misma medición, habría descendido en algo así como 20 puntos.
Ese mismo sábado, dirigentes de la oposición o contra -«escuálidos», un sinónimo del argentino «gorilas»- se refirieron a esos datos con una sonrisa mitad nerviosa, mitad incrédula: «lamentablemente no podemos creer en ellas», dijo uno de esos dirigentes con desdén y malas maneras, al considerar que el medio que los consultaba es chavista.
El nerviosismo opositor llega a niveles de delirio. Hace meses, el gobierno emprendió una campaña de ahorro energético, para lo cual distribuyó entre los habitantes del país millones de lámparas y bombillos de bajo consumo, los que emiten una luz ente azulada y blanquecina.
Emisoras televisivas como Globovisión, por ejemplo, difunden comentarios del siguiente tenor: «venezolanos, no usen los bombillos que distribuye el gobierno porque contienen micrófonos ocultos» o «dan luz azulada porque está comprobado que ese tipo de iluminación enardece y crea ánimos violentos», lo cual para esa interpretación más siquiátrica que política, los artefactos de bajo consumo eléctrico serían algo así como aceleradores en el proceso de lucha de clases.
Pero hay más todavía. En una lectura un tanto difícil de comprender en el marco teórico de la democracia representativa, el Episcopado de la iglesia católica se pronunció el pasado fin de semana en el sentido de que «los valores y derechos no son objeto de votación».
Sucede que la derecha se opone a todo. A una reforma del sistema educativo que aspira a la universalidad gratuita de la enseñanza primaria y secundaria; a la ley de «ganancia súbita», que prevé un impuesto especial a los sobreprecios del petróleo, destinado a inversiones en desarrollo social; a la recuperación de sectores estratégicos de la economía -como comunicaciones, industrias del cemento y metalúrgicas de exportación-; y a los programas de seguridad alimentaria, como respuesta a la crisis mundial que registra el sector, reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en sus últimos informes especializados.
En ese contexto, Chávez le dio decidido impulso al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como herramienta electoral, pero sobre todo organizativa de la gran masa crítica que apoya al proceso bolivariano, proceso que, dicho sea de paso, desplegó la política distributiva de riquezas más intensa de América Latina, después de las llevadas a cabo, en diversos y distintos contextos históricos, por la Revolución Cubana y por el peronismo, en la Argentina de fines de la pasada década del 40 y principios de la del 50.
Otro vector estratégico desarrollado por Chávez es el de la creación de poder popular, a partir del establecimiento de Consejos Comunales, los que, en las superpobladas barriadas de caracas y otras ciudades, intentan convertirse en herramientas de organización social y política a la vez que en instrumentos para la resolución de problemas concretos, como aguas corrientes, sanidad, vivienda, educación y cultura, por ejemplo.
Es probable que ese mecanismo de empoderamiento o creación de ciudadanía de los hasta ahora marginados -la mayoría de la población- sea el cimiento basal del proyecto bolivariano, lo cual le crea al mismo una obligación que no puedo descuidar para seguir desarrollándose.
Esa nueva y gran masa ciudadana demanda mayor participación efectiva, mayor control de la gestión pública, en términos de eficacia política y administrativa, y transparencia en la lucha contra los verdaderos «containers» de corrupción que se han creado en torno al poder y que, así los perciben incluso los más comprometidos con el actual proceso de transformaciones, podrían sabotear lo logrado hasta ahora.
Es en esa misma clave -expresada por Chávez cuando dijo no tenemos derecho a perder- que habría que analizar el posible comportamiento electoral de noviembre próximo: las fuerzas bolivarianas deberían evitar que se repita – o más aun, que se incremente- el ausentismo y el abstencionismo de votantes propios, tal cual se registró en diciembre último, en ocasión del referéndum constitucional.
En ese sentido, no son pocas las voces chavistas que alertan sobre la necesidad de que sean las propias bases ciudadanas las encargadas de elegir a sus candidatos a gobernadores y alcaldes. No vaya a ser que ciertas operaciones burocráticas terminen provocando que candidaturas decididas desde la cúpula puedan ser rechazadas por los protagonistas reales de esta portentosa experiencia latinoamericana.