En el «Juicio del Siglo», el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) trata de lograr que la transnacional estadounidense Chevron Texaco asuma la responsabilidad por la destrucción ecológica y de vidas humanas que ha causado en la Amazonia ecuatoriana. Cinco organizaciones, seis abogados y miles de afectados y simpatizantes se enfrentan a una de […]
En el «Juicio del Siglo», el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) trata de lograr que la transnacional estadounidense Chevron Texaco asuma la responsabilidad por la destrucción ecológica y de vidas humanas que ha causado en la Amazonia ecuatoriana. Cinco organizaciones, seis abogados y miles de afectados y simpatizantes se enfrentan a una de las corporaciones transnacionales más poderosas de la tierra que se niega a reparar los daños por más de seis mil millones de dólares que ha provocado en la Cuenca alta del Amazonas, entre 1971 y 1992.
Según los abogados de las víctimas, Chevron Texaco ha cometido varios delitos, entre ellos posibles casos penales: 1. lo que la ingeniería forense llama «malas prácticas operativas»; 2. ha incurrido, según la ley ecuatoriana en «fraude en la remediación», al actuar con «engaño doloso», sospecha de colusión y premeditación y alevosía; 3. ha incurrido en la utilización dolosa de documentación falsa lo que constituye una figura penal.
1. La criminal negligencia de Chevron Texaco
Durante sus años de operación en la Amazonia ecuatoriana, la Chevron Texaco explotaba la riqueza petrolera del país con técnicas muy contaminantes, que usaban diferentes tipos de «fosas de tierra» o «piscinas de deshechos» para deshacerse de los contaminantes químicos y residuos petroleros resultantes de las exploraciones y explotaciones.
En este sistema sumamente contaminante, que hace décadas no se usa en Estados Unidos, se vierten los desechos tóxicos de las plataformas de extracción en simples fosas excavadas cerca de la plataforma en el suelo. Según el tamaño de la piscina, el gradiente del agua subterráneo, la permeabilidad del suelo y otras variables, los tóxicos contaminan todo el ecosistema circundante, inclusive entrando por los flujos subacuaticos a los ríos cercanos, que, a su vez, alimentan el Amazonas. Con este sistema la Chevron Texaco se ahorró los gastos de instalar y operar una adecuada Planta de Disposición Final, capaz de tratar los residuos toxicos de manera ecológica. Los ahorros para la empresa, según los cálculos de los querellantes, ascienden a alrededor de 4 mil millones de dólares,
Un estudio de la empresa ecológica estadounidense, Global Environmental Operations, Inc., calificó los diferentes tipos de piscinas usados por la Chevron Texaco en Ecuador, de la siguiente manera.
1. Piscinas de perforación abierta, con varios metros de profundidad que pueden contener petróleo libre, sulfato de bario, fluidos de perforación y residuos de petróleo.
2. Piscinas de producción y de desechos de petróleo abiertas, que pueden contener entre 5% y 40% de aceites libres, desechos de petróleo y otros fluidos y que pueden haber estado en fuego en una o más ocasiones.
3. Piscinas de perforación cubiertas por vegetación con una cubierta de 15 a 30 cm. de grosor, flotando sobre una capa de agua y aceites.
4. Piscinas cerradas mediante el movimiento de suelo que, como resultado, contiene una mezcla de sales, lodo, fluidos de perforación, aceites y tierra.
2. La catástrofe ambiental y sus costos de remediación
Los daños ambientales generadas por estas «malas prácticas operativas» de la transnacional en la región amazónica fueron cuantificados por la abogada ambientalista Judith Kimerling en 1991, en el libro Amazon Crude (Petróleo amazónico), de la siguiente manera: 1. la deforestación de por lo menos un millón de hectáreas en los bosques pluviales del Ecuador, 2. el derramamiento de alrededor de 17 millones de galones de petróleo crudo; 3. la quema de 235 mil millones de pies cúbicos de gas natural de deshecho y, 4. el «vertido intencional» de 19 mil millones de galones de residuo tóxico sin tratamiento, en el ambiente.
Bajo la presión del gobierno ecuatoriano, el consorcio Chevron-Petroecuador accedió en 1992 a realizar una evaluación ambiental de sus operaciones entre 1973 y 1990. La auditoria, realizada por una empresa canadiense escogida por la transnacional, confirmó 93 vertidos en los pozos y 10 en las estaciones para el lapso de tiempo analizado. De 18 muestras de agua, 12 (67 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para cloruros; 16 (89 %) sobrepasaron la calidad de vertido para sulfuros, y todos (100 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para sólidos suspendidos. La conclusión del estudio fue que las operaciones en los campos petroleros potencialmente «no cumplían con las leyes y reglamentos ecuatorianos».
La dimensión del desastre causado por la transnacional se refleja en el estudio preliminar «conservador» de la Global Environmental Operations, Inc., sobre los costos de limpieza de la catástrofe ecológica: 1. La remediación de las 554 piscinas de lodo, 455 millones de dólares; 2. la remediación de las 73 charcas en las estaciones de separación, $US 183 millones; 3. la remediación de aguas subterráneas a un total de 627 piscinas, $US 190 millones; 4. Sedimentos de los ríos, $US 1.32 mil millones; 5. Humedales, $US 1.8 mil millones; 5. Limpieza de alrededor de 11.95 millones de metros cúbicos de agua contaminada, $US 2.026 mil millones; 6. Infraestructura adicional, $US 140 millones. Costo estimado total: $US 6.114 mil millones.
3. La catástrofe humana
Dos estudios de salud pública, uno realizado bajo los auspicios de una de las instituciones de posgrado más importantes de Europa, la London School of Hygiene and Tropical Medicine («Informe Yana Curi»), y el otro por la Escuela de Salud Pública de la prestigiada Universidad de Harvard, encontraron que los carcinógenos vertidos en las operaciones de la Chevron Texaco desde mediados de los años setenta en el oriente ecuatoriano podrían tener consecuencias devastadores para la población de esta zona de 100 000 km2 de bosque húmedo tropical.
El estudio realizado por investigadores asociados a la Universidad de Harvard en abril de 1993, demostró que los vertidos de agua producidos por la Texaco contenían muy altos niveles de compuestos orgánicos volátiles, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y carcinogénicos. En los Estados Unidos un cáncer en exceso por un millón de habitantes es típicamente considerado como el límite aceptable por exposiciones ambientales. Este estudio concluye que en las regiones muestreadas existe un límite de riesgo entre 12 y 1.000 veces mayor.
Pruebas clínicas en personas que sufren de afecciones cutáneas patológicas encontraron que existía una relación causal firme entre la exposición relacionada al petróleo con la salud adversa. Así mismo, muchos de los defectos de nacimiento, los cánceres, las enfermedades respiratorias y los abortos espontáneos que han sido reportados en la región, pueden ser resultantes de los contaminantes tóxicos vertidos por Texaco.
El «Informe Yana Curi», a su vez, establece que en un estudio realizado en la población de San Carlos, la cual contiene más de 30 pozos petroleros construidos por Texaco, los índices de cáncer detectados superaban los índices normales respectivos hasta por 30 veces. Sobre las mujeres de comunidades cercanas a los pozos y estaciones de petróleo afirma que «presentaron un riesgo de abortos espontáneos 2.5 veces más alto, es decir, un 150 % más, que las mujeres que viven en comunidades no contaminadas».
4. La demanda jurídica contra Texaco
Un encuentro casual entre científicos ecuatorianos y abogados estadounidenses en el área de Nueva York, a inicios de los años noventa, dio motivó para que en 1993 dos despachos de abogados estadounidenses iniciaran una demanda judicial contra Texaco en una Corte Federal de Nueva York, por daños ambientales y daños a personas. Nueve años después, el 16 de agosto del 2002, el juez instructor del caso resolvió que era más conveniente decidir el caso ante una corte ecuatoriana, bajo el argumento de que las pruebas estaban en ese país.
Un año después se inició el caso en la Corte Superior de Nueva Loja, Ecuador, donde avanza lentamente ante el enorme poder legal, mediático y económico que despliega la transnacional. Durante la fase de inspecciones judiciales, Texaco usó su amplia experiencia en este tipo de conflictos, para evitar que las pruebas científicas de campo indicasen con claridad su responsabilidad causal en el desastre: tratando de imponer sus protocolos técnicos a los abogados de las victimas; protocolos que están estructurados para derrotar a las víctimas, tergiversando la representatividad de los muestreos, usando la trampa de los promedios y aceptando sólo pruebas de terreno a no más de un metro de fondo, cuando la mayoría de la contaminación se encuentra a mayor profundidad.
Al igual que en el caso de la industria tabacalera, que durante décadas ocultó investigaciones científicas internas que habían demostrado que el fumar causa cáncer, la Texaco ocultó datos respectivos sobre su criminal política antiecológica en el Ecuador. Por ejemplo, un documento interno de la corporación de 1996, demuestra que la transnacional sabía, que los niveles del cancerígeno cadmio eran 19 veces superiores a los permitidos por las leyes ecuatorianas, al igual que los cancerígenos plomo, níquel y fenol que fueron encontrados al menos en niveles tres veces superiores a las normas ecuatorianas.
Otros ardides usados por la transnacional son la «inundación» de la corte ecuatoriana con Informes Judiciales de miles de páginas que son irrelevantes para el caso; de ignorar deliberadamente los estándares ecológicos ecuatorianos, utilizando estándares «internacionales» inventados por sus expertos y tratando de culpar a PetroEcuador por los daños causados. Es por eso, que el Frente de Defensa de la Amazonia calificó a los primeros cuatro informes de Chevron Texaco entregados a la Corte a inicios del año, como «lleno de falsedades, carente de argumentos técnicos, tendenciosos, sin respaldo y sin respecto a las normas nacionales».
5. 30.000 afectados contra la tiranía transnacional
La multimillonaria estrategia mediática y jurídica de la Transnacional —que, según los abogados de las víctimas obtuvo ganancias estimadas en Ecuador de entre 20 y 30 mil millones de dólares— es dirigida desde Miami por el abogado brasileño Ricardo Reis Veiga, exvicepresidente de ChevronTexaco para América Latina. Los estratagemas de Reis Vega en el caso posiblemente «violan las regulaciones que gobiernan a las empresas transnacionales en los Estados Unidos», dice uno de los abogados de los afectados, Stephen Donziger, porque esas regulaciones «requieren que sus ejecutivos digan la verdad»: «We have concerns that Reis Veiga might be causing ChevronTexaco to run afoul of corporate governance issues by hiding the true nature and magnitude of this potential liability from shareholders and even his own executives.»
Sin embargo, la Transnacional se defiende con todo el enorme poder que tiene. Es la segunda compañía de energía integrada más importante de Estados Unidos; tiene 56.000 empleados y 19.000 gasolineras; opera en más de 180 países; sus ventas alcanzaron 143 mil millones de dólares en 2004, casi 8 veces superior al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador; sus ganancias en el mismo año fueron de 13.328 mil millones de dólares. Dentro de las cinco empresas occidentales que dominan el mercado mundial energético, Chevron Texaco es la cuarta en importancia, después de Exxon Mobil, Royal Dutch-Shell y British Petroleum-Amoco.
6. El Estado imperialista, amigo de Chevron Texaco
Tanto poder económico se convierte automáticamente en poder político en una democracia capitalista. Y mucho más en una democracia capitalista como la de Estados Unidos, en la cual las corporaciones energéticas son intocables porque su negocio representa un «interés nacional» vital del sistema, y donde todas las doctrinas presidenciales de este siglo han girado en torno al control estadounidense del petróleo mundial.
De ahí que no sorprende, que Dave O´ Reilly, el presidente de Chevron Texaco, sea un entrañable amigo para George Bush. Durante una visita a Abuja, Nigeria, en julio del 2003, George W. Bush elogió cálidamente a O´Reilly, diciendo que «Dave O´ Reilly entiende la definición de la responsabilidad corporativa. Yo valoro altamente el liderazgo de Dave y Chevron. Su trabajo no solo consiste en hacer ganancias para sus accionistas, su trabajo consiste también en mostrar compasión. Y yo aprecio tu liderazgo, Dave»: «Dave O’Reilly understands the definition of corporate responsibility, and I appreciate the leadership of Dave and Chevron. Their job is not only to make a return for their shareholders, their job is to show compassion as well. And I appreciate your leadership, Dave.«
Bush respondió de esa manera a un discurso de O’Reilly, en el cual este decía que «todos estamos aprendiendo a hacer negocios en Africa… Se trata de aceptar responsabilidades económicas y sociales más amplias… a fin de crear un entorno en el cual la gente de Africa puede realizar su potencial y alcanzar la prosperidad»: «We are all learning that doing business in Africa is about more than five-year plans and investment strategies. It’s about accepting broader economic and social responsibilities…about forging new public and private partnerships to create an environment in which Africa’s people can realize their potential and achieve prosperity.»
Bush iba acompañado por la nueva «dama de hierro» del imperialismo occidental, su Asesora de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice. Invitar a «Condy» era una buena idea: Rice había sido miembro del Consejo de Directores de la Chevron Texaco durante nueve años, obviamente con tanto éxito y encanto, que la agradecida compañía bautizó uno de sus supertanqueros petroleros de 130.000 toneladas a su nombre.
Menos entusiastas se encuentran las organizaciones de derechos humanos y la población del Delta del Níger, donde se extrae el petróleo, quienes recuerdan a la praxis de Chevron Texaco en Nigeria más bien como una historia de destrucción ecológica y colaboración con la corrupta y represiva policía de Nigeria, tal como Human Rights Watch ha documentado, y tal como recuerdan las víctimas ecuatorianas de esta empresa «con compasión».
7. La batalla final
Este año se decide la batalla judicial en Nueva Loja y la Chevron Texaco hará todo lo posible para no ser condenado a pagar los más de 6 mil millones de dólares en daños ecológicos que ha causado, porque a sus multimillonarios accionistas no les gustaría que la mitad de la ganancia que se robaron en 2004, fuera para las víctimas ecuatorianas, en lugar de parar en sus cuentas bancarias. Están acostumbrados a sacrificar los intereses de la humanidad por sus intereses de ganancia y tratarán de hacerlo nuevamente en este caso, apoyados por Bush y Rice.
Sin embargo, el desastre y su cínica política evasiva ante las víctimas han causado indignación mundial y si se logra aumentar la presión pública, jurídica y política sobre ellos, van a preferir el pago de la reparación al pago del costo político de su imagen corporativa.
Esta es la debilidad de Chevron Texaco que hay que aprovechar para derrotarla, en beneficio de sus víctimas en Africa, Indonesia y América Latina.