Las palabras vienen repitiéndose hace rato: ser un país competitivo, apertura a los mercados mundiales, eliminar las trabas a la inversión o ser un país de bajo riesgo. El rosario hace rato que se pasó en las cuentas, como también la promesa de la Concertación de que al 2010 Chile sería un país desarrollado. Se […]
Las palabras vienen repitiéndose hace rato: ser un país competitivo, apertura a los mercados mundiales, eliminar las trabas a la inversión o ser un país de bajo riesgo. El rosario hace rato que se pasó en las cuentas, como también la promesa de la Concertación de que al 2010 Chile sería un país desarrollado.
Se cuenta que los negociadores de Lagos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU intentaron poner énfasis en plazos para que el capital no emigrara en cuanto quisiera. Pero no. Bush Jr. fue inflexible en exigir la plena apertura al movimiento de capitales. Para no ceder más, los asesores de Lagos idearon una fórmula de anclaje de capitales en caso de crisis económica. El problema es que en circunstancias de crisis no hay inversión alguna.
La anécdota sirve para graficar la actitud que se ha mantenido durante todos los gobiernos de post-dictadura con la inversión extranjera, término con el que pontifican a menudo ministros, burócratas, periodistas y empresarios. No por nada recuerde el énfasis optimista de la prensa al hablar de «Chile, país con menos trabas» o «subimos en ranking de competitividad» o que «estamos abiertos al mundo» y luego dar el detalle de la próxima inversión a materializarse en el país con cifras en dólares y siempre «positivas».
El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) calcula la Inversión Extranjera Acumulada (IEA) desde 1974, año en que se promulga el DL 600 para «estimular» la entrada de capitales, en U$ 63.500 millones. La Inversión Extranjera Directa (IED) es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En el Chile del 2006 dicho decreto canalizó el 53,3% de IED, con U$ 3.172,7 millones; y la inversión efectuada a través del Capitulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, totalizó U$ 2.783,5 millones.
Los sectores en donde se concentra la IED son la Minería (33,2%); Electricidad, gas y agua (20,2%) ; Industria (12,4%); y Transporte y Telecomunicaciones (11,4%). El origen de estos capitales ha sido principalmente de Estados Unidos (25,5%); España (21,7%); Canadá (16,4%); Reino Unido (8,9%) ; Australia (4,8%) y Japón (2,9%). Aunque todas las inversiones tributan en Santiago, el 37% de estas inversiones corresponde a proyectos multirregionales; el 28,3% se concentra en la Región Metropolitana y un 14,1% en la IIª Región.
El Ciudadano conversó con Carlos Mena, vicepresidente ejecutivo del CIE, para quien el gran aporte de esta inversión son «el empleo generado, la capacitación de la gente, el uso de mano de obra especializada y la incorporación de tecnología». También recalca que la IE depende de factores como «la estabilidad jurídica, las características del país abierto al mundo, el régimen tributario y los TLC. Todo esto estimula el crecimiento económico y el gran potencial de llegar a 3.500 millones de personas en el mundo sin pagar arancel». Chile, por lo demás, tiene 18 TLC’s con 56 países».
«Los países compiten hoy por estabilidad institucional, la certeza jurídica y los niveles de transparencia -recalca Mena- y somos un país plataforma para llegar al resto de la región. Este es un país de una economía abierta, que compite en el mundo. Estamos integrados a un mundo global que hace que la gente compita en función de determinadas características del país y determinadas líneas de producción. Eso ha generado un enorme crecimiento del país, como el ingreso per cápita que llega hoy a casi 10 mil dólares por habitante».
El problema es que pese a ser la economía más abierta al mundo -o más dependiente, sería más adecuado decir- cifras de Naciones Unidas sobre las inversiones en el mundo detallan que sólo en América del Sur los mayores incrementos de IE fueron en Colombia (227%), Venezuela (95%), Uruguay (81%) y Ecuador (65%). En Chile y en Brasil éstas se redujeron (7 y 16% respectivamente), aunque el país carioca con México siguen siendo los principales receptores de IED, beneficiando -a diferencia de Chile- el sector manufacturero.
Pese a que los líderes concertacionistas han destacado con profusión la globalización de Chile y sus excelentes indicadores como «país competitivo», siendo el primero en los «infalibles» rankings de consultoras como Standard & Poor’s, J.P. Morgan o el World Economic Forum, los inversionistas en Brasil o Argentina invierten en fábricas automotoras o de computadores; en cambio en Chile se dedican a la extracción de minerales o producir energía eléctrica.
Un poco de historia
A juicio de Hugo Latorre, cientista social y magíster en Planificación de Desarrollo, «la IE en Chile tiene mucho de mito: La inversión efectiva en el período de la dictadura fue del orden promedio del 15,5 %; en el área de infraestructura. Esta inversión fue negativa, es decir, lo que se invirtió no alcanzó a compensar la depreciación natural por caducidad y desgaste de lo que existía, situación que trató de remediarla la Concertación al llegar al poder, ya que tal nivel de inversión no permitía niveles de crecimiento económico para el mediano y largo plazo del proyecto democrático. El lobby hecho por dirigentes relevantes de la coalición en los países industrializados, especialmente en Estado Unidos, no logró compromisos de cooperación interestados y fieles a la Declaración de Santa Fe. Sólo se comprometieron a auspiciar las inversiones privadas directas en Chile, para lo cual se les indujo a dejar intacta la legislación de la época autoritaria, la que es lesiva para el país a mediano plazo».
Durante el primer quinquenio de post-dictadura las inversiones subieron a tasas superiores al 28%, efectuándose un 80% de éstas en Minería. En 1996 y 1997 hay fuertes inversiones en servicios (sanitarias y eléctricas), alcanzando su cuota más alta en 1999 con un monto estimado por el CIE en U$ 9.225.321. Es la época de la compra de Enersis por Endesa España, lo que según Latorre «permitió mantener tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) semejantes a los de los últimos años de la dictadura, lo que evitó la deslegitimación de la democracia recién recuperada. Claro que hay que considerar que el crecimiento del período 1986-88 se debió a una recuperación luego de una caída enorme (-15%) por la crisis de 1982-83 y al alza de los precios del cobre en 1987-88».
Desde entonces la IE se formalizó sobre recursos naturales y activos públicos, lo que para Latorre «ha generado costos enormes a los usuarios de los servicios y un derroche enorme de recursos mineros, con pérdida patrimonial en niveles desconocidos en la historia chilena». A juicio del economista Marcel Claude esto ha sido «históricamente la característica de la IE en Chile, ya sea compra de activos ya existentes o extracción de recursos naturales. La consecuencia es un empobrecimiento general y severo de nuestra capacidad productiva, pues destruimos capital natural en favor de inversiones que dan poco empleo y tienen pocas interrelaciones con el resto de la economía. Además, transferimos capacidad productiva, o sea, capacidad de generar empleo y recursos económicos a trasnacionales, las que no tienen compromiso alguno con el desarrollo del país. En pocas palabras: descapitalización, poco desarrollo y poco empleo».
«Chile requiere tasas de inversión mínimas del orden del 26% del producto para crecer a tasas del 6% a 7% del PIB a mediano y largo plazo -explica Latorre- y los 6 años de bajo crecimiento producto de la Crisis Asiática, de las pésimas políticas del Banco Central y la nula acción económica del sector público, terminaron por definir niveles de inversión cercanas al 19% respecto del PIB. Esto significa tasas de inversión proyectadas muy bajas, pues no es lo mismo tasas de inversión de 19% con un PIB creciendo al 7%, que cuando éste crece al 2,5%. Es decir, la inversión cayó por doble referente: inversión propiamente tal (de 28% a 19%) y por PIB, que es sobre el parámetro que se mide (de 7% a 2,5%)».
El caso del cobre
Paradójicamente en el Chile concertacionista los ciudadanos pagamos más impuestos que las empresas. Si el IVA es de 19%, el impuesto a las utilidades de las empresas es de 17%. Claro que si sólo las declaran. El impuesto adicional por enviar las utilidades fuera del país es de 35%, del cual se descuenta el 17% pagado antes. Así las cosas, hasta cuando se discutió el royalty las empresas mineras no declararon utilidades. O sea, no pagaron ni uno, pese a que el 70% de la explotación del cobre chileno está en manos de trasnacionales, asociadas en algunos casos a capitales criollos.
Según el CIE el 2006 se materializaron 112 solicitudes de inversión en el sector minero, destacando Inversiones Barrick (U$ 652.650) y Minera Escondida (U$ 200.000), lo que a juicio de Mena «son positivas cifras que confirman la confianza de los inversionistas en continuar invirtiendo en nuestro país».
Para Latorre en Chile las inversiones en el área minera son un derroche inconmensurable: «Justo cuando el precio del cobre, del molibdeno y del oro está en las nubes, el país ha entregado su explotación a manos extranjeras, captando sólo el impuesto de la gestión extractiva. Lo que ahora se empieza a pagar son descuentos de las pérdidas declaradas durante los 20 años anteriores; además la ley le permite ‘declarar’ nuevas inversiones para descontarlas de las ganancias obtenidas, con lo cual eluden nuevamente a futuro los impuestos. Así, lo que invierten en desarrollo de explotación, las mineras lo asumen como costos operativos, por lo que lo descuentan de utilidades y lo que han pagado por derechos lo descuentan como costos financieros, deudas contraídas con sus propias casas matrices. El mal llamado royalty terminó siendo un impuesto específico, ya que puede que algunos paguen a la entrada del ejercicio fiscal, pero lo rescatan indefectiblemente a la salida».
Latorre intenta hacer el cálculo de lo que hoy Chile está perdiendo con las mineras trasnacionales, estimando que entre 1988 y el 2000, cuando el cobre estuvo a 1 dólar la libra, se perdieron más de 18 mil millones de dólares: «Ahora si proyectamos la década del 2000 al 2010, con la libra a 3 dólares, como se cotiza hoy, y como se produce casi el doble de la década anterior, estamos derrochando alrededor de 100.000 millones de dólares. El royalty es no más del 1,3% de los costos de la inversión. Este es el escenario ‘surrealista’ de nuestra inversión minera transnacionalizada».
Para el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Hugo Fazio, en Chile sólo tenemos que replicar la experiencia de la nacionalización del cobre. Y «si quieres tomar otras medidas, se pueden retener parte de las ganancias excesivas. Y esto no es nada descabellado. si hasta en Estados Unidos se debate. También se podría cobrar renta por la explotación de los recursos naturales, porque hoy Chile se da el lujo de entregar sus yacimientos mineros».
«Así ocurrió el año pasado con las ganancias de la BHP Billiton, dueña de La Escondida, el mayor yacimiento cuprífero que hay en el continente -continua Fazio- que equivale a toda la inversión que han hecho en Chile y si este año, si siguen los actuales precios del cobre, va a volver a producirse lo mismo. La pregunta es si con tales márgenes de ganancia ¿las empresas extranjeras requieren un estímulo adicional para invertir? Así también ocurre con la industria de celulosa, la electricidad y otras ramas de la economía.»
Traspasos internacionales
El 2006 la compra de Transelec por la canadiense Brookfield Asset Management generó que el sector eléctrico tuviese la mayor IED (38% = U$ 1.205 millones), seguido de la inversión en Minería (36,5% = U$ 1.159 millones) y Servicios (14,2% = U$ 452 millones). Es decir, el traspaso de propiedad de una empresa opera como índice de crecimiento económico, aunque no signifique en lo concreto inversión productiva.
Esto para Claude significa que «ya no queda mucho por vender en nuestro país y cada vez será más difícil atraer inversión extranjera que permita sostener una creciente actividad económica». Fazio añade que lo de Transelec es una excepción al pagarse los impuestos en Chile, cosa que «no ocurre con otras operaciones realizadas en el extranjero, como el cambio de propiedad de Endesa en España, que tiene implicancias en nuestro sistema eléctrico, sector estratégico de cualquier país. La operación concitó cláusulas de parte del gobierno español y del italiano y no ha generado declaración alguna del gobierno de Chile. Así también ocurrió en el caso de la compra por parte de una minera norteamericana que adquirió a la controladora en Chile de El Abra con un 51% de la propiedad; esta es la mayor privatización de yacimientos cupríferos hechos durante los gobiernos de la Concertación. Toda la operación fue realizada fuera de Chile y el gobierno no tiene postura alguna frente a eso».
Así las cosas el rol de Chile en la economía mundial hoy no es muy distinto del que denunciaba en los ’70 la escuela de la dependencia -a juicio de Claude: «Chile se inscribe en el proceso de globalización financiera como un proveedor de recursos naturales de libre acceso y como un proveedor de mano de obra barata. Ese es el modelo chileno. Las implicancias son evidentes, dependencia creciente, desigualdad, pobreza y exclusión. Por este camino no hay desarrollo».
País de «bajo riesgo»
Cada cierto tiempo nos desayunamos con los índices de consultoras trasnacionales que señalan a Chile como país de «bajo riesgo» para la inversión. Los titulares optimistas de la prensa no dejan de mostrar frases complacientes de ministros de hacienda y economistas neoliberales recalcando seguir por el camino que «nos conducirá al desarrollo».
¿Pero en la práctica qué variables son importantes para que un inversor decida poner su dinero en Chile?
A juicio del Gonzalo Villarino, economista, consultor ambiental y ex presidente de Greenpeace Chile, «la fuente de estas ventajas puede encontrarse en la existencia de mano de obra barata o excelente dotación de factores productivos, pero también se puede producir con un costo relativo inferior cuando se considera como de costo cero un factor productivo que en otro proceso productivo u otro país debe pagar por su uso. Cuando no se debe pagar por la contaminación que se genera, la empresa que goza de esa franquicia posee una ventaja comparativa y lamentablemente Chile ha generado este tipo de ventajas con su institucionalidad ambiental de utilería, la dictación de normas laxas y la casi nula capacidad de fiscalización».
Latorre agrega que ser país de bajo riesgo en la jerga empresarial internacional es «tener la sartén por el mango en toda la legislación que norma las actividades financieras: estabilidad de la moneda, de las divisas, seguridad de convertibilidad, garantías jurídicas contractuales (cargando multas ruinosas si los gobiernos o parlamentos cambian reglas del juego abusivas); además significa que el fisco mantenga reservas en moneda dura suficientes para obtener créditos a baja tasa y asegurarse préstamos internacionales teniendo esas reservas como garantía».
Villarino sostiene que «si por reducir las trabas a la inversión se entiende relajar la normativa ambiental, se está hipotecando el futuro. Para algunos políticos y economistas la riqueza de un país se mide exclusivamente por el PIB, en virtud de lo cual toda medida que tienda incrementar el PIB tendría la virtud de mejorar las condiciones de vida de un país. El problema es que esa definición de riqueza es muy estricta, deja fuera todo aquello que es útil y necesario para la vida, pero que por alguna es útil y necesario para la vida, pero que por alguna razón no tiene precio de mercado. La biodiversidad, por ejemplo, es parte de la riqueza de un país, pero por convenciones de la contabilidad macroeconómica no forma parte del PIB, por tanto puede perder y, de acuerdo al cómputo de la economía tradicional, no afectaría la riqueza de una nación.»
Por su parte, Latorre reflexiona sobre el interés de invertir en «países en desarrollo», «al ser las oportunidades de entrada y la rentabilidad del capital mejor que las que se dan en los países desarrollados, sobre todo cuando las oportunidades de salida le son favorables y garantizadas. Todas esas condiciones son aún muy superiores en América Latina, ya que tienen garantías de llegar subsidiadas por nuestros estados, una acelerada recuperación del capital, enormes ganancias en corto plazo y asegurada la salida o retiro si dan con otras plazas o agotaron su ciclo de acumulación local.»
¿Qué hacer?
Pese a que Lagos anunció como principal efecto del TLC con EE.UU la llegada de inversiones, han pasado 4 años de la firma del acuerdo y aún no se llega ni a la mitad de las inversiones realizadas en 1999. «No hubo grandes inversiones desde que se firmó el TLC -señala Fazio- y éstas recién empiezan a hacerse el año pasado, que es cuando hay una gran demanda de cobre en los mercados mundiales. Otro argumento que se dijo es que con el TLC con EE.UU van a llegar capitales a Chile para aprovechar que pueden entrar al mercado norteamericano sin pagar aranceles. Pues bien, eso va a suceder siempre que la economía chilena les produzca un beneficio especial. Los inversionistas sopesan por qué instalarse en Chile si me puedo instalar en México o en Centroamérica, que están más cerca de EE.UU».
Pese a ello, el gobierno y de los empresarios siguen rezando para que lleguen inversionistas. Mientras esperamos, revisemos algunas propuestas para que si es que llegan nuevos capitales extranjeros, estos vayan en beneficio del país.
Latorre propone «cambiar casi la totalidad de la normativa sobre inversiones extranjeras; luego aplicar una normativa que iguale las inversiones externas con las nacionales, en términos de obligaciones; en el área de explotación de recursos naturales. También deben aplicar royalties reales y altos, cuanto más grande sea la rentabilidad; debe cobrarse royalty por el uso de recursos desgastables -como paisajes, carreteras o el uso de aguas; toda inversión en áreas estratégicas debe tener la participación del Estado y debe darse un fondo de aporte a la inversión tecnológica». Latorre pone como ejemplo a los países asiáticos quienes «han hecho todo esto y les ha ido bastante mejor que a nosotros.»
Desde una perspectiva ambiental, Villarino añade que «para que la inversión se transforme en un instrumento de desarrollo y no de empobrecimiento, debe estar celosamente regulada, ya sea de capitales nacionales o extranjeros. La IED materializada en Chile en el período 1974 – 2006 ha caído en un porcentaje mayoritario en la explotación de recursos naturales, siendo la regulación ambiental en Chile muy laxa, además de la pésima capacidad de fiscalización de los organismos públicos competentes. O sea, la IE ha tenido condiciones de excepción para explotar los recursos naturales. Desde esta perspectiva no puede sino evaluarse de manera deficiente el proceso de inversión materializada en Chile».
Para Fazio el paso es impensable que venga de las actuales autoridades, las que perpetúan situaciones que en otros países serían escandalosas, como lo que ocurre en la explotación cuprífera, «donde las mineras en un año recuperan todo lo que han invertido. La inversión extranjera (…) en la última década no ha sido beneficiosa para el país, sino que más bien ha entregado riquezas nacionales».
Pero lo más grave aún para Fazio es que el actual esquema económico «pone en dependencia a la economía interna de fenómenos que ocurren en el exterior, ya que una salida de capitales muy fuertes puede generar una crisis. Lo que hay que hacer es salirse del modelo que se está aplicando y terminar con esa lógica. Se ha dicho muchas veces que los inversionistas se van a ir, pero eso no ha ocurrido en países que han nacionalizado sus recursos. Con los elevados precios del cobre, Chile hoy está perdiendo una oportunidad histórica para ser un país desarrollado y algún día estos recursos se acabarán».