En los últimos treinta y tres días, el sector manufacturero chino se ha visto sacudido por una serie inusual de huelgas: veintidós movimientos colectivos en diferentes sectores, desde la industria farmacéutica hasta la textil, desde la aeroespacial hasta los semiconductores. No se trata de episodios aislados, sino del síntoma de un malestar generalizado.
Por un lado, la coyuntura económica desfavorable ha provocado una caída de los pedidos y una disminución de los beneficios, por otro lado, la adopción de normas para la plena aplicación de la “seguridad social obligatoria” ha aumentado los costes fijos de las empresas, empujando a muchas de ellas a cerrar. De hecho, durante décadas, el gobierno ha hecho la vista gorda a la falta de pago de las cotizaciones por parte de las empresas, permitiéndoles inflar sus beneficios, pero el repentino cambio de política, debido al hecho de que los fondos de pensiones están sin capital, provoca trastornos al volver a hacer que los trabajadores sean los que paguen las consecuencias; además de las empresas que cierran, muchas otras simplemente han reconvertido a sus empleados en trabajadores a tiempo parcial, para quienes el pago de las cotizaciones sociales no es obligatorio. No es casualidad que la adopción repentina de la nueva normativa, en ausencia de medidas de acompañamiento y protección, sea ampliamente impugnada por los propios trabajadores. En este contexto, los trabajadores eligieron la huelga como último recurso para defender sus salarios y subsidios.