Cinco reflexiones para el debate sobre el impeachment en Brasil

1. El impeachment a Dilma Rousseff fue el reflejo de una combinación de crisis que anidaban en el país vecino, y hace tiempo venían gestándose. Se produjo una tormenta perfecta de crisis económica, social y política. Sostenemos así que el impeachment no es explicable meramente en términos parlamentarios, sino en la evaluación de la articulación de las distintas crisis. El Parlamento fue el espacio distintivo en el cual se expresó aquella articulación.

A modo de ejemplo, la polarización geográfica electoral entre el Nordeste que votaba masivamente por el PT, y el Sur que votaba por los candidatos del PSDB, es algo que venía proyectándose desde la elección presidencial de 2006, cuando el estallido del escándalo del «mensalão» alejó a la clase media del apoyo al gobierno. El proceso de impeachment es inexplicable sin considerar el clima de revancha pos-electoral que se generó como resultado de las elecciones de 2014, que culminaron en la estrecha diferencia en segunda vuelta entre Dilma y Aécio. Tampoco, excluyendo la consideración sobre los problemas de crecimiento económico que se expresaron en intensidad en este segundo mandato.

2. Hablar de golpe institucional o golpe a secas, oculta más de lo que explica. Al PT y Dilma puede haberles servido como estrategia de defensa política. Sin embargo, lo que aquí se evidencia más claramente es la evaporación de la coalición política gubernamental, donde 367 diputados federales votaron en abril a favor del juicio político a la presidenta.

Esto refleja una pulverización de la coalición partidaria, una actuación oportunista de los diputados que se refugiaron en los intereses particulares como forma de salvar su propia cabeza ante la crisis y el descrédito en el que estaba sumida la clase política. Aparte de una baja discusión política, lo que se pudo ver en aquella votación fue esa pulverización de la coalición política gubernamental. Eso explica a varios diputados federales envueltos en la bandera de sus Estados y reivindicando su identidad estadual. Ante la crisis política de pulverización partidaria, resurgió la identidad estadual como salvaguarda para la carrera política personal.

Eric Nepomuceno, gran cronista de la crisis brasileña, había señalado previamente que si Dilma y el PT no obtenían en aquella votación los votos necesarios para detener el impeachment «mejor irse a casa». Repentinamente, aquél lúcido señalamiento se transformó en la denuncia de un golpe de Estado.

No estamos negando que hubiera vínculos entre el juez de Curitiba Sergio Moro y Globo por ejemplo, que habrían trazado operaciones sucias y en el límite de lo institucional, que fueron clave para hacer avanzar el proceso de impeachment (en especial, la divulgación de Moro del audio de la conversación entre Lula y Dilma, que impidió y conspiró contra la asunción del primero de la Jefatura de la Casa Civil).

Sin embargo, evitar en el análisis la caracterización del golpe permite evadir una explicación de lo que sucedió como un rayo o una fatalidad que cae en el cielo sereno. Por lo tanto, considerar los errores y las contradicciones propios del segundo mandato de Dilma que llevaron al impeachment. «Golpe» hace pensar que estaba escrito que Dilma sería desplazada de la presidencia. Sin embargo, el PT, Dilma y su coalición cometieron, voluntaria o involuntariamente, por acción u omisión, determinados cursos de acción que llevaron a esta situación.

El «crimen de responsabilidad» es una figura político-jurídica que existe en la Constitución brasileña, lo suficientemente ambigua como para habilitar esa utilización forzada que hizo la oposición contra la soberanía popular de las elecciones de 2014. La Ley 1.079 que regula los crímenes de responsabilidad, incluye en esa categoría «proceder de modo incompatible con la dignidad, la honra y el decoro del cargo; autorizar la apertura de un crédito sin autorización del Senado Federal o sin fundamento en la ley presupuestaria; contraer un préstamo o emitir moneda sin autorización legal«, entre varios otros[1].

Es posible que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y gobernadores estaduales hayan cometido las «pedaladas» fiscales en reiteradas ocasiones sin ser desplazados del gobierno. La diferencia estriba en que estos tenían coaliciones dispuestas a sostener la legalidad de estas operaciones desde la lucha política. El problema es cuando la coalición se desarma. La ambigüedad de la Constitución es algo que solo adquiere operatividad en el marco de la impopularidad de Dilma y la crisis del proceso político que ésta lideraba.

Cierto es que la particularidad de este proceso estribaba en una serie de parlamentarios implicados en varias causas por corrupción que legitimaban con el argumento de la corrupción un juicio político a la única política (Dilma Rousseff) que estaba exenta de aquellas acusaciones. Pero eso no invalida el proceso ni lo convierte en un golpe, sólo lo hace injusto y condenable, pero no afecta de un modo determinante la legalidad del proceso.

3. La crisis política que derivó en el impeachment es inexplicable sin mencionar el error que supuso nombrar, por parte de Dilma Rousseff, a Joaquim Levy como Ministro de Fazenda, representante de la ortodoxia económica, luego de prometer lo contrario en la campaña presidencial de 2014. Dilma había señalado durante la campaña que Aécio Neves iría a quitar la comida de la mesa de los brasileños, para luego hacer un ajuste ortodoxo al asumir el segundo mandato, que era lo que se combatía. Como se dijo, se «aplicó el programa de los perdedores». Otra cuestión menor en importancia, pero que provocó contradicciones en su alianza sociopolítica, supuso nombrar a Katia Abreu en Agricultura. Paradójicamente, la senadora del PMDB que decidió romper con su partido para apoyar a Dilma en el Senado, así como arregló la curiosa fórmula de destitución sin casación de derechos políticos.

A su vez, criticado por el MST, el nombramiento de Abreu, representante de los intereses del agrobussiness, retrajo el apoyo de los movimientos sociales hacia Dilma. Dilma actuó de forma autónoma de las exigencias partidarias y de los movimientos sociales, hecho que la debilitó.

Los empresarios y banqueros, que «nunca habían ganado tanto como con los gobiernos del PT» (al decir de Lula), retiraron el apoyo ante la baja en el crecimiento y el aumento en la polarización política, pasando la Federación de Industrias de San Pablo a señalar «No vamos a pagar el pato» (los costos del ajuste y la retracción económica).

En definitiva, los actores que sustentaban la alianza policlasista del gobierno de Dilma perdieron durante el segundo mandato los incentivos para seguir apoyando.

4. Existe una genealogía: 1954, 1964, 2005, 2016. Marx dice: «la historia se repite», y se repite porque es la historia de la lucha de clases. En una democracia de enclaves oligárquicos como la brasileña, donde predominan formas oligárquicas de dominación política, existe un Estado ampliado capturado por las elites políticas y económicas, que habilitó la articularon entre el poder judicial y los medios para legitimar este juicio político conservador.

Hay una reiteración en manipular las instituciones por parte de las oligarquías para excluir del juego político a los líderes populares. En 1954, la oposición política y mediática condujo a Getúlio Vargas al suicidio en agosto de aquél año con una presión asfixiante por la renuncia. El suicidio de Getúlio, paradójicamente, le proveyó al varguismo de una década de aire y vitalidad. Esto permitió el triunfo de Kubitschek en las elecciones de 1955, entonces gobernador de Minas Gerais que provenía del PSD varguista.

10 años después, en 1964, Jango Goulart, el heredero de Vargas, fue expulsado al exilio tras el golpe de Estado orquestado por fuerzas internas y externas, con la inestimable contribución de los grandes medios, principalmente O Globo.

En 2005, Lula fue asfixiado por un cerco mediático durante el escándalo del mensalão. Su fortaleza como líder popular le permitió salir de esa situación complejísima con discursos en todo el país interpelando al electorado, y estableciendo vínculos populares por fuera de las mediaciones de los periodistas. En 2016, 10 años después, Dilma fue destituida en el marco de una grave crisis política.

Hay intentos y reintentos de las clases dominantes de recuperar la hegemonía política y social perdida, 1954, 1964, 2005, 2016. Ante la primera crisis, la recuperación popular dura 10 años vía suicidio (Getúlio) o vía enfrentamiento carismático (Lula). Sin embargo, una década después las clases dominantes se reagrupan de un modo fulminante y logran forzar las instituciones para desplazar a los mandatarios que les son adversos (1964 y 2016).

5. La única forma de que las experiencias progresistas desplazadas del gobierno en América del Sur puedan volver a las presidencias reside en una posición crítica con respecto a estas propias experiencias. De poco sirve argumentar que Estados Unidos es muy malo, que los medios son muy malos, que la oposición se comportó de un modo destituyente. ¿Qué otra cosa esperamos de esos actores? Sin una evaluación crítica de los errores cometidos, estas fuerzas tendrán dificultades para volver al gobierno, ya que los mismos errores volverán a repetirse.

[1] Ley número 1.079 que define los crímenes de responsabilidad y regula el proceso respectivo de juzgamiento. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm