En la primera reunión de Gabinete, Bolsonaro anunció un paquete de 50 medidas de ataque a los trabajadores. La central es la reforma previsional. Cuál es el rol de la oposición, las direcciones sindicales y la lucha de los trabajadores.
La primera semana de un Gobierno que declaró la guerra a los trabajadores
El jueves 3 de enero, en su primera reunión de gabinete de ministros, entre ellos conocidos enemigos de las mujeres, las personas LGBT y la clase obrera como Damares Alves y Paulo Guedes, Bolsonaro anunció que se llevarán a cabo 50 medidas para «desbloquear» la economía. Onyx Lorenzoni, Ministro de Gobierno ya acusado de corrupción por el esquema de financiamiento ilegal durante la campaña, dijo que las medidas van a hacer la vida más fácil para las personas.
Aunque las 50 medidas no se anunciaron en su totalidad, se prevé que sigan la tendencia de lo que fueron los primeros días de la gestión Bolsonaro, que desde que asumió declaró como una prioridad aumentar la edad de jubilación a 62 años, reducir el subsidio a personas mayores y discapacitados (llamado BPC), y atacar la jubilación de los trabajadores rurales. Es decir, un plan para aumentar la miseria de los más pobres y mejorar la vida de los empresarios.
Ya aprobó también por decreto la reducción del salario mínimo, por debajo del que había votado la comisión parlamentaria del Congreso, enviado por Temer, y la privatización de empresas estatales (Electrobras, puertos y aeropuertos, entre otros).
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La lista de ataques continúa: quieren avanzar en aplicar una reforma laboral más profunda, acabar con la Justicia de Trabajo y el convenio colectivo, destruir los derechos de los pueblos originarios y los negros, entregando sus tierras a los latifundistas. Con la creación del Ministerio de la Mujer, la Familia y de los Derechos Humanos, dirigido por la reaccionaria pastora evangélica Damares Alves (que incluso está siendo investigada por la posible implicación de su ONG en el tráfico de personas), Bolsonaro también retiró a las personas LGBT de las directrices de los Derechos Humanos.
El punto más alto de todos estos ataques es la reforma de las pensiones. Tanto el ministro de Economía Paulo Guedes como Bolsonaro comenzaron a anunciar una serie de ataques parciales que terminarían en un desmantelamiento total del sistema jubilatorio. Estas medidas implican la burocratización de los trámites para el acceso a prestaciones de seguridad social, el relevamiento de los subsidios estatales, el recorte de los beneficios para las personas mayores y discapacitados, entre otros, que se están llevando a cabo por medio de Medidas Provisionales, que les permite avanzar en la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.
Para el primer semestre pretenden poner a votación el texto completo de la Reforma Previsional, que incluiría una edad mínima de 62 años. Una edad a la que ni siquiera llega todo un sector de los trabajadores empleados en trabajos precarios y superexplotados. Es decir una reforma que significaría que una parte de los brasileños trabajen hasta morir, sin posibilidad de gozar jamás de una jubilación (ni hablar de una que además sea digna).
La luna de miel del gobierno Bolsonaro y una carrera de velocidades contra las inevitables desilusiones de ese «matrimonio»
El ritmo de los ataques es acelerado, pero a pesar de poder parecer que la velocidad tiene que ver con una ventaja moral del presidente, todos los analistas burgueses acuerdan en que esa carrera de velocidades de los ataques contra la clase obrera tiene que ver justamente con la «luna de miel» con la que cuenta la nueva gestión.
Sin embargo los electores de Bolsonaro no le firmaron un cheque en blanco cuando pusieron su boleta en la urna, por el contrario. En medio de la crisis orgánica (política y económica) que atraviesa Brasil, el rechazo de las masas a la política, a pesar de ser confuso, contiene ciertamente rasgos de autodefensa y de odio a los políticos ricos (que por hora afectó con mayor fuerza a los partidos tradicionales, como el DEM e más profundamente al PSDB). Este odio es el que, al mismo tiempo, hace que no sea tan simple aprobar la reforma previsional, a pesar de los esfuerzos de Guedes, Bolsonaro, y toda la burguesía nacional e imperialista para presentarla como necesaria y benéfica.
Los trabajadores y el pueblo brasileño están siendo bombardeados por todos lados con una ofensiva mediática a favor de la reforma previsional. Los diarios, noticieros, analistas políticos y hasta las telenovelas dicen que el déficit público es culpa del Instituto de Seguridad Social (INSS). Esto a pesar de que los propios analistas fiscales señalan que la previsión social no tiene nada que ver con eso, y que la mayor culpable de que las cuentas no cierren es justamente la deuda que el gobierno brasileño nunca dejó de pagar, honrándola con el sudor del pueblo y la pérdida de derechos y servicios públicos.
Aún con este bombardeo de propaganda proreforma, los gobiernos federal y estatal no logran convencer a la clase trabajadora de aceptar este enorme ataque, y eso se ha probado parcialmente en las huelgas generales de 2017, que si no fueron aún mayores, fue por el rol traidor de las direcciones sindicales.
La lucha y las huelgas de 2017 contra la ofensiva de Temer acabaron con el intento de pasar la reforma previsional en ese momento, y también podrían haber acabado con la reforma laboral si no fuera por esas mismas direcciones que traicionaron la lucha. Muchos ataques que intentaron ser pasados a nivel regional también fueron frenados por la organización de los trabajadores.
Bolsonaro y la burguesía saben que hay un rechazo generalizado de la clase obrera y los sectores populares a los ajustes, es una expresión latente que refleja que si bien el golpe institucional se ha consolidado con la asunción de Bolsonaro, la clase obrera no está derrotada. Bolsonaro tratará de aprovechar de su «luna de miel» para imponer una derrota estratégica y por eso, aún con las direcciones sindicales aceptando un período de «paz social», podremos ver elementos de resistencia obrera y asistir a profundos acciones de lucha de clases, para lo que es fundamental estar preparados con un programa y una estrategia para vencer.
Las centrales sindicales y la necesidad de romper la «paz social» con Bolsonaro
El día de asunción de Bolsonaro, los principales sindicatos del país enviaron una carta al actual presidente con un intento de diálogo respetuoso. La carta no denuncia que Bolsonaro fue electo en una elecciones completamente manipuladas por el Poder Judicial y tuteladas por los militares, precedidas de un golpe institucional y del encarcelamiento ilegítimo de Lula.
El PT y el PCdoB, que dirigen las centrales sindicales CUT y CTB, sucumbieron definitivamente a las alas golpistas de la burocracia sindical de Força, UgT y Nova Central, al guardar silencio como si no hubiera un ataque profundo a las libertades democráticas de los trabajadores con la consolidación del golpe institucional.
La normalidad que buscan mostrar las centrales sindicales tiene detrás la estrategia de esperar el desgaste de Bolsonaro para responder electoralmente en 2022. Esa estrategia no podría tener otro nombre que el de traición. Una traición de quien se somete totalmente para mantener sus privilegios y garantizar su supervivencia, a costa de entregar los derechos de los trabajadores, en un momento en que Bolsonaro promete «acabar con el socialismo» y llama un movimiento donde una de sus reivindicaciones será poner fin a los sindicatos. La CUT y la CTB van al frente cubriendo por la «izquierda» a las centrales golpistas,
Esa es también la verdadera estrategia del PT, que en la voz de su antiguo dirigente, José Dirceu, dijo en una entrevista antes de la asunción de Bolsonaro que: «(debemos) dejar que la silla presidencial los queme», es decir que la propia implementación de los ataques desgaste Bolsonaro y su trupe reaccionaria para, pasivamente y «naturalmente», volver en 2022 ya con todos los derechos de los trabajadores y el pueblo liquidados. Quieren que el pueblo brasileño confíe más en la «resistencia parlamentaria» de 70 diputados que en la fuerza de la clase obrera para frenar los ataques.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) forma parte del mismo frente que el PT, por eso, a pesar de varias declaraciones públicas de sus referentes, no presenta otra salida estratégica al guardar silencio sobre las maniobras de la burocracia sindical, sin hacer ningún tipo de llamado a la organización de los trabajadores para superar ese obstáculo.
En contra de esta orientación se hace necesario pelear por una salida para que sean los capitalistas los que paguen la crisis. Una salida que además de plantear el rechazo urgente a la reforma previsional y el ataque a los otros derechos económicos y políticos, levante puntos programáticos que ataquen la expoliación imperialista y las ganancias capitalistas, como el no pago de la deuda pública, el fin de las privatizaciones y la estatización total de las empresas que ya se vendieron total o parcialmente, con funcionamiento bajo gestión de los trabajadores que allí trabajan y control popular, para enfrentar a las burocracias estatales y las mafias que roban los recursos públicos de las estatales del petróleo y energía, aeropuertos y transporte público. Además, hay que atacar las medidas reaccionarias contra la población LGBT, mujeres, negras y negros y los pueblos originarios, luchando por la demarcación de las tierras quilombolas y de los pueblos originarios, y la igualdad salarial entre negras, negros, blancas y blancos, hombres y mujeres, trans y cis.
La guerra ya comenzó, y Bolsonaro está dispuesto a todo para agachar la cabeza ante el capital imperialista norteamericano. Pero la clase trabajadora brasileña mostró ser mucho más fuerte. Sólo necesita entrar en esa guerra, organizándose en cada lugar de trabajo y estudio, imponiendo a los sindicatos y centrales sindicales un plan de lucha y luchando para recuperar los sindicatos y centros de estudiantes para la lucha de clases, para poner de vuelta a la clase obrera, el verdadero gigante brasileño, en acción.