Las protestas indígenas y campesinas contra el acuerdo comercial que Colombia negocia con Estados Unidos dieron pie a una intensa respuesta militar del gobierno de Álvaro Uribe, con un saldo aún incierto de muertos, heridos y desaparecidos. Incluso el defensor del pueblo (ombudsman) del sudoccidental departamento de Nariño, Carlos Mario Aguirre, fue hospitalizado la noche […]
Las protestas indígenas y campesinas contra el acuerdo comercial que Colombia negocia con Estados Unidos dieron pie a una intensa respuesta militar del gobierno de Álvaro Uribe, con un saldo aún incierto de muertos, heridos y desaparecidos.
Incluso el defensor del pueblo (ombudsman) del sudoccidental departamento de Nariño, Carlos Mario Aguirre, fue hospitalizado la noche del viernes, afectado por «gases prohibidos disparados desde helicópteros artillados», según el no gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).
Al mediodía de este sábado ninguna autoridad ni organización civil había logrado evaluar la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos a raíz de la carga militar contra las manifestaciones rurales iniciadas el lunes en 14 departamentos contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que convocó la protesta a la que luego se unieron organizaciones campesinas y comunidades negras, unas 50.000 personas participan en las movilizaciones.
Pero el gobierno aseguró que la protesta era promovida por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con 42 años de insurgencia.
La ONIC agrupa a 90 etnias que suman cerca de un millón de aborígenes en este país andino y selvático de 42,2 millones de habitantes.
El aplastamiento de la protesta se constató fundamentalmente en la región indígena del Cauca y en Nariño, aunque también en los departamentos de Putumayo, limítrofe con Ecuador, y Meta, al sur de Bogotá.
En Nariño, el viernes, «la fuerza publica agredió no solamente a manifestantes sino también a funcionarios que estaban tratando de mediar», dijo a IPS el secretario ejecutivo nacional del CPDH, Jairo Ramírez.
Allí las protestas «son parte de la convocatoria de organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional» contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos, confirmó Ramírez.
Pero «son también contra las fumigaciones y la erradicación forzosa de cultivos de coca», materia prima de la cocaína, de la cual Colombia es primer exportador mundial, agregó.
En Nariño, recordó Ramírez, se ha concentrado el desplazamiento de cultivadores de coca expulsados de otras regiones tras operativos contrainsurgentes y antidroga del Plan Colombia y el Plan Patriota, ambos mecanismos que cuentan con financiación y coordinación militar estadounidense.
Las organizaciones campesinas temen que el perjuicio a la producción agrícola que podría causar el tratado de libre comercio con Estados Unidos empuje a más agricultores a la siembra de coca, por lejos el cultivo más rentable en el país andino.
La negociación del tratado fue cerrada inicialmente el 25 de febrero, aunque luego se reabrió por divergencias de fondo en áreas delicadas para el sector agrícola colombiano, cuyo contenido permanece secreto.
El gobierno de Colombia anunció esta semana que estos apartados del tratado serán discutidos sólo después de las elecciones presidenciales del domingo 28, en las que el derechista Uribe aspira a la reelección.
La acción civil contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos fue convocada desde la primera semana de marzo por la ONIC, que advirtió entonces que el acuerdo «permite patentar nuestros recursos genéticos».
Negociado durante dos años por el gobierno, el tratado de libre comercio, según los indígenas, pone en riesgo sus culturas, pueblos, familias, dignidad y la vida misma «por la ceguera de quienes se han equivocado y utilizan el mayor poder de la historia para convertir en mercancía todo lo que existe».
La ONIC advirtió también que el tratado «encarece los medicamentos causando muerte, destruye la producción agropecuaria nacional y la soberanía alimentaria, establece desmesuradas prebendas a favor de los inversionistas, contratistas y proveedores extranjeros».
Además «impone al país jurisdicciones extrañas y la aprobación de leyes sobre sus recursos y régimen jurídico». En esa convicción, llamaron a impedir su ratificación en un parlamento 70 por ciento oficialista.
Los indígenas iniciaron su movilización el lunes 15. La protesta central, denominada Gran Cumbre Itinerante de Organizaciones Sociales, se celebró en el sudoccidental poblado de La María, en el municipio de Piendamó, departamento suroccidental del Cauca.
A partir de una marcha multitudinaria en septiembre de 2004 en que se declaró La María como «territorio de convivencia, diálogo y negociación», se lo considera lugar sagrado de autoridad indígena.
A la reunión del lunes acudieron unas 8.000 personas de todo el país, a las que se sumaron comuneros locales, dijo a IPS el ex ministro Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, quien acudió a la cita.
El mismo lunes, el gobierno relacionó la cumbre con la guerrilla.
Al día siguiente, con el pretexto de garantizar la circulación por carretera, la manifestación en La María y otras en áreas rurales de Nariño fueron atacadas desde helicópteros con balas de goma y gas lacrimógeno, y en tierra por fuerzas combinadas del escuadrón de la policía antidisturbios (ESMAD) y el ejército.
En La María, los indígenas y campesinos habían acordado con el gobierno una reunión con tres viceministros que fueron enviados a la zona para tal fin. Pero en lugar de los funcionarios acudió a la cita la fuerza pública, actitud que los indígenas calificaron de «perversa».
Las víctimas muestran heridas de bala de fusil, esquirlas o fracturas, atribuidas por testigos a golpizas propinadas por el ESMAD, que cargaron incluso contra mujeres.
La tropa arremetió primero contra la emisora indígena local, destruyó totalmente sus equipos y detuvo a cuatro periodistas. «El segundo objetivo eran los líderes», dijo a IPS Silza Arias, coordinadora de comunicaciones de ONIC.
La fuerza pública se comportó como «ejércitos de invasión», según una declaración emitida por el poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca.
Los uniformados atacaron el centro de salud y a niños y mujeres embarazadas que recibían atención médica allí, destruyó la tienda comunitaria y la mercadería que en ella había, atacó el lugar donde se realizaba la cumbre, asaltó casas de civiles e incendió ropa y enseres, agregó el Consejo.
En la refriega fue muerto de un balazo Pedro Coscué, miembro de la Guardia Indígena, fuerza civil integrada por unos 10.000 jóvenes armados de bastones de mando adornados con cintas de colores. El jueves se confirmó la muerte de una mujer y una niña, también indígenas.
Sólo desde ese día recibieron ayuda humanitaria 10.000 personas que se habían refugiado el martes en la parte alta de La María.
Una fuente de la cooperación europea confirmó a IPS que una misión de varias dependencias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica inició el viernes una verificación de los hechos y la evaluación de los daños.
La ONIC denunció que el ESMAD destruyó la tubería de un acueducto rural en Cauca y que en Nariño, «avionetas cargadas con glifosato (herbicida usado para destruir cultivos de coca) fumigaron las aguas que alimentan el acueducto del corregimiento El Remolino, municipio de Taminango».
«El uso de armas de fuego, helicópteros, puñales, alambres de púas, denegación del acceso al agua potable» fue apenas la tercera agresión contra organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas, según la ONIC en un comunicado leído el jueves en rueda de prensa.
«La primera agresión que sufrimos fue el intento de invisibilizar nuestra protesta», pues la prensa local ignoró la convocatoria a la cumbre, afirmó la organización.
«La segunda agresión» fue la versión difundida por el gobierno «según la cual esta protesta está dirigida e impuesta por las FARC», recordó la ONIC, «mentira ésta que preparó la bala, el asesinato y la barbarie» contra las multitudes.