Informe presentará un diagnóstico inédito sobre el tráfico de armas y las organizaciones delictivas de Brasil, además de proponer cambios en la legislación y sugerencias al Poder Ejecutivo para el combate de este tipo de delito. El diputado federal Paulo Pimenta, relator de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Tráfico de Armas, presentó este […]
Informe presentará un diagnóstico inédito sobre el tráfico de armas y las organizaciones delictivas de Brasil, además de proponer cambios en la legislación y sugerencias al Poder Ejecutivo para el combate de este tipo de delito. El diputado federal Paulo Pimenta, relator de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Tráfico de Armas, presentó este miércoles 06 de septiembre, un borrador preliminar de su informe, que debería estar listo para ser votado en la primera quincena de octubre de 2006.
Según el boletín Informes do PT, la CPI ya detectó que, en Brasil, nunca existió una política específica e integrada en el área de seguridad pública orientada hacia la cuestión del combate del tráfico de armas y de municiones. Como la legislación brasilera no tipifica el crimen organizado, son utilizados instrumentos extremadamente rudimentarios para enfrentar a las organizaciones delictivas.
Por eso, el informe debería presentar un conjunto de propuestas, entre Proyectos de Ley e indicaciones para el Poder Ejecutivo y otros órganos de la administración pública, apuntando a perfeccionar el combate del crimen organizado y tráfico de armas en el País. Pimenta afirmó que el informe debería responder gran parte de las cuestiones identificadas por la CPI sobre el Tráfico de Armas y crimen organizado en Brasil.
Será propuesta, por ejemplo, la tipificación penal para las conductas ilícitas de las facciones del crimen organizado y del «terrorismo criminal». Será sugerido el mantenimiento del régimen disciplinario diferenciado, con miras a romper la comunicación de los líderes criminales presos con sus brazos armados en libertad. También será propuesto disciplinar el ingreso y uso de dispositivos de radio comunicación en las penitenciarias, además de los encuentros entre presos y sus abogados.
Otra sugerencia es la implementación de programas de asistencia jurídica a los presos, para evitar el prolongamiento indebido del tiempo de internación. Será propuesto el fin de la limitación de los recursos en el área de seguridad. El nombramiento de cargos de dirección en establecimientos penales también deberá ser realizado obedeciendo criterios técnicos y de mérito, como forma de profesionalizar la gestión del sistema penitenciario.
Además en el texto del informe será propuesta la intensificación de la fiscalización y control aduanero en puertos, aeropuertos y puestos de frontera, con la instrumentalización de los órganos responsables. La CPI constató que existen dificultades en el control de las fronteras.
Además, será recomendada la alteración del Estatuto del Desarme, con miras a transferir desde el Ejército a la Policía Federal la fiscalización, el control y la autorización de funcionamiento de comercio de artículos de caza y pesca; clubes de tiro; comercio de explosivos; armas de tiradores; y acervos de coleccionistas. Será propuesta además la inclusión, en las agendas del Mercosur y de los acuerdos bilaterales con los países vecinos, del debate sobre la elaboración de normas regionales de control del comercio de armas de fuego, municiones y explosivos.
El informe traerá 15 Proyectos de Ley para alteraciones legislativas. Entre ellos, el que propone responsabilizar penal y administrativamente al director de establecimiento penal donde fuere constatado el uso de cualquier aparato de radio comunicación. Entre las demás propuestas, será sugerida la integración de los registros de los Sistema Nacional de Armas (SINARM) y del Sistema de Gerenciamiento Militar de Armas (SIGMA); y la creación de una convención de cooperación con Bolivia y Perú para combatir el crimen organizado y el tráfico de armas, drogas y estupefacientes.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]