Centenares de aspirantes de todos los partidos de Venezuela inscribieron sus nombres en busca del apoyo ciudadano en las elecciones del 26 de septiembre para renovar el parlamento conformado en 2005, cuando sólo se presentaron candidatos afines al oficialismo por la renuncia de la oposición a competir.
«Son elecciones cruciales, porque si la oposición gana se dedicará a desestabilizar al país. Ellos no vienen a trabajar, vienen por mí, para desmontar las leyes revolucionarias y los programas sociales», planteó a sus seguidores el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
«Por eso necesitamos un triunfo contundente, mayoría calificada (dos tercios de las bancas)» en la Asamblea Nacional, arengó.
Pero Ramón Aveledo, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, replicó que sí, que «hay quienes esperan que la nueva Asamblea tumbe a Chávez, pero no es verdad». «Nuestro objetivo es ganarla para que cumpla su función de contralor y obligue al presidente a que gobierne para todos y apegado a la Constitución», aseguró.
El parlamento venezolano es unicameral con 165 integrantes, pese a que por razones excepcionales la actual tiene 167, elegidos cada cinco años, a diferencia del presidente de la República que tiene un mandato de seis años.
En circuitos nominales se eligen 110 diputados, otros 52 en listas de los 23 estados y el Distrito Capital en que se divide el país, y tres bancas se reservan para los pueblos indígenas.
En los comicios parlamentarios de 2005, la oposición desistió a última hora de participar aduciendo desconfianza en las autoridades electorales, por lo cual todas las bancas quedaron en manos de candidatos que se presentaron como partidarios de Chávez. Pero desde 2007 una docena de ellos se han declarado opositores o independientes.
«Ese fue un error, un autogol con el cual la oposición le entregó en bandeja todos los poderes al gobierno. Pero, sensatamente, ha corregido y ahora construye una alternativa democrática», comentó a IPS el sociólogo y analista político Carlos Raúl Hernández.
A la cabeza del estado venezolano hay cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano (integrado por Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo).
En el caso del parlamento, cuando Chávez solicita una ley, usualmente desde sus programas por televisión, para aplicar algunas medidas, la Asamblea la elabora rápidamente o le confiere carácter orgánico para que prive sobre otras. Además ha autorizado al presidente de la República para que legisle por decreto.
Ese ritmo monocorde podría alterarse si la oposición, que ha avanzado en la conformación de listas únicas de todos sus partidos y grupos, consigue un tercio de los escaños o se acerca a la mitad y, obviamente, aún más si ganase la mayoría.
«Es posible. Existen condiciones para que el ‘chavismo’ encaje un fuerte revés, por el deterioro de su apoyo. Sus mandos han procesado informes de sus servicios de inteligencia que admiten la posibilidad de que hasta 90 escaños, que conforman la mayoría simple, sean ganados por la oposición», dijo a IPS el analista Eduardo Semtei, ex directivo del Consejo Nacional Electoral.
Semtei y Hernández coincidieron en que el apoyo popular y electoral a la plataforma política de Chávez se ha debilitado por la superposición crítica de escasez y racionamiento de electricidad y agua potable, deficiencia en la prestación de servicios públicos, excesivo burocratismo y el impacto inflacionario de la devaluación.
Desde hace cinco años, con control de cambios y canasta básica con precios regulados, la inflación en este país es la más alta de América, al fluctuar entre 25 y 30 por ciento anual, a lo que se agregó desde enero una devaluación de 50 por ciento en el bolívar, la moneda nacional. En tanto, dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Mario Silva, conductor de un programa de televisión, y Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, sostienen que la oposición logrará apenas una veintena de diputados por no superar las pugnas entre el medio centenar de agrupaciones de distinta extracción ideológica que la conforman.
«Por contraste, el PSUV convoca a la militancia a sus 7,3 millones de electores (los votos que llevaron a Chávez a su actual mandato) para que escojan en mayo a los mejores entre 3.952 aspirantes», señaló Bernal.
Chávez, a quien el PSUV le confiere poder de veto sobre cualquier decisión de todo órgano partidario, se reservará la última palabra sobre los escogidos y sus colaboradores anuncian que indicará cuáles deberán ser los 52 candidatos que se postularán por listas.
La mesa opositora anunció consensos en la mayoría de los circuitos, aunque en una veintena, en los que tiene mayor opción, efectuará elecciones primarias, abiertas a todos los ciudadanos, para decidir quién será el abanderado unitario.
La oposición aceptó a 138 aspirantes para que diriman en abril quién defenderá sus colores, e innovó colocando en puestos «salidores», donde da por descontado su triunfo, a varios encarcelados, de una lista de 30 a quienes denomina «presos políticos».
Ellos son el periodista Gustavo Azócar, procesado por alegadamente incumplir un contrato publicitario en el occidental estado de Táchira, Richard Blanco, ex prefecto de Caracas, procesado bajo la acusación de agredir a un policía en una manifestación, e Iván Simonovis, ex comisario de policía.
Simonovis y otros jefes policiales fueron condenados a 30 años de prisión por su responsabilidad en los crímenes cometidos el 11 de abril de 2002, cuando una marcha opositora fue reprimida y se desencadenó un golpe de Estado que depuso al presidente Chávez durante 47 horas. Esas sentencias se encuentran en fase de apelación y, por tanto, aún no están firmes.
Conforme a la jurisprudencia venezolana, si resultasen elegidos tendrían inmunidad parlamentaria y deberían quedar en libertad. La mesa estudia convertir en candidatos a otros activistas de oposición que llevan años detenidos por razones varias.
«Una de las primeras leyes que debe producir la nueva Asamblea es una de amnistía, para propiciar la reconciliación entre los venezolanos», postuló José Antonio España, secretario general del centrista Movimiento al Socialismo.
Otro hecho llamativo en este preámbulo de la campaña es que una influyente figura del PSUV, Henri Falcón, gobernador del noroccidental estado de Lara, dejó el sector y se inscribió en Patria Para Todos (PPT), un pequeño partido aliado de Chávez pero que rechaza que ese apoyo se incondicional.
Mientras voces de la oposición saludaban esa disidencia, Chávez lo execró, al señalar que «al gobernador Falcón lo rodeó la oligarquía». «No pudo con la revolución, desertó y quiere ser presidente, pero terminará políticamente pulverizado», añadió.
También el PPT «se prestó para manipulaciones de la burguesía venezolana», dijo Chávez, lo que casi equivale a expulsarlos de la alianza oficialista en la que el PSUV es el partido dominante y en la que también participa el pequeño y ortodoxo Partido Comunista.
Según Semtei, en Lara y estados vecinos las fuerzas coaligadas de Falcón, el PPT y otros grupos podrían conseguir unos 12 escaños en el parlamento. Tanto él como Hernández no descartan que las fricciones en el oficialismo produzcan otras escisiones que varíen aún más la oferta ante el electorado.
«Cuando hablamos de pluralidad en la nueva Asamblea no significa necesariamente que la oposición la domine, sino que puede haber una variedad de grupos y fuerzas que ahora no están presentes y pueden devolverle su carácter de foro para la confrontación y el entendimiento entre actores políticos y sociales», dijo Hernández.
Las principales encuestadoras privadas registran un desmoronamiento lento, pero sostenido del respaldo popular y electoral a Chávez, que pasaría del 55 y 60 por ciento de adhesiones en 2008 y 2009 a entre 40 y 50 por ciento.