Estando toda la política económica del gobierno «reformista» (para el FMI), de Lula, dirigida para el pago de la deuda externa e interna, que consume 70% del presupuesto nacional, las primeras víctimas son los empleados públicos federales, que el año pasado protagonizaron la primera huelga nacional contra el gobierno y su reforma precvisional privatizante. Desde […]
Estando toda la política económica del gobierno «reformista» (para el FMI), de Lula, dirigida para el pago de la deuda externa e interna, que consume 70% del presupuesto nacional, las primeras víctimas son los empleados públicos federales, que el año pasado protagonizaron la primera huelga nacional contra el gobierno y su reforma precvisional privatizante. Desde el 10 de mayo, los empleados desarrollan un proceso huelguista coordenado por la CNESF (coordinadora de once sindicatos de empleados públicos federales), defendiendo 50, 19% de reajuste salarial inmediato, paridad entre jubilados y activos, incorporación de todas las gratificaciones (premios) al básico, plan de carrera y piso salarial unificado de R$ 1.440. En la Mesa Nacional de Negociación Permanente (instalada por el gobierno «petista», para camuflar detrás de esa «permanencia» la ausencia de una paritaria unificada, o «data base», para los estatales) el gobierno ha amenazado y tergiversado, pretextando falta de dinero (argumento que no se usa contra los acreedores internacionales), ofreciendo «aumentos», en realidad premios (que en cualquier momento pueden ser excluídos de los salarios, en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal, impuesta por el parlamento derechista, que prohibe gastos con salarios mas allá de un dado porcentaje del presupuesto) de 9,5 a 29,4% para jubilados, y de 12,85 a 32,7% para los activos. De acuerdo con los indices inflacionarios, los salarios públicos dejaron de ser reajustados en 127% bajo el gobierno de Cardoso (1995-2002), a lo que hay que agregar casi 10% del primer año del gobierno Lula (o sea, que la reivindicación sindical de 50% es moderada).
Entre los huelguistas se encuentran los empleados del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), parados en más de 90%, que reivindican también la recomposición del organismo, después de su semi-destrucción por el gobierno Cardoso, que lo dejó «sin condiciones de hacer cualquier reforma agraria», segundo una de sus dirigentes (Brasil de Fato, 10/5), o sea, que la huelga estatal se combina directamente con la principal lucha del Brasil, la de los campesinos sin tierra. La actitud del gobierno Lula se mide en las palabras de la presidente del más moderado de los sindicatos de estatales, la Unión Nacional de Abogados de la Unión: «El gobierno no abrió un canal de negociación» (O Estado de S. Paulo, 5/5).
El gran problema de la huelga es la división existente entre los sindicatos (sólo 2 de los 11 de la CNESF pertenecen a la CUT), la tendencia pelega de algunos de ellos a llegar a acuerdos en separado con el gobierno (los sindicatos nacionales de no- docentes universitarios y de empleados de la educación básica y profesional han firmado acuerdos que apenas aumentan, miserablemente, los premios) y, principalmente, la completa falta de apoyo de la principal central sindical, la CUT (históricamente vinculada al PT), que llega a promover el enfrentamiento entre trabajadores del sector público y privado.
Pero en el cuadro de la huelga también se verifica la radicalización y diferenciación polítca de la vanguardia. En la más importante elección sindical realizada en Brasil en lo que va del año, la del sindicato nacional de profesores universitarios (ANDES), realizada a mediados de mayo, se ha impuesto la lista clasista y de izquierda, superando a la lista apoyada activamente por el gobierno, la dirección de la CUT (Central Única de los Trabajadores), las rectorías, y una buena parte de la intelectualidad universitaria «petista», con la inefable Marilena Chauí a la cabeza (y con un presupuesto de campaña varias veces superior al de la lista clasista). En la elección se registró una votación récord entre los más de 80 mil profesores universitarios afiliados al sindicato nacional, en más de 90 sindicatos regionales de base. La lista clasista obtuvo 52% de los votos válidos emitidos (49% del total), la lista «pelega» 48% (45,6% del total). La presidencia del sindicato en el próximo bienio será ocupada por Marina Barbosa Pinto (Universidad Federal Fluminense), vinculada a la ESD (Izquierda Socialista y Democrática, o «nuevo partido»). Osvaldo Coggiola, de la Universidad de San Pablo (USP), ha sido reelegido vice-presidente nacional del sindicato. El resultado de la elcción fue: Lista 2 (gobernista): 10.537 votos; Lista 3 (clasista independiente): 11.413 votos; Blancos: 643; Anulados: 506 (Total: 23.099)
En el comunicado de la coordinación de campaña de la lista clasista, se lee: «Em la elección más difícil de la historia del Andes-Sindicato Nacional, la victoria de la Lista 3 ANDES-AD frente al aparato gubernamental y la burocracia cutista solamente fue posible por la intrépida miliancia de miles de compañeros/as. No fueron poucos los intelectuales que prefirieron el abrigo gubernamental y la protección de la corte. Los que, alternativamente, se colocaron al lado de los que luchan porela universidad pública y gratuita demostraron coraje y autonomia intelectual. La Lista 3 ANDES-AD expresa su reconocimiento al apoyo público de esos compañeros. Las urnas respondieron: los profesores quieren un sindicato independente y combativo en la lucha por la universidad pública y gratuita para todos!» .
Em el principal estado de la federación, San Pablo, dirigido por la oposición derechista (PSDB), se desarrolló una importante huelga de empleados y profesores de la educación técnica estadual (Centro Paula Souza, que agrupa a las facultades técnicas, Fatecs: sus empleados y profesores no tienen reajuste salarial… ¡desde hace siete años!), con 100 dias de duración, activamente apoyada por los estudiantes, cuya principal manifestación callejera fue reprimida con gas y balas de goma, con un saldo de varios herido y la indignación general de la población. A partir del 27 de mayo, entraron en huelga, con un gran índice de adhesión, profesores y no- docentes de las tres universidades públicas (USP, Unesp y Unicamp), por 16% de reajuste inmediato, aumento del presupeusto de las universidades y la educación pública, y otras reivindicaciones, frente al 0% concedido por el CRUESP (Consejo de Rectores, supuestamente autónomo, pero en realidad un agente del gobierno estadual en las universidades). El 3 de junio, bajo un fuerte chaparrón, 4 mil profesores, no- docentes y estudiantes manifestaron por las principales arterias paulistanas hasta la Asamblea Legislativa. Al dia siguiente, la rectoria de la USP (principal universidad del país) retuvo ilegalmente las contribuiciones sindicales de los profesores y no-docentes afiliados a los sindicatos (Adusp y Sintusp), con vistas a ahogar financieramente a los huelguistas. Esto provocará una inevitable radicalización política: urge unificar los procesos huelguistas (los hay también en otros estados) a través de un plan de lucha nacional del sector público, como primner paso hacia una recuperación clasista del movimiento y las organizaciones sindicales, y hacia la organización de una lucha general unificada contra el gobierno fundomonetarista del PT y sus aliados burgueses.