El 27 de diciembre de 2017 el Ministerio de Interior presentó cifras sobre algunos delitos en el país, lo que debe considerarse como un importante avance respecto a la opacidad oficial que ha caracterizado los últimos lustros. En un breve informe que elaboramos para Amnistía Internacional hicimos algunas reflexiones sobre estos datos que se espera […]
El 27 de diciembre de 2017 el Ministerio de Interior presentó cifras sobre algunos delitos en el país, lo que debe considerarse como un importante avance respecto a la opacidad oficial que ha caracterizado los últimos lustros. En un breve informe que elaboramos para Amnistía Internacional hicimos algunas reflexiones sobre estos datos que se espera sean de alguna utilidad, tanto para el análisis como para la acción.
En ese texto se aborda el tema de las cifras delictivas en el país en 13 puntos que se enuncian a continuación:
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El delito es una definición que se hace desde el poder y que se plasma en una ley, es un concepto normativo no fáctico, delito puede ser cualquier cosa. Así que la evaluación genérica sobre la disminución o no de los delitos en general nos dice muy poco si lo que interesa es analizar y comprender las situaciones de violencia y de seguridad ciudadana en el país.
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El problema de la estadística oficial: desde la década de los años 60 del siglo pasado se cuestiona la fiabilidad de las cifras oficiales, puesto que las mismas no recogen la totalidad de los hechos acaecidos, ya que no todos son denunciados ni conocidos por el sistema (cifra oculta), mucho menos en contextos donde la desconfianza hacia las instituciones del sistema penal es lo que impera. En ocasiones las categorías utilizadas por las instituciones son también imprecisas. Adicionalmente, los investigadores usualmente tienen problemas de acceso a estos datos.
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Estas dificultades que han sido objeto de debate al menos durante el último medio siglo dentro de la criminología, se hacen más complejas en el contexto venezolano, donde el acceso a las estadísticas delictivas oficiales se ha restringido durante los últimos años.
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Las formas en las que fueron presentadas las cifras del 27 de diciembre: una lámina de PowerPoint colgada en un tweet, sin datos desagregados, con el contraste solo de un año respecto al anterior, sin un documento o informe que lo sustente, lo que ofrece pocos elementos para el análisis.
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Pretender dar una panorámica «delictiva» del país en una lámina de PowerPoint con solo 9 delitos no solo es incompleto, es también ficticio.
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Cualquier análisis que se haga sobre el año 2017 debe considerar las protestas que casi paralizaron al país durante unos 5 meses. Por otra parte, un análisis serio ameritaría una línea de tiempo más prolongada por cada delito objeto de estudio.
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Los delitos de los poderosos y los delitos cometidos por el propio Estado son invisibilizados.
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Excluyen los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad (denominados por las autoridades como «resistencia a la autoridad» –Ávila, 2017:120-) dentro del conteo total de los homicidios del país. Esta exclusión trae como consecuencia que la cifra de homicidios sea presentada un 34% por debajo de su tasa real. Luego de hacer la debida revisión e inclusión de todos los casos, la tasa nacional según esta misma fuente sería realmente de 62 homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh). Omitir la información sobre las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no solamente es un maquillaje de las cifras totales, es el ocultamiento y naturalización de posibles violaciones graves a los derechos humanos y en consecuencia su tolerancia y promoción.
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La tendencia general de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos años es de un claro incremento, tal como se ha explicado en otras oportunidades (Ávila, 2017a; 2017b; Antillano y Ávila, 2017). En 2017 el 26% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.
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Durante los últimos años Venezuela ha mantenido la segunda posición entre las tasas de homicidio más altas del mundo. La falta de información detallada en las cifras presentadas por el MIJ sobre los homicidios en el país dificulta un análisis serio sobre las mismas, el dato se presenta de manera precaria.
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Es importante tener en cuenta que tradicionalmente las cifras del OVV no estiman la tasa de homicidios dolosos sino las de muertes violentas, por lo que no pueden contrastarse con las cifras internacionales que solo estiman la del primer fenómeno. Por otra parte, se tratan de estimaciones, de «predicciones estadísticas» -no de casos ni de víctimas reales-, que se hacen sobre las tendencias de años anteriores (desde 1990 hasta el año 2010), que no consideran las condiciones particulares de esos años, así como los cambios experimentados a partir de esas fechas. Como ellos mismos afirman «en la medida en que el horizonte de predicción se alarga, el ejercicio de predicción es más incierto» (OVV, 2017).
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¿Entonces cuáles serían las cifras? Si se hace el ejercicio de sumar los homicidios dolosos y los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, que el MIJ presentó, la tasa de homicidios pcmh para 2017 alcanzaría la cifra de 62. Si se hace el mismo ejercicio con los datos del OVV la cifra sería de 67. Estas tasas parecieran ser las más comprensibles, en especial cuando las contrastamos con la tasa del año 2016 que fue de 70 hpcpmh, informada de manera más detallada y formal por el Ministerio Público, en su Informe Anual correspondiente a ese año. La tasa según las cifras del MIJ para 2016 fue de 74. Lo que representaría una disminución de estos casos que iría aproximadamente entre los 3 y los 12 puntos.
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¿Cómo explicar esta coyuntural disminución? En primer lugar hay que tener en cuenta que hacer un análisis de un año para otro puede resultar superficial y de corto alcance, mientras más prolongado es el período de análisis, más riguroso y estructural es el mismo.
Entre los factores que se deben tener en cuenta está la práctica paralización del país debido a las protestas y a la crisis política acaecida entre abril y julio de 2017, lo que impactó de diversas maneras a la vida nacional y los homicidios no pueden encontrarse exentos de esta situación. Adjudicar esta coyuntural disminución de las cifras de homicidios a una política pública concreta sería más una cuestión de fe o de propaganda, habría que evaluar cuál será el desarrollo de este fenómeno en los próximos años para poder hacer ese tipo relaciones. En ocasiones una baja coyuntural no solo pudiera ser el resultado del ocultamiento de algunos casos e inclusos de cadáveres (no registrarlos, por ejemplo), puede significar también el traslado hacia otras manifestaciones violentas expresadas en el aumento de, por ejemplo, desapariciones forzadas, sirviendo éstas como una modalidad sustitutiva. Podría ser, además, el preámbulo de grandes incrementos futuros de los homicidios como sucedió en el caso de El Salvador. Por eso lo importante es estudiar las tendencias generales, la leve disminución del fenómeno en un solo año, si bien es muy positiva en términos de vidas humanas, para el análisis estructural es aún una información precaria, en especial en este caso por la forma en la que los datos se presentan. A todo evento la disminución de este año no afecta la tendencia general que se viene observando desde hace un par de décadas.
Elaboración propia, versión actualizada con datos de 2017 de los datos presentes en: Ávila, 2017
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el análisis es el fenómeno de la emigración de venezolanos que se ha dado en el país durante los últimos años, que afectaría al número total de la población. Si de facto la población del país disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en las estimaciones poblacionales del INE, se pudiera estar sobreestimando el número de población y la consecuencia sería una subestimación de las tasas de homicidio.
Finalmente, aventurarse a adjudicarle esta baja coyuntural de los homicidios a las políticas de mano dura no solamente sería temerario, es además política e ideológicamente peligroso, no sería más que un instrumento de legitimación para futuras masacres y para que continúe en marcha la tenencia general de los últimos años del incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que a la larga merma los derechos de toda la ciudadanía y en consecuencia su seguridad personal. No se puede celebrar ni aupar que el Estado acabe con la vida con el argumento de defenderla. No es momento para darle cheques en blanco a las fuerzas de seguridad del Estado para que ejerzan su poder bélico sin límite alguno, no se pueden sacrificar derechos en procura de mayor seguridad. La seguridad es para garantizar nuestros derechos no para vulnerarlos.
Pueden leer el informe completo en estos enlaces: http://issuu.com/amnistia/docs/cifras_delictivas_de_venezuela_an__?e=1057477/58584001 ; https://www.academia.edu/36014058/_C%C3%B3mo_analizar_las_actuales_cifras_delictivas_en_Venezuela
Publicado originalmente en: Contrapunto
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.