En 2018, Elizabeth Warren presentó su plan para reparar el capitalismo en las páginas de opinión del Wall Street Journal. Bautizada como la «Ley de Capitalismo Responsable», propuso una revisión radical del gobierno empresarial, federalizando el sistema de estatutos de compañías y obligando legalmente a que las empresas tengan en cuenta a las partes interesadas, no solo a los accionistas, en su toma de decisiones. En sus primeros párrafos para los lectores del Journal, subrayó que las compañías empresariales son fundamentalmente creaciones públicas, señalando que los privilegios corporativos existen sólo porque «el pueblo estadounidense les concede [a estas empresas] escrituras para su constitución». A cambio de estos privilegios, argumentó, las empresas tienen deberes con el público.
El hecho de que Warren considerara necesario argumentar este punto refleja lo lejos que ha llegado la concepción jurídica dominante de la corporación en los últimos dos siglos. Antes de comienzos del siglo XIX, la opinión jurídica dominante era que las corporaciones eran instituciones artificiales, casi públicas, cuyos accionistas recibían privilegios corporativos a cambio de la satisfacción de bienes públicos. De hecho, la opinión de que las corporaciones eran «criaturas del Estado» (como muchos juristas, políticos y periodistas se referían a ellas) era tan dominante que, en 1805, el juez Locke del Tribunal Supremo de Carolina del Norte señaló que «parece difícil concebir una corporación establecida con fines meramente privados».