Representantes del gobierno y de poblaciones originarias y tradicionales de Brasil, que definen la diversidad de esta sociedad, asumieron el compromiso de pugnar por el cumplimiento del «derecho humano a una alimentación adecuada y saludable». Un documento, suscrito por las autoridades y comunidades indígenas, negras, ribereñas, padres y madres del candomblé (religiosos) y otras, establece […]
Representantes del gobierno y de poblaciones originarias y tradicionales de Brasil, que definen la diversidad de esta sociedad, asumieron el compromiso de pugnar por el cumplimiento del «derecho humano a una alimentación adecuada y saludable».
Un documento, suscrito por las autoridades y comunidades indígenas, negras, ribereñas, padres y madres del candomblé (religiosos) y otras, establece que estos pueblos deben acceder a parcelas de tierra para trabajar, a través de la reforma agraria, y a los recursos naturales.
La declaración fue aprobada el jueves 10 al término de la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, que durante cuatro días debatió en Salvador, capital del nororiental estado de Bahía, los desafíos del país en ese campo con la participación de 2.000 delegados.
Los resultados están dirigidos a varios públicos, según Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), en el que están representados el gobierno y organizaciones no gubernamentales.
Entre los destinatarios están «los involucrados en la movilización social, el gobierno en sus tres niveles -federal, provincial y municipal- e, inclusive, quien no sabe nada sobre el derecho a la alimentación». «También estamos hablando para el mundo», declaró Maluf al cierre de la conferencia.
El documento establece como base que los 7.000 millones de habitantes del planeta tienen «derecho a una alimentación adecuada y saludable todos los días, y a la protección contra el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria y nutricional».
Asimismo pide el fortalecimiento de agencias concernidas en esa lucha como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
El Ministerio de Desarrollo Social Agrario y Combate al Hambre de Brasil, que presentó la declaración con el Consea, advirtió a través de portavoces que la actuación de las grandes empresas, el monocultivo con uso intensivo de agrotóxicos y la utilización de transgénicos «produce efectos evidentes» en la pérdida de la soberanía alimentaria y contribuye a la obesidad y a otras enfermedades crónicas.
«Es indispensable encontrar una política para reducir progresivamente el uso de agrotóxicos y eliminar inmediatamente el uso de los que ya fueron prohibidos en otros países, que presentan graves riesgos a la salud humana y al ambiente», se añadió.
Brasil se considera «campeón» mundial en consumo de herbicidas, fungicidas e insecticidas agrícolas.
El país consume, en promedio, 5,2 litros anuales de esos venenos por habitante, según documentos presentados en el encuentro.
La declaración reconoce también el papel estratégico de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria, y del uso sustentable de los recursos naturales. Se identifican asimismo como ejes de desarrollo socioeconómico la soberanía y la seguridad alimentaria.
Según datos oficiales, la agricultura familiar emplea 75 por ciento de la mano de obra del campo brasileño y es responsable por 70 por ciento de la producción de frijoles, de 87 por ciento de mandioca y de 58 por ciento de la leche consumida en el país, garantizando así la seguridad alimentaria de sus 192 millones de habitantes.
En el marco de la conferencia, que recibió el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se inauguró un centro de excelencia alimentaria que, con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, transmitirá a otros países en desarrollo las experiencias positivas de Brasil en el combate contra el hambre.
Entre esos pasos favorables se cuenta el programa Hambre Cero, implementado por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en el marco de políticas socioeconómicas destinadas a abatir la pobreza. Desde su puesta en marcha hasta 2010 logró reducir la desnutrición infantil en 61 por ciento.
Otra iniciativa, las meriendas escolares, atiende diariamente a 47 millones de alumnos, a la vez que fomenta la compra de alimentos a la pequeña agricultura.
«Los países tienen derecho a la alimentación y al desarrollo y, si descubrimos una fórmula que funcionó en Brasil, ¿por qué no puede servir a otros países en la misma situación (…) con adaptaciones a su realidad?», dijo a IPS el coordinador de Acciones Internacionales en el Combate al Hambre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Milton Rondó Filho.
«Estamos hablando de un círculo virtuoso de desarrollo local, que esperamos poder repetir en otros países», sostuvo.
En entrevista con IPS, el también brasileño José Graziano da Silva, director general electo de la FAO, atribuyó ese éxito a la participación «decisiva» del Estado.
«Si no hubiera estado la voluntad política del presidente Lula para involucrar a toda la estructura pública en su implementación, aún estaríamos en la fase de hacer caridad en el combate al hambre», dijo Graziano, quien fue ministro de Seguridad Alimentaria de Brasil en ese gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores.
Del «otro lado de la moneda», Graziano también destacó «el respaldo popular» y la participación del sector privado que fue «vital», por ejemplo, en las cadenas agroalimentarias como los supermercados.
Esa participación fue destacada en la conferencia de Salvador. La declaración final fue aprobada en sesión plenaria por todos los delegados a la conferencia, elegidos en más de 3.000 municipios, en un proceso que involucró a 75.000 personas.
Maluf atribuye a esa participación el buen rumbo de programas como el Hambre Cero. «Somos todos favorables a la recuperación del papel y al fortalecimiento del Estado, pero comprendemos que sin participación no se vence la miseria», dijo Maluf a IPS.
A juzgar por la diversidad étnica y socioeconómica brasileña representada en la conferencia, se trata de una participación muy variada. Las comunidades o pueblos tradicionales que enviaron delegados tienen nombres tan específicos como «quilombolas» (que habitan tierras de descendientes de esclavos libres), de mujeres «rompedoras de cocos de babasú», «ribereños», «padres y madres del candomblé» y pescadores artesanales, entre tantos otros que desafían también la innovación del idioma portugués.
Mientras un médico delegado del nororiental Pernambuco pedía la palabra para reclamar que la especialidad de nutrición fuera incorporada a la red pública de salud, un campesino de Tocantins, en el centro-norte, exigía que en su estado se cumpliera la ley que establece que 30 por ciento de las compras públicas de alimentos deben proceder de la agricultura familiar local.
Otra delegada reclamaba modernizar las cisternas del programa que en el Nordeste busca alternativas para enfrentar la sequía.
«La sociedad brasileña es todavía muy autoritaria y conservadora, con una elite muy mezquina que tiene una historia de desigualdad social, una de las mayores del mundo», analizó Maluf.
«Lo que esos programas hicieron, además de su impacto positivo específico, fue relanzar el debate de la política social en Brasil, que estaba adormecida», destacó.
A pesar de los avances, este país tiene desafíos por delante en la lucha contra el hambre. Todavía viven con menos de 41 dólares por día unos 16 millones de personas, que están contempladas en el Programa Brasil Sin Miseria, de la presidenta Dilma Rousseff.