El Equipo Promotor de Marea Socialista Caracas elaboró un comunicado público sistematizando una serie de informaciones en relación a los hechos violentos desde abril hasta el 4 de mayo. A pesar de que las confrontaciones y el saldo de muertos y heridos ha aumentado, la información recabada para el comunicado constituye un aporte para la […]
El Equipo Promotor de Marea Socialista Caracas elaboró un comunicado público sistematizando una serie de informaciones en relación a los hechos violentos desde abril hasta el 4 de mayo. A pesar de que las confrontaciones y el saldo de muertos y heridos ha aumentado, la información recabada para el comunicado constituye un aporte para la comprensión de estos hechos globalmente. A continuación, brindamos al lector un indice del comunicado enviado por Marea Socialista, y más abajo reproducimos el comunicado completo.
Índice
– Introducción
– Contexto de crisis: protesta reivindicativa y manifestación política
– El Estado venezolano frente a la protesta
– Dos caras de la violencia: ¨colectivos¨ armados y guarimberos
– La cúpula de la MUD al descubierto
– Justicia y más democracia, los caminos para evitar una Guerra Civil
Apuntes para entender la situación: Represión y violencia ¿Qué está pasando?
De Marea Socialista Caracas
El país atraviesa días muy difíciles. La escalada de violencia de las últimas semanas ha arrojado como saldo trágico 39 muertes, hasta el 4 de mayo, que lamentablemente han ido aumentando con los recientes acontecimientos.
Detenernos a pensar en cada una de estas 39 personas, en cada una de estas 39 familias que han perdido a sus seres queridos de una manera inesperada y trágica, es encontrarnos con un dolor inconmensurable, un dolor que compartimos por encima de las circunstancias, los motivos o las afinidades políticas de cada una de ellas. Por ello, exigimos justicia ante las muertes ocurridas, nos solidarizamos con las familias de los fallecidos y rechazamos la forma politiquera en que las cúpulas (PSUV-MUD) manipulan las muertes a su antojo.
Es necesario debatir a fondo los acontecimientos que se han desarrollado y responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué puede explicar o justificar que estemos atravesando una coyuntura cuya constante es la violencia y la muerte?
Contexto de crisis: protesta reivindicativa y manifestación política
En primer lugar, el contexto de crisis política y económica que atraviesa el país es una causante de los consecutivos enfrentamientos que han provocado estas muertes, que tienen un punto común en la inestabilidad y polarización que domina la vida nacional.
Las protestas del último mes surgen después de un fallo del TSJ que representó la ruptura del hilo constitucional [1], que aunque fue retirado en lo atinente a las atribuciones de la AN y la inmunidad de los parlamentarios, supuso un punto de inflexión en la dinámica política del país. La errada decisión y el hecho de que el TSJ se haya retractado de ella ponen en entredicho jurídico la condición misma de «tribunal supremo». Esto sólo sería motivo suficiente de nulidad de todas sus funciones, a no ser de una digna renuncia de sus miembros, que difícilmente pueda esperarse de ellos.
En este punto es necesario reparar que los canales democráticos han sido constantemente torpedeados por el gobierno. En el marco de un Estado de excepción que se torna permanente (que, desde el 13 septiembre de 2016, da la potestad al ejecutivo de suprimir derechos constitucionales a su conveniencia Art. 2, Decreto 2.452) [2], las elecciones de gobernadores se encuentran todavía suspendidas sin que se haya dado ningún tipo de justificación válida. Igualmente, el proceso de referéndum revocatorio fue arbitrariamente detenido, y su proceso se encuentra también en el limbo autoritario del cual se desprende. Parece que todo lo que tenga que ver con elecciones democráticas, sean regionales, nacionales, sindicales, gremiales o locales (SIDOR, Federación Petrolera, Consejos Comunales elecciones estudiantiles, etc), será inconstitucionalmente ignorado.
El gobierno responde ante la crisis con un creciente autoritarismo. La evidente fusión de los poderes públicos coloca a la población en una situación de indefensión ante su poder, el cual se concentra cada vez en mayor medida en el Ejecutivo y el alto mando militar. Aunque la mayoría de la población se encuentra secuestrada en una dinámica de supervivencia por el alto costo de la vida, la escasez y la inseguridad, esto no ha sido óbice para que el enfado se exprese por distintas vías, situación que ha sabido aprovechar la MUD en movilizaciones sin consignas claras, pero que sin duda han logrado una considerable concurrencia, lo que debe ser tomado en cuenta como parte del actual contexto
El Estado venezolano frente a la protesta
La protesta pacífica es un derecho fundamental, incluido en nuestra Constitución, un derecho que además es herramienta para la conquista de otros derechos. Más allá de la manipulación que ejerce la cúpula de la MUD sobre las protestas y la acción violenta de grupos foquistas que se amparan junto a ella, Marea Socialista reivindica el derecho a la protesta de todos los venezolanos, independientemente de sus simpatías partidistas.
Defendemos el derecho a la protesta como parte de la lucha histórica de los oprimidos y explotados del mundo. Más allá de que no compartimos y rechazamos las acciones políticas de la MUD y los grupos extremistas que asisten a sus convocatorias, reconocemos que la mayor parte de las personas que asisten a esas convocatorias manifiestan de forma pacífica. Dentro del mar contradicciones y dificultades que nos han presentado los conflictos de estas últimas semanas, nuestra posición como organización de izquierda nos lleva a defender sin titubeos el derecho de la gente que protesta pacíficamente, que es la mayoría del pueblo venezolano, y que por falta de alternativas, hastiados de la realidad actual, han decidido movilizarse en dichas convocatorias, hasta ahora capitalizadas por la MUD.
Es falso que en Venezuela no haya represión, como sostienen el gobierno y algunos sectores de la izquierda tradicional. En Venezuela hay muertos y heridos por protestar. Esto se ha agudizado en las últimas movilizaciones de la MUD. Sin embargo, la respuesta represiva ha sido la constante del gobierno al enfrentar las exigencias también de otros sectores sociales y políticos. Dieciséis trabajadores universitarios resultaron heridos la represión del pasado 22 de marzo, en la Avenida Urdaneta, movilización en la incluso fueron lanzadas piedras desde el edificio sede del BCV [3]. Ahí no había dirigentes de la MUD, ni mucho menos «guarimberos», sino pueblo trabajador. De igual manera, el 29 de marzo la represión contra los jubilados y pensionados, que se expresaban pacíficamente en parque Carabobo, fue desmedida
La actuación de las fuerzas de seguridad merece un detenido análisis. Al menos siete personas [4] han muerto por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, debido a la represión, y 45% de los heridos, es decir 329 personas de las 717 que registra el MP, están relacionados a violación de Derechos Humanos (derecho a la vida y a la manifestación) [5].
El gobierno, a través de una equivocada política comunicacional, busca la forma de culpar a las víctimas, intentando justificar el asesinato. En Venezuela no hay pena de muerte y en ningún contexto los cuerpos de seguridad pueden atacar de manera agresiva a los manifestantes. La actuación de la Policía en estos casos tiene que orientarse a contener el enfrentamiento, a disuadir a los manifestantes y a lograr su progresiva dispersión.
De hecho, el Estado ha incurrido en el uso desproporcionado de armas consideradas «menos letales», como el gas pimienta, las bombas lacrimógenas, perdigones…etc., las cuales no tienen protocolos formalizados de uso en nuestro país, según el CELS [6]. Igualmente, se pone en evidencia una formación inadecuada de las fuerzas de seguridad que enfrentan estos hechos, mostrando poca disposición al diálogo y a la negociación por parte de la mayoría de sus autoridades.
Del mismo modo, es errada e inconstitucional la penalización y criminalización de las acciones de protesta que son deslegitimadas para justificar la represión.
Las detenciones masivas, arbitrarias y violentas se han convertido en un fenómeno común y frecuente. Y, fuera de todo sentido constitucional, decenas de personas involucradas en las manifestaciones han sido o serán procesadas por tribunales militares, según fuentes oficiales, [7] como lo sucedido en Carabobo, la semana pasada; violando de manera directa el derecho de los civiles a ser juzgados por tribunales civiles, hecho que durante el gobierno de Hugo Chávez pudo llegarse a ver de manera excepcional, pero no como una política de estado. Actualmente, más de 200 civiles son procesados por tribunales militares.
Los hechos y cifras citadas, son evidencia de que las acciones de represión no son casos aislados o errores mínimos, como quiere hacer ver la dirigencia del PSUV-GPP. En efecto, la represión desmedida viene siendo una política de estado sistemática que tiene manifestaciones evidentes a distintos niveles. Además, de los hechos mencionados hay otros que corroboran estas afirmaciones, como por ejemplo:
– Disparos a mansalva hacia edificios y uso de armas automáticas (evidenciadas por el ruido) para reprimir las manifestaciones del Valle ocurridas el pasado 20 de Abril. [8]
– Uso de tanquetas de la GNB para atropellar manifestantes [9]
– El aumento de muertes en sectores populares (fundamentalmente jóvenes) a partir de los operativos de la OLP. En medio año (2015 – inicios 2016), hubo un aumento de 173% del promedio de muertes de este tipo de operativos, incluyendo aquellos desarrollados en los años 90′ con la cuarta república. [10]
Dos caras de la violencia: ¨colectivos¨ armados y guarimberos
No se puede desatender la acción conspirativa de los sectores radicalizados. Sin embargo, poco o nada hacen el gobierno y la MUD para aislar estas agendas irresponsables, todo lo contrario, se exacerban e inoculan miedos, odios e intolerancia. [11] [12]
Es sumamente peligroso el uso frecuente de armas de fuego en las manifestaciones, así como el apoyo que reciben los grupos violentos de algunos actores políticos tanto del gobierno como de la MUD. Aún siendo minoría, la violencia de estos sectores radicales domina la escena pública.
Por su parte, el gobierno ni siquiera reconoce el peligro de la existencia de los «colectivos armados» que suelen actuar con la anuencia de los cuerpos de seguridad, al momento de reprimir movilizaciones y protestas, pero que en cualquier momento pueden también volverse en contra de ellos mismos. Las acciones de estos grupos sirven también para establecer control social sobre territorios álgidos.
La cúpula de la MUD al descubierto
La irresponsabilidad política de la cúpula de la MUD resulta alarmante. Es evidente y notoria su complicidad con la violencia guarimbera, lo que queda demostrado en el contenido de sus consignas. El sectarismo y la irracionalidad también se han apoderado de la dirigencia de la MUD, haciéndola corresponsable de la trágica situación en la que se encuentra el país. La ansiedad con la que desean apoderarse del gobierno los hace impotentes para entender la complejidad de la situación que vivimos. Yendo a la deriva de los radicalismos, su incomprensión de lo que ha significado y significa todavía el chavismo, el proceso bolivariano y la nueva coyuntura, ha ido mermando su capacidad de convocatoria. El rechazo del pueblo hacia los dirigentes de la MUD solo es superado por el rechazo mayor que expresan hacia el gobierno, hacia sus cúpulas, hacia la corrupción que representan.
Lo cierto es que al menos doce personas, de ambos bandos y según nuestros propios cálculos, han sido asesinadas en manos del paramilitarismo de los grupos de choque de los dos bandos. Hoy la única justicia a la que se puede apoyar es volver al marco del respeto de la constitución de 1999, llamar a los dos polos en pugna a que respeten las reglas de juego, desactivar el odio y apelar un diálogo de muchas partes. Uno verdadero, un diálogo de todos para rescatar entre todos la democracia.
Justicia y más democracia, los caminos para evitar una Guerra Civil
Hoy, ante el avance evidente de lo que sería un régimen político de represión y autoritarismo, la respuesta es actuar con firmeza en la defensa de los derechos democráticos. Es hora de convocar a las bases de ese pueblo que sigue siendo chavista y el que no es chavista al reencuentro en la búsqueda de soluciones. Nada de lo que proponga hoy el gobierno goza de legitimidad. La MUD misma se ha desligitimado en la violencia y en las confabulaciones en temas fundamentales como Arco Minero, Deuda Externa y el desfalco a la Nación.
Es hora de apelar al papel constituyente del pueblo, sin bajas maniobras. No queremos un dialogo apaciguador y demagógico, no queremos una constituyente amañada, a destiempo y sin consulta popular [13]
Queremos construir entre todos un programa mínimo para salir de la crisis económica y ahora humanitaria. Queremos alimentos y medicinas ya. Queremos elecciones democráticas y abiertas. Queremos que se detenga de inmediato el desfalco y la traición que significa el Arco Minero, que se repatríen los capitales fugados, y que se haga una gran auditoria publica, que incluya todos los dineros de la renta petrolera. Queremos que se castiguen a los corruptos, no importa su relevancia ni cargo. Queremos, como estamos seguros quiere la mayoría del pueblo venezolano, que dejemos de matarnos entre nosotros, que los responsables de esta crítica situación debatan de cara al pueblo venezolano, que se someta nuestro futuro a la voluntad del Soberano, tan utilizado y desgastado como sustantivo, pero que en la práctica es hoy la carne de cañón que utilizan las cúpulas su enfrentamiento.
Referencias
2. https://www.aporrea.org/actualidad/n303200.html
3. https://www.aporrea.org/trabajadores/n305889.html
4. Informe de Fallecidos hasta el 4 de Mayo (Elaboración de Marea Socialista Caracas)
6. http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/
8. https://twitter.com/RAPS14_2daParte/status/855288826385780736
9. https://www.youtube.com/watch?v=ysDL9Uv4VXc
10. Afirma Keymer Ávila: «Así, por ejemplo, cuándo vemos las cifras, el Ministerio Público nos dice que hubo unos 245 fallecidos a manos de las OLP durante 2015, y a comienzos de febrero de este año, un diario de circulación nacional tituló con bombos y platillos que habían «abatido» a más de 200 personas sólo durante el mes de enero. Esto nos da un total de unas 445 personas fallecidas a manos de las OLP en seis meses. Toda esta información es pública y está en los medios. Si tomamos una de las pocas fuentes estadísticas de este fenómeno que se encuentran disponibles, como son las de PROVEA, que viene contando los casos de muertes por intervención de la fuerza pública durante los últimos 25 años, vemos que el promedio de ese período es de unos 163 casos al año.
Sólo en medio año de OLP ya se ha elevado en 173% el promedio anual de este tipo de muertes. Esta cifra es gravísima y es apenas una aproximación, la cifra real es mucho más elevada. Primero, porque solo se está hablando de muertes en el marco de la OLP y no del resto de las muertes a manos de los organismos de seguridad que no tienen esta etiqueta; segundo, porque los casos que cuenta PROVEA son sólo los que trascienden a la prensa. Cuando PROVEA contabiliza 200 fallecidos a manos de las policías, fácilmente ese número puede ser unas cinco veces mayor. Así fue, por ejemplo, entre 2005 y 2007, cuando se contrastaron sus cifras con las que publicó el Ministerio Público sobre ese tipo de casos.»
11. https://www.aporrea.org/civico-militar/n308169.html