En virtud del Derecho Internacional y en cumplimiento de los principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, expresamos nuestra más enérgica condena ante el ataque llevado a cabo por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro de su jefe de Estado. Estos actos constituyen claras violaciones de los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de los Estados, principios que forman la base del Derecho Internacional contemporáneo.
El ataque perpetrado, por su naturaleza y magnitud, constituye un crimen de guerra según lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), al infringir de manera directa los derechos humanos fundamentales y poner en peligro la vida, la seguridad y la dignidad de un jefe de Estado soberano. La CPI, en su misión de velar por la justicia y la rendición de cuentas, considera como delitos de guerra las agresiones que atenten contra la paz, la seguridad y el bienestar de los pueblos, sin importar las justificaciones que se puedan alegar.
Pedimos una investigación inmediata por parte de los organismos internacionales competentes y el respeto absoluto de los derechos fundamentales de los pueblos y sus gobernantes. Ningún Estado debe estar por encima del Derecho Internacional. Exigimos la inmediata liberación del presidente secuestrado junto a su esposa, y el cese de la violencia y la intimidación.
Asimismo, pedimos al Gobierno de España la salida de la OTAN, así como la denuncia del Convenio de Defensa con los EE.UU. y el cierre de las bases militares de Rota y Morón, antes de que sea demasiado tarde.
Madrid, 3 de enero de 2026