En Toronto, la cuarta cumbre del G-20 sobre la crisis descartó la pretendida versión de la tasa Tobin para desilusión de las ONGs y movimientos sociales que habían tomado en serio las conclusiones del Consejo europeo del 17 junio y la carta de Merkel y Sarkozy al primer ministro canadiense. Pero este final era previsible […]
En Toronto, la cuarta cumbre del G-20 sobre la crisis descartó la pretendida versión de la tasa Tobin para desilusión de las ONGs y movimientos sociales que habían tomado en serio las conclusiones del Consejo europeo del 17 junio y la carta de Merkel y Sarkozy al primer ministro canadiense. Pero este final era previsible para quienes no se dejan embaucar por la retórica de la UE y la desinformación o manipulación de algunos periódicos globales.
En noviembre pasado, ante los ministros de finanzas del G-20 en Escocia (St. Andrews) el entonces primer ministro laborista George Brown lanzaba la idea de un impuesto sobre las transacciones financieras. Pero esa idea había sido rechazada semanas antes por los banqueros de la City. Como el gabinete gubernamental la «vendió» bien, en los medios de comunicación se comenzó a jugar con el lenguaje de diversas propuestas y declaraciones, tergiversando los conceptos de tasa (levy) o precio público por un servicio; e impuesto (tax) o tributo o gravamen. Y el tema se fue enredando partiendo de las vagas menciones oficiales, confundiendo la propuesta de una tasa sobre la Banca para cubrir financieramente sus futuras quiebras, con la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras; dos propuestas muy distintas. Algo que alimentó otra nueva cortina de humo sobre la inoperancia intencionada del G-20. Y a lo que se apuntó Bruselas y, en particular, la canciller alemana y el presidente francés con su carta dirigida al primer ministro de Canadá, en la que se proponía una «tasa o impuesto» (sic) sobre las entidades financieras para compartir la carga de futuros rescates y prevenir el riesgo sistémico.
Y así llegamos al G-20 en Toronto, donde el domingo 27 junio se aceptaba que cada país pudiera aplicar una tasa recaudatoria que financiara la viabilidad de Bancos en quiebra (algo similar al Fondo de garantía de depósitos que existe en España), pero se rechazaba cualquier impuesto sobre las transacciones financieras que penalizara la especulación global, es decir, se oponían a la vieja propuesta que popularizó Attac asumiendo las ideas del premio Nobel James Tobin. Pero la retórica de los gobiernos intentaba esconder los planteamientos meramente técnicos del G-20 que buscan asegurar el funcionamiento del sistema financiero mundial sin interferencias gubernamentales, sin tocar sus fundamentos políticos neoliberales que han llevado a la crisis y a los consiguientes recortes sociales. Y así se constata en la declaración oficial de Toronto que mantiene -dice- la agenda de la reforma financiera. Por lo demás, Canadá era solamente una etapa mediática previa a la próxima cumbre de Corea en noviembre, porque el G-20 ya se definió como únicamente un «foro», que produce meras «declaraciones» que ni siquiera alcanzan el nivel de acuerdos políticos. Y como decía le Petit Prince, «el lenguaje es fuente de malentendidos».
Curiosamente, al decir de algunos reporteros, el Presidente Obama llegó a Toronto casi arrogante, ufano por el acuerdo definitivo alcanzado el viernes en el Congreso estadounidense sobre sus propuestas de reforma financiera, que lograba días antes con el apoyo de la Banca de Wall Street. Porque no se puede dudar que ha sido un éxito de los lobbys bancarios, como al día siguiente demostraron en la Bolsa neoyorkina las subidas de las cotizaciones de Goldman Sachs (3,5%), JP Morgan (3,7%), Bank of America (2,7%), Citigroup (4,2%) y otros bancos; al mismo tiempo que se producía una bajada de los valores industriales del Dow Jones.
Y es que mientras los planes de Bush para rescatar a la gran Banca se sustanciaron en un par de semanas, estas escasas reformas han sufrido un largo proceso legislativo de año y medio. Desde febrero 2009, las propuestas de la Casa Blanca generaron dos proyectos de ley, aprobado uno en la Cámara de representantes y, paralelamente, otro en el Senado, que una comisión interpartidaria del Congreso ha refundido en el texto acordado, muy alejado de los discursos del Presidente. Un especialista del Financial Times señalaba que «Wall Street respira aliviado» y un editorial de ese periódico destacaba que no se hubiera tocado el tema crítico del apalancamiento, del endeudamiento desmesurado (leverage) que ha sido uno de los factores desencadenantes de la crisis mundial. Desde luego ha quedado fuera la parte más seria de las propuestas presidenciales. Aparte de crearse una oficina para supervisar las hipotecas y las tarjetas de crédito, las normas que se impondrán sobre las apuestas de casino denominadas productos financieros derivados (un mercado mundial de más 600 billones -«trillions»- de dólares) no son nada estrictas, limitándose a requerir a los grandes bancos para que segreguen esas operaciones especulativas en filiales, aunque seguirán respondiendo de los riesgos de sus apuestas de casino.
En los EEUU, en círculos críticos se afirma que han sido los Bancos los grandes ganadores. Y desde luego, la gran banca no muestra gran inquietud porque su influencia sobre Washington es sólida. Los principales actores del acuerdo en el Congreso tuvieron apoyo de Wall Street en la campaña electoral 2007-2008. Christopher Dodd, presidente del comité de Banca del Senado, recibió legalmente 2,9 millones $ de la industria financiera, menos que el candidato Obama pero más que cualquier otro senador. Y esa misma industria fue el primer donante para Barney Frank, el presidente del comité de servicios financieros de la Cámara. Una muestra del peso político de Wall Street sobre Washington; con datos tomados del último libro de Simon Johnson, ex economista jefe del FMI y actual profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets.