Una cohorte de asistentes en corbata y riguroso traje ocupaban las sillas del salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a la espera del acto que presidiría el mandatario nacional, Rafael Caldera. El último detalle que arregló el protocolario antes de iniciar la actividad fue la ubicación de Ramón Guillermo Aveledo, a la siniestra del Jefe […]
Una cohorte de asistentes en corbata y riguroso traje ocupaban las sillas del salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a la espera del acto que presidiría el mandatario nacional, Rafael Caldera. El último detalle que arregló el protocolario antes de iniciar la actividad fue la ubicación de Ramón Guillermo Aveledo, a la siniestra del Jefe de Estado, justo al lado del Arzobispo de Caracas, Ignacio Velasco. Era el 17 de marzo de 1997, día en el que se refrendaría la eliminación del carácter retroactivo de las prestaciones sociales.
Una dama llevó el documento a Caldera, quien estampó dos firmas en las hojas empastadas. El gesto del mandatario fue seguido por los entusiastas aplausos de las cúpulas empresariales y sindicales que fueron invitadas a la actividad, emocionados por la rúbrica que borraría una reivindicación histórica de los trabajadores del país bajo la promesa de que el país «se despejaría hacia el progreso económico», según palabras del otrora ministro de Planificación y director de Cordiplan, Teodoro Petkoff.
«Progreso económico significa progreso social», repetía el vehemente Petkoff al séquito de patronos entre los que se encontraban el presidente de Conindustria, Pedro Carmona Estanga; de Consecomercio, Eliseo Sarmiento; y de Fedeagro, Hiram Gaviria, antes de leer el contenido del acuerdo marco elaborado por una comisión tripartita dominada por los empleadores.
Para el titular de Cordiplan, había que parar «el proceso perverso» de detrimento de la calidad de vida de los venezolanos y las medidas que tomaría el gobierno de Caldera «para sanear el sistema» serían: la eliminación de la retroactividad, el pago en ese año de sólo 25% de las prestaciones acumuladas por el trabajador y una «compensación por transferencia», que en el mejor de los casos estaba por debajo de tres salarios mínimos de la época.
«Con esta reforma y con las que vienen, estamos completando los cambios macroeconómicos y sentando las bases estructurales e institucionales para que no reaparezcan los desequilibros», aseguraba el ministro de Caldera. Un video de la época muestra las caras sonrientes de los patronos que habían afirmado su conquista en la pérdida de los trabajadores.
La euforia de las cúpulas
Una vez firmado el documento, el empresariado y la cúpula sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) no escatimó en loas para el Gobierno y auguró de inmediato la «milagrosa recuperación» de la deprimida economía de un país donde más de 80% de sus habitantes era pobre, la tasa de desempleo se ubicaba por encima de 12% y se registraban 993 muertes por hambre por cada 100.000 habitantes.
En esa ocasión, el presidente de la CTV, Federico Ramírez León, señalaba que con el instrumento de la tripartita los trabajadores «no estaban renunciando a nada» sino que simplemente facilitaban «un recurso para lograr un país más productivo», reseña una nota del diario El Nacional de la época.
Uno de los más emocionados era el presidente de Fedeindustria, Hanry Gómez, quien no sólo estaba satisfecho con el acuerdo sino también con el aumento de sueldo mínimo establecido por Caldera, monto que coincidía perfectamente con la cifra que había defendido días antes: 75.000 bolívares.
«Son números que con toda seguridad los entenderá todo el país. Lo que nosotros queremos tener en nuestras organizaciones son empleados y trabajadores que sean verdaderamente productivos», decía el representante patronal sobre un aumento salarial que sólo alcanzaba para cubrir 22,94% de la canasta básica, según datos estadísticos citados por El Nacional al cierre de 1997.
Entre las voces que se unieron al coro de halagos estaba la del director de Datanálisis, Luis Vicente León, quien calificó de «muy bueno» el documento de la tripartita y estimó que ya «no había razón» para que no se trasladara a toda la gente a la economía formal, «es decir, a las nóminas oficiales de las empresas».
Para León, «ya no existirá el pretexto de las prestaciones (retroactivas) que también dejó de ser válido para mantener, en general, los salarios bajos». Pero la realidad a finales de ese año y del siguiente demostraron que su tesis estaba errada.
«Triunfo de la modernidad»
Los partidos políticos tampoco perdieron oportunidad para manifestar sus impresiones sobre la eliminación del recálculo de las prestaciones. Los más entusiastas fueron los dirigentes de Copei, MAS y Convergencia que, según reseñan los diarios de la época, consideraron «positivo» el acuerdo.
Donald Ramírez, quien se desempeñaba como secretario general de Copei, dijo que la modificación cabildeada por la tripartita era «un triunfo de la modernidad y la derrota del viejo populismo». Su único lamento fue que no se hubiese hecho antes, «molestia» también compartida por el Arzobispo Velasco.
Para la autoridad eclesiástica, que ocupó un lugar de honor junto a Caldera el día del acuerdo en Miraflores, el país no podía «seguir con cálculos de prestaciones que no benefician ni a los empresarios, ni a las empresas ni a los trabajadores».
Tan satisfecho estaba el prelado por el acuerdo que pidió celeridad en su aplicación. En declaraciones al diario El Nacional el 24 de marzo de 1997, Velasco abogaba por que las medidas acordadas por la tripartita entraran rápidamente en vigencia para «que no los echen a perder».
«Ya se acabó la excusa para que no se produzcan los aumentos salariales», consideró por su parte Gustavo Márquez, perteneciente al MAS.
La única voz disidente que aparecía con frecuencia en los medios era la de Aristóbulo Istúriz, quien para la época pertenecía a la Causa R. El dirigente político denunciaba que el acuerdo era un despojo a los trabajadores y «un plan del presidente Caldera para llegar a 1998 y evitar así la conflictividad y el descontento social».
El diputado Istúriz esgrimía que el presidente Caldera sólo se comprometía a cancelar 25% de las prestaciones acumuladas a los trabajadores: «el 75% restante se cancelará en cinco años. Es decir, (el resto del pago) no será responsabilidad de este gobierno».
«El acuerdo de la tripartita es para financiar la paz social y permitir que el gobierno llegue a 1998», decía Istúriz, en vista de que el año siguiente se realizarían las elecciones presidenciales.
El «progreso» de la pobreza
Al optimismo y los abrazos entre empresarios y políticos que se vieron en el reducido salón de la sede de Gobierno tras el acuerdo tripartito, le siguieron las declaraciones incómodas y las advertencias de los voceros del gobierno de Caldera sobre las consecuencias que tendrían las medidas en el bolsillo de los venezolanos.
«Los efectos iniciales de un programa de estabilización y de ajuste suelen ser duros», admitía Petkoff, en una entrevista televisiva. Los datos posteriores a esas medidas confirman que en efecto era así. La situación económica, lejos de mejorar, entró en una espiral de recesión que dejó a Venezuela entre los países con menor crecimiento de la región.
Datos del Banco Central de Venezuela (BCV) señalan que en el tercer trimestre de 1998, la economía venezolana decreció 4,8% con respecto al año anterior y en ese mismo período, 85% de la población vivía en pobreza, de los cuales 40% estaba en estado de pobreza extrema y 15% en pobreza atroz y miserable.
Aunque Caldera había confiado en que los empresarios iban a «responder a su sagrado compromiso de abrirles nuevos caminos y nuevos medios de remuneración a los trabajadores venezolanos», los salarios se mantuvieron igual de bajos e insuficientes para cubrir las mínimas necesidades de la población.
Un trabajo de El Nacional, reseñado en el libro Cronología de una implosión, destaca que para 1998 el salario mínimo de 100.000 bolívares apenas alcanzaba para 45,89% de la canasta alimentaria.
Los 490.000 hogares que percibían salario mínimo entraban en la escala de pobreza atroz, al igual que las 635.000 familias con ingresos menores a 75.000 bolívares. Los venezolanos que lograban obtener hasta 217.000 bolívares permanecían en el escalafón de pobreza extrema y eran alrededor de 1 millón 800 mil 500 hogares.
Entretanto, los más de 960.000 núcleos familiares que ganaban hasta 435.000 bolívares mensuales se mantenían en nivel de pobreza relativa y apenas 600.000 hogares no eran pobres.
Uno de los datos más reveladores es que para finales de 1997, el volumen de venta de alimentos disminuyó 35% con respecto al año anterior y casi un millón y medio de niños menores de 6 años sufrían de desnutrición.
Ya sin prestaciones retroactivas, la tasa de desempleo se mantuvo casi inamovible de los dos dígitos en los que se encontraba antes del acuerdo tripartito. Sin «excusas» o con ellas, los empleadores incumplieron su «sagrado compromiso» de aumentar los salarios y los puestos de trabajo y en ese mismo año, más de un millón de venezolanos pasaron de clase media a niveles «D y E».
Las promesas de «modernizar el país y despejar el país hacia el progreso», mentadas por Petkoff para justificar la supresión de las conquistas de la clase trabajadora, se convirtieron rápidamente en indicadores negativos y descontento popular que propiciaron la derrota electoral de los representantes de la IV República en los comicios de 1998.
El séquito que una vez se reunió en Miraflores para perjudicar a los trabajadores, sólo volvería a encontrarse casi en pleno en 2002, durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, un hecho que marcaría al empresario Pedro Carmona Estanga con la mácula del dictador más fugaz de la historia venezolana.
Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/promesa-del-quotprogresoquot-se-justific%C3%B3-estafa-lot-1997