Este viernes pasado, como tantos otros viernes de este año que está a punto de concluir, el almuerzo venía con sorpresa: el gobierno no iba a revalorizar las pensiones de los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año 2012. Eso significaba, básicamente, que todos ellos iban a perder para siempre casi […]
Este viernes pasado, como tantos otros viernes de este año que está a punto de concluir, el almuerzo venía con sorpresa: el gobierno no iba a revalorizar las pensiones de los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año 2012. Eso significaba, básicamente, que todos ellos iban a perder para siempre casi un 2% de su poder adquisitivo (la diferencia entre la subida del 1% decretada para 2012 y la tasa de inflación a noviembre de este año, que era del 2,9%). Eso sí, para el próximo año, las pensiones inferiores a mil euros subirían un 2% y un 1% las superiores a ese importe. Dicho lo cual, el gobierno y el partido que lo respalda desplegaba toda su batería retórica para infundir espíritu de responsabilidad entre los jubilados y hacerles entender que la decisión no era culpa del gobierno y venía impuesta por la realidad, en palabras del propio presidente del gobierno.
Tanta desfachatez cansa. Creo que habría que recordarle a Mariano Rajoy qué nos dice la realidad porque igual hay una parte de esa realidad a la que él no le presta excesiva atención, a pesar de ser la que más la merece.
La realidad nos dice que la medida de revalorización hubiera supuesto 4 mil millones de euros que, al parecer, no tenemos; pero la realidad también dice que, desde que comenzó la crisis, se han aprobado ayudas directas para salvar a los bancos por valor de 216 mil millones de euros, es decir, el 21% del PIB o, lo que es lo mismo, que lo que se ha dedicado a salvar a la banca equivale a 54 veces lo que supondría la revalorización de las pensiones. Al parecer, la realidad sí que daba para una cosa, pero no para la otra.
Pero, además, la realidad también nos decía este lunes pasado que somos, junto a Rumanía y Bulgaria, el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, el 21,8%; es decir, incluso después de producirse todas las transferencias sociales por parte del Estado para tratar de paliar esa situación, casi 12,5 millones de personas se encontraba en riesgo de exclusión social en 2011. Esto es completamente lógico si tenemos en cuenta que España es el país de la UE-27 en donde más están creciendo las desigualdades sociales: si antes de la crisis el 20% de la población más rica ingresaba 5,3 veces lo que ingresaba el 20% de la población más pobre, en 2011 esa proporción había subido hasta 6,8 veces, cuando la media europea es del 5,1 o la de Alemania es de 4,5.
Como pueden imaginarse, estos datos son una expresión inequívoca de lo que está suponiendo la crisis para España y, especialmente, para sus grupos sociales más desprotegidos: una transición acelerada y sin paracaídas hacia la pobreza y el subdesarrollo.
Pero si seguimos indagando un poquito más sobre la realidad, Eurostat también nos dice que casi el 21% de las personas mayores de 65 años se encontraban, después de haber recibido su pensión, por debajo del umbral de pobreza. Esto también es comprensible si tenemos en cuenta que, según datos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, el 43,6% de los jubilados cobra una pensión inferior a 641 euros o que la pensión más frecuente, la que cobran más de 885 mil jubilados, se sitúa entre los 550 y los 600 euros y miles de ellos tienen a varios familiares sin ingresos a su cargo.
Así que tampoco es de extrañar que el 73% de los españoles tema no tener suficiente dinero para poder jubilarse e integren el grueso de ese 11% de europeos que piensan que no va a poder jubilarse nunca. Y los que se jubilen siempre podrán seguir el modelo alemán, la nueva tierra de las oportunidades, en donde casi 800 mil jubilados, 120 mil de ellos mayores de 75 años, trabaja en un «minijob» por 400 euros mensuales para complementar su pensión y realizando tareas tan gratificantes como repartir periódicos o reponer productos en las estanterías de los supermercados.
Y si esa es la situación de muchos jubilados que dependen de su pensión pública, para aquéllos que tuvieron la posibilidad de ahorrar durante su vida activa y han caído en la trampa de los planes de jubilaciones privados el panorama tampoco es muy halagüeño: en el último año, sólo un 16% de los 1.199 planes de pensiones privados existentes en el país obtenían una rentabilidad por encima del 1,9% que era la tasa de inflación interanual en junio (así que el porcentaje se habrá reducido significativamente si tenemos en cuenta la tasa de inflación del 2,9% de noviembre); el resto, la gran mayoría, perdía poder adquisitivo cuando no directamente sufría minusvalías. Pero, claro, para difundir esto último los bancos e instituciones financieras no dedican tantos recursos como a sufragar trabajos académicos para «demostrar» que el sistema público de pensiones no es sostenible, algo completamente falso como he defendido en otros escritos.
Así que, cansado de tanta visión sesgada de la realidad como la que muestra el presidente del Gobierno, sólo me queda decir que, si hace unos días escribía ante el brutal incremento de la tasa de pobreza infantil que con los niños no se juega, ahora es el momento de reivindicar que, sobre todo por respeto a nosotros mismos, tampoco se puede jugar con los mayores.
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Fuente:
http://financialred.com/el-gobierno-ha-dedicado-a-salvar-a-la-banca-54-veces-mas-de-lo-que-costaria-revalorizar-las-pensiones/
Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro «Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona», en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.